Trece personas, según fuentes de la investigación, han sido detenidas esta semana por la Guardia Civil en relación con una investigación abierta contra las redes que se encargan de facilitar a los inmigrantes el acceso a documentos españoles, a fin de que éstos puedan legalizar su situación en el país. A cambio de los papeles, la red organizada cobra una cantiada que oscilaba entre los 800 y los 1.000 euros, según explicaron ayer a este diario las mismas fuentes.

El alcalde de Pilar de la Horadada, Ignacio Ramos, negó ayer a preguntas de este periódico que un funcionario de su administración esté involucrado en estas diligencias penales. "A mí no me consta", explicó el regidor, aunque fuentes de la investigación sostuvieron que un trabajador de dicho municipio habría facilitado a la red los documentos necesarios para que los inmigrantes pudieran tramitar ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante los papeles para garantizar su estancia en España.

Según las mismas fuentes, la mayor parte de los inmigrantes procedían de países no comunitarios del Este de Europa y el buen funcionamiento de esta red, la rapidez con la que gestionaba la documentación y el precio había facilitado que se corriese el "boca a boca" entre los extranjeros que viven sin permiso de residencia en España. Muchos de ellos entregaron buena parte de sus ahorros a sabiendas que cada vez es mayor la presión policial para localizarlos.

Domicilio

Según pudo saber este diario, este castillo de naipes" montado por la red cayó de golpe porque muchos de los domicilios facilitados como residencia habitual de estos inmigrantes eran los mismos, lo cual hizo sospechar que se estaba ante un fraude legal.

La denuncia está siendo investigada por el juzgado de Instrucción 1 de Orihuela que habría solicitado la colaboración de otros en la provincia para llevar a cabo los registros domiciliarios. La operación está prácticamente concluida. La mayor parte de los arrestos se habrían realizado en la ciudad de Alicante, explicaron fuentes de la investigación.