A pesar de la resistencia inicial, la mayoría de los propietarios de casas ilegales en la huerta de Catral, en torno a unos 1.300, ha abonado en los dos últimos meses una tasa, en concepto de actividad urbanística, que les permitirá a medio plazo regularizar sus viviendas construidas en los últimos años sin ningún tipo de autorización. Ese cobro -una media de 1.200 euros por propiedad- permitirá al Ayuntamiento elaborar la documentación urbanística específica de cada casa y, que con posterioridad, la Generalitat Valenciana pueda contemplar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana esos suelos como consolidados desde el punto de vista urbanístico.
El alcalde, Aurelio Albero (Partido Popular), prefiere no calificar este proceso como "legalización", aunque asegura que si todo sigue su curso, tal y como lo ha planteado el equipo de gobierno, los propietarios de chalés en la huerta tendrán seguridad jurídica sobre sus propiedades. Esta plan municipal es una especie de "remiendo" de lo que podría haber sido un plan de urbanización, "si las cosas se hubieran empezado por los cimientos y no por el tejado, como sucedió en su día", según explica el alcalde. Abordar ahora una reurbanización "en condiciones" y en todas las zonas donde se ha construido ilegalmente, que suman dos millones de metros cuadrados, "es inviable". Por ejemplo, como avanzó este diario, no se puede trazar la construcción de una red de alcantarillado con un criterio técnico aceptable porque "cada empresa dedicada a la venta de casas en la huerta construyó sus viviendas donde quiso", sin atender a otro criterio que no fuera la propiedad del suelo y realizar ese trazado ahora es inviable desde el punto de vista económico. La tasa permite a Ayuntamiento emplear a dos técnicos que realizan un minuciosa descripción de cada una de las viviendas y el suelo que ocupan, algo que no está claro ahora, porque en algunos casos ni los constructores han querido aportar esa información.
Reutilizable
No cubre ese pago la ubicación de las fosas sépticas homologadas, según las directrices de la Unión Europea, para reemplazar los colectores de alcantarillado y que cada propietario o grupo de propietarios está obligado a ubicar. Se trata de unas instalaciones que permiten evacuar las aguas fecales y reutilizarlas. El Ayuntamiento va a pedir que se contemple en la instalación una revisión periódica. Esta solución no es de "urgencia". Es un método que se emplea en muchos rincones de Europa donde la red de alcantarillado no puede llegar, incluso, a "casas legales". Es, además, una medida que se tiene que poner en marcha desde ya porque la Confederación Hidrográfica del Segura ha alertado al Ayuntamiento sobre la contaminación de los azarbes de la huerta y el subsuelo provocada por los vertidos de esta s viviendas, en su mayoría ocupadas por vecinos de origen británico.
Albero aseguró al periódico que muy pronto tiene previsto mantener una reunión con los responsables de Urbanismo la Generalitat Valenciana para concretar el Plan General e indicó que no está previsto que se lleven a cabo derribos de viviendas, que es la gran preocupación de quienes residen en la zona.
