La Fiscalía de Torrevieja ha cerrado un durísimo escrito de acusación contra cinco policías para los que pide penas que suman 24 años de prisión por el denominado "caso de las torturas", que en 2006 denunció un detenido y su pareja y que, desde entonces, coloca en el disparadero a buena parte de la cúpula policial torrevejense. La sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, encargada de juzgar este asunto al solicitarse penas de inhabilitación de hasta trece años para los funcionarios municipales, ya resolvió el pasado mes de septiembre todos los recursos de las defensas que ponían en duda la validez de escuchas telefónicas o la declaración de Luis Carlos C.R. y su novia, Vilma L., quienes son los dos testigos de cargo de este asunto. Para los magistrados, buena parte de las cuestiones que plantean las defensas deberán de resolverse en la propia vista oral. Ahora bien, dada la carga de trabajo de la sección VII, nadie piensa que el juicio pueda celebrarse antes de dos años.

Todo sucedió a raíz de la detención de ambos el 23 de junio de 2006 después de que supuestamente intentaran forzar la vivienda de un policía que aparece en las actuaciones. En un extenso escrito, la acusación pública sostiene que los agentes se excedieron en sus cometidos, no sólo en la detención, sino en las horas siguientes, con agresiones, insultos y amenazas. Y no sólo eso, sino que también se imputa a mandos de la Policía Local porque, supuestamente, sabían lo que pasó y no hicieron nada o bien intentaron -siempre según el acusador público- esconderlo. De hecho, uno de los acusados no sólo estaba de vacaciones, sino a kilómetros de Torrevieja, pero también aparece en las actuaciones porque supuestamente fue informado y no hizo nada por denunciarlo.

Instrucción

Todos los agentes siguen en la calle y después de tres años de instrucción, declaraciones e informes el juzgado 1 está notificando a las partes que el asunto va camino de la Audiencia porque el procedimiento abreviado, con los escritos de acusación y defensa, se va a dar por concluso. El Ayuntamiento guarda un respetuoso silencio desde entonces, aunque el pasado verano decidió nombrar un director de Policía -un militar de la reserva- y el alcalde asumir de nuevo las competencias en Seguridad. Mientras tanto, los grupos de la oposición no han dejado de exigir que se depuraran responsabilidades a todos los niveles.

Un policía, C.M.I., se enfrenta a penas que suman los ocho años de prisión por dos delitos de torturas (dos años de cárcel por cada uno) y otro de falsedad (cuatro años), así como trece de inhabilitación y multa. Otros tres, V.H.C., M.A.P. y J.A.P. están acusados de un delito de torturas y a cada uno se le piden dos años de cárcel e inhabilitación por diez años. Para un quinto agente, G.J.T., se solicitan seis años de cárcel por un delito de torturas (dos años de prisión) y otro de falsedad (cuatro años) y trece de inhabilitación. La Fiscalía mantiene sus acusaciones para tres agentes más -M.A.L., A.M.B. y J.M.B.- a los que acusa de un delito de omisión de perseguir delitos y les pide un año de inhabilitación. El primero de los tres, también está acusado de un delito de falsedad y le pide tres de inhabilitación. El entonces edil de Policía está acusado también de un delito de omisión de perseguir delito y se le pide un año de inhabilitación, como a estos tres últimos agentes.