Algo más de medio centenar de vecinos de la urbanización El Oasis de San Fulgencio volvieron ayer a echarse a la calle contra el pago de la contribución especial, un problema que afecta a cerca de 400 familias de una de las más populosas y tradicionales zonas del municipio. Esta es la quinta manifestación que convocaban contra una política municipal que el equipo de gobierno defiende como necesaria para legalizar las viviendas, construidas hace más de 30 años. Los recibos se giraron el pasado mes de febrero para hacer frente a un proyecto que cuesta 5,7 millones de euros y que permitirá darles los servicios básicos que llevaban años demandando. Ahora bien, mientras los vecinos creen que este gasto debe ser sufragado por las arcas municipales, el Ayuntamiento, que sí corre con una parte -600.000 euros-, asegura que debe ser pagado por aquellos que se van a beneficiar.

"El 99% de nosotros no ha pagado -aseguraba ayer Fini Cánovas, la voz más activa de este movimiento vecinal. Hoy tampoco nos han querido recibir en el Ayuntamiento, pero que tengan claro que no vamos a pagar y que llegaremos hasta donde sea", explicaba al diario. Cánovas cree que, al final, tendrá que ser un juez el que le diga el Ayuntamiento que debe hacer frente a esos servicios básicos que, entre otras cuestiones, permitirán que las "aguas negras" de estas viviendas vayan a parar a la depuradora que, precisamente, el Tribunal Supremo declaró hace años ilegal por encontrarse tan cerca de estas y otras urbanizaciones.

Al otro lado, el concejal Juan Antonio Gamuz aseguraba que "eso no es cierto. La mayor parte de los vecinos están pagando y para los que no lo han hecho hemos pedido a Suma -el organismo recaudador de la Diputación de Alicante- que aplace los avisos de embargos porque ese no es el objetivo que pretende el Ayuntamiento". Según los miembros de vivienda, el Ayuntamiento estableció unos baremos que para los chalés más grande supone el pago de recibos de hasta 3.000 euros durante nueve meses. El edil recordó una vez más que "el proyecto beneficia sobremanera a estos vecinos porque van a tener todos los servicios y sus casas, por lógica, se van a revalorizar". Cánovas, que no está de acuerdo con la opinión del edil, asegura que "desde el primero momento ellos (el equipo de gobierno) sabe que sólo estamos dispuestos a pagar el alcantarillado. No el resto de servicios que nos imponen y con los que ya contábamos".

Mientras que el conflicto sigue latente, los trabajos continúan adelante y estarán concluidos para el próximo otoño. Cánovas reconoció que la de ayer fue la convocatoria vecinal menos numerosa de las cinco celebradas hasta ahora "hay muchos vecinos que son de Elche. Es viernes y día de pagos y cobros y la gente tiene otras cosas por hacer. La próxima convocatoria estudiaremos buscar otra fecha".