Más de 300 inmigrantes han accedido a papeles para regularizar su estancia en España que eran falsos, según desveló ayer la Guardia Civil en un comunicado con el que cierra la investigación y que cifra en quince el número de detenidos, uno de ellos un funcionario del Censo de Pilar de la Horadada. Según la Benemérita, la red ofrecía certificados de empadronamiento a partir de 1.500 euros a los inmigrantes. Otras fuentes aseguraron al periódico que, incluso, por menos. Los registros en relación con este asunto, investigado por un juzgado de Orihuela, se han realizado en Bigastro, La Campaneta y Torrevieja. Los agentes han intervenido soportes informáticos y documentación.
La operación se denominó "Primas" y ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Alicante. Las investigaciones comenzaron en febrero cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que se estaban expidiendo Certificados de Empadronamiento con los datos referentes a la fecha de inicio del mismo falsificados.
Tras el análisis de diferentes fuentes, y con la colaboración de los técnicos de los Ayuntamientos supuestamente afectados, se comprobó que en algunos de los documentos expedidos por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, la fecha de inscripción en el censo había sido falseada, reflejando fechas anteriores a las reales en que las personas inscritas habían llegado a nuestro país.
Detenidos y registros
La operación se ha cerrado con 15 detenidos -9 rusos, 2 ucranianos, 3 georgianos y un español- a los que se le imputa la comisión de un delito de falsedad documental y otro de cohecho.
El funcionario detenido supuestamente asentaba las inscripciones, falseando las fechas de las mismas, gozando los interesados de inmediato, de una antigüedad de más de tres años empadronados; con lo que podían tramitar el Permiso de Residencia y Trabajo en España por arraigo social.
Tras este trámite los implicados se daban de alta en otro ayuntamiento alegando cambio de domicilio y solicitaban en El Pilar de la Horadada el Certificado de Empadronamiento Histórico, para solicitar el permiso de Trabajo. También denunciaban la sustracción del pasaporte borrando de esta manera la constancia de la fecha real de entrada en el país. El funcionario detenido contaba con un enlace, una ciudadana ucraniana, que a su vez tenía tres intermediarios, encargados de ofrecer el servicio a todo el ámbito nacional. Entre los detenidos se encuentran 10 personas que había obtenido esta inscripción irregular, previo pago de entre 1.500 a 2.000 euros.
