"Uno de los puntos más negros" del sistema judicial español y "al borde del colapso" en la tramitación de asuntos civiles, a pesar del esfuerzo que realizan a diario los funcionarios. Así calificaron el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Fernando de Rosa y la portavoz y vocal del órgano de Gobierno de los Jueces, Gabriela Bravo, la situación que presentan a día de hoy los juzgados de Orihuela. Ambos mantuvieron ayer un encuentro con jueces y representanes del colegio de abogados y procuradores en el Palacio de Justicia de la plaza de Santa Ana para conocer de primera mano las graves carencias materiales y de recursos humanos que sufre este partido judicial, y de los que De Rosa y Bravo tienen constancia por los reiterados informes de la inspección del CGPJ. Ambos anunciaron también, ante la atenta mirada de la juez decana, Joaquina de la Peña, que exigirán antes del verano al Ministerio de Justicia y a la Conselleria de Justicia que pongan en marcha un "plan de choque integral" que permita paliar la "carencia histórica de juzgados" y personal en Orihuela, con la creación de más sedes judiciales, al margen de las ya previstas: un nuevo juzgado de lo Penal, con sede en Torrevieja; y otro de Primera Instancia, en Orihuela, que será el sexto.
El CGPJ sólo puede reclamar de forma fundamentada con el informe que le haga llegar la junta de jueces. Poner los medios y la financiación es cosa de las administraciones públicas. Ese estudio, a buen seguro, que recogerá datos como los que aportó Bravo ayer: Las salas que tramitan los asuntos civiles están "al borde del colapso" con una carga de trabajo que supera el 300% sobre el módulo establecido. Además la separación de los juzgados, vigente desde el mes de abril -en cinco salas de Primera Instancia (asuntos civiles) y tres de Instrucción (penal)- ha dejado al Palacio de Justicia con sólo tres órganos judiciales dedicados a delitos, que además deben sacar adelante procesos civiles que arrastran desde 2002 y realizar guardias cada tres semanas. En el capítulo de los juzgados de lo Penal los jueces explicaron a De Rosa y Bravo que son "eficaces", pero no "lo suficientemente eficientes" porque las dos salas creadas para reforzar al Penal 1 y 3 están en marcha con un solo funcionario. También se hicieron eco de las quejas por la escasa formación judicial con la que cuentan los funcionarios interinos, "gente que llega muy poco preparada y que es poco eficaz para sacar el trabajo hasta que no pasan determinados meses", dijo la portavoz.
Infraestructuras
Bravo explicó que las quejas sobre las carencias del edificio judicial fue uno de los temas abordados. Y es que a pesar de que en 2005 el Ayuntamiento de Orihuela invirtió más de 5 millones de euros en el nuevo edificio éste ha quedado totalmente desfasado por la carga de trabajo y las dependencias judiciales han tenido que crecer arañando situo a espacios comunes como los vestíbulos de las tres plantas.
Incluso la Conselleria tuvo que habilitar en enero pasado un local alquilado para un nuevo juzgado. Por su parte, Fernando de Rosa, a la sazón ex conseller de Justicia, explicó que el informe con el que solicitará el plan de choque se va a reclamar que el Servicio de Común de Notificaciones y Embargos abarque todo el término, incluida la zona costera en la que residen treinta mil personas.
Por otra parte, ni De Rosa, ni Bravo quisieron "mojarse" a la hora de valorar las novedades sobre el caso Gürtel y se limitaron a expresar su respeto por jueces y fiscales y por el procedimiento judicial.
