Archivado. El Juzgado número 2 de Orihuela ha dado carpetazo a la denuncia por fraude electoral por una supuesta alteración del censo en las elecciones municipales, que ganó el Partido Popular en 2003 en Granja de Rocamora, "al no quedar acreditada la perpetración del delito que dio motivo a la causa", con lo que el asunto se cierra tras seis años con un archivo que será definitivo, ya que ayer el PSOE local, que junto a Centro Liberal mantenían la acusación, anunció que no recurrirá. La denuncia decía que poco antes de 2003 aparecieron 250 nuevos censados lo que habría alterado el resultado final de la elección, algo que el juzgado afirma que no se ha demostrado.
Es el segundo archivo que resuelven los juzgados sobre esta causa iniciada en 2004. Tras el primero fue la Audiencia, en octubre de 2008, la que ordenó su reapertura para exigir que se completasen las diligencias de investigación con la declaración como imputado del alcalde, José Rocamora, así como de varios testigos y que se aportara documentación. Sin embargo de esa batería de diligencias no se ha podido comprobar la existencia de delito. Así lo explica el auto del juez Julián Cabrero quien especifica que el cotejo de la copia certificada del padrón de habitantes de la localidad, los originales de petición de cambio de empadronamiento y las declaraciones de los siete testigos "no han arrojado luz sobre los extremos que constituyen el objeto de la investigación judicial".
Voluntarista
El auto aclara que de lo investigado se descarta todo indicio de imputación a personas determinadas "más allá de unas imputaciones veladas y voluntaristas de suplantación de firma contra la secretaria del Ayuntamiento, respecto a las que no se aporta dato objetivo alguno", aunque la denuncia apuntaba directamente al alcalde, en el cargo desde 1979.
Testigos
"Todos los testigos han declarado hallarse inscritos en el padrón por voluntad propia y no existen motivos sólidos que autoricen a concluir que los impresos de alteración de los datos padronales hayan sido falsificados y eso hace innecesarias, por injustificadas y excesivas, las diligencias solicitadas" por la acusación, agrega el juez.
Esas diligencias solicitaban que se comprobasen solares o casas a medio construir donde supuestamente había personas empadronadas. Además ha quedado probado también que el Instituto Nacional de Estadística no detectó ninguna irregularidad ni ha abierto actuación de comprobación del censo. Para el togado la imputación se fundaba en una "sospecha, no confirmada" de que las alteraciones de los datos padronales se habían producido en las semanas o meses anteriores a las elecciones de 2003, pero "tales modificaciones padronales, acompañadas de esa sospecha, no son fundamento suficiente para una imputación tan grave".
El secretario local del Partido Socialista, José Manuel Nadal, explicó ayer que respeta el auto judicial pero no la comparte. "Todos sabemos quién vive en Granja y quién es de Granja y luego quién viene a votar", zanjó.
