M. A.
La concejala de Pilar de la Horadada, Pepa Meroño, debe prestar declaración esta mañana como imputada en relación con una denuncia que admitió a trámite la Fiscalía Anticorrupción y que, después de meses paralizada, se está investigando en un juzgado de Torrevieja en relación con un negocio de televisiones por satélite y de supuestas presiones a otras empresas del sector para hacerse con el mercado. Las diligencias se dirigen también contra un mando de la Guardia Civil al que se responsabiliza de un supuesto trato de favor (mediante una investigación que habría llevado a la desaparición de la empresa competidora) a la mercantil que cuenta entre sus asociados con la edil Meroño. De este modo, éstos se habrían quedado con un mercado televisivo que abastece, principalmente, a los miles de ingleses que viven en la costa en el sur de la provincia. Este guardia civil ya ha declarado en calidad de imputado.
La denuncia que ha dado origen a la investigación partió del gerente de Telmicro Levante, Ángel Osuna, quien habría sido el perjudicado por esta trama después de negarse a colaborar con ellos, según su versión. Ante su negativa se habría llevado a cabo una operación de la Guardia Civil, a partir de una denuncia de Sogecable para obligarle a cerrar o vender. El instituto armado también abrió una investigación sobre la supuesta participación del agente en todos los hechos o si, simplemente, su actuación se ajustó a derecho.