El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite una demanda de unos vecinos de Redován que durante años vieron afectada su vida cotidiana por la actividad de una cantera de la sierra, en el barrio de San Carlos La acción judicial emprendida en 1996 se dirige contra la empresa Áridos Costa Sur y el Ayuntamiento de Redován.

La demanda asegura que la actividad, cerrada desde 2005 por orden del Consell, supuso durante más de una década una violación del derecho a la vida privada por "invasión de ruidos, polvo" y explosiones periódicas del domicilio de los afectados, el matrimonio compuesto José Antonio Martínez y María Pino Manzano. Ambos reclaman también su derecho a "un juicio justo" tras los sucesivos rechazos de la justicia española a su reclamación de una indemnización de 1.863 euros mensuales durante el periodo en el que sus vidas se vieron alteradas por esta actividad.

La empresa estuvo trabajando en la zona sin problemas durante ese periodo a pesar de que un decreto de la Alcaldía dejó sin efecto la adjudicación en 1996. Entre la documentación aportada para dirimir la causa está un informe del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil en el que se demuestra que la vivienda de esta familia soportaba niveles de ruido superiores a 30 decibelios en horario nocturno, mientras que las dependencias interiores "estaban cubiertas por una capa de polvo".

En otro informe, que según los letrados de los demandantes fue prácticamente obviado por la justicia española, se demostraban la repercusión psíquica por la privación del descanso que los ruidos habían causado en los vecinos expuestos a la actividad.

Sólo se admiten un 5% de los casos

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechaza el 95% de los procedimientos que recibe, de ahí la importancia de la decisión de esta institución, según explicaba ayer el abogado oriolano José Luis Mazón, responsalbe del caso. El demandante José Antonio Martínez se mostraba ayer satisfecho por este paso que se da para defender sus derechos a pesar de que la cantera cerró sus puertas en 2005, sin que el Ayuntamiento haya podido obligar a la mercantil a restituir la zona horadada en monte público.