REPORTAJE. INVESTIGACIÓN JUDICIAL
D. PAMIES ALARCÓN
Eran 19 hectáreas de finca rústica en el término municipal de Almoradí, y en el año 2000 las compraba por 180.000 euros el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP). Así consta en el Registro de la Propiedad de Guardamar. Dos años después Hernández vendía esa misma finca de 19 hectáreas en el término municipal de Almoradí a una de las firmas del grupo de empresas Edén del Mar, uno de los grupos inmobiliarios con fuertes intereses comerciales en Torrevieja. Precio de la transacción: 5,4 millones de euros. Un importe que en parte se saldó con la entrega al primer edil de otra finca, ésta de seis hectáreas, en el término de San Miguel de Salinas.
El asunto lo trasladaron a la Fiscalía Izquierda Unida y Los Verdes en 2005. Una denuncia que estaba casi "congelada" en los juzgados desde que el 28 de octubre de 2005 el primer edil acudiera a declarar en calidad de imputado por tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Cuatro años después la Fiscalía y el Juzgado Número 4 de Torrevieja han dado un impulso definitivo a la investigación de esta operación del alcalde, quien recuperaba su condición de aforado en 2007 al ser elegido diputado en las Cortes Valencianas. El asunto debía investigarlo a partir de entonces el Tribunal Superior (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
Cuatro años de silencio y ahora es la Fiscalía quien ha remitido a este tribunal un extenso informe en el que sustancia los indicios y pruebas que, a su juicio, existen contra el regidor, y de los que no deben derivarse necesariamente la comisión de un delito. Fuentes judiciales indican que en ese informe no se ha conseguido hilvanar algunas cuestiones de la operación de compraventa porque no "encajan". La que sin duda es la más llamativa es la sobrevaloración de la finca, pero tampoco cuadran el momento escogido para registrar las operaciones en el Registro de la Propiedad, las permutas de suelo que hizo el Ayuntamiento en ese período de tiempo o los movimientos de cuentas bancarias del primer edil.
Son piezas sueltas del rompecabezas. También está presente la cuestión de qué motivó, por ejemplo, que el acuerdo de compra de los terrenos quedara inscrito en el Registro de la Propiedad dos años después de que se rubricara el acuerdo privado. O cómo se explican algunas operaciones urbanísticas de permuta, realizadas por el Ayuntamiento, coincidiendo con las fechas y con empresas vinculadas a la venta particular del alcalde en Almoradí. En esas fechas, la administración local cambió terreno urbanizables por suelo al que no ha podido dar uso. Tampoco cuadran algunos movimientos en las cuentas de Hernández Mateo entre 1996 y 2005, con abonos que suman 740.521 euros y que aparecen en la misma cuenta al margen de sus ingresos como alcalde o diputado y de la propia operación inmobiliaria.
Hernández se defiende asegurando que el suelo que adquirió era rústico y lo sigue siendo, además de enmarcar toda la operación en el estricto ámbito privado. En su declaración judicial afirma que la finca la compró para el cultivo hortofrutícola. En cuanto a los movimientos en sus cuentas el primer edil mantiene que dará explicaciones en sede judicial cuando se las pidan.
Coincidiendo con la remisión de este informe al TSJ se ha conocido la reactivación de otras denuncias relacionadas con la gestión municipal. Es el caso de la investigación de la adjudicación de la contrata de basura de Torrevieja en 2004, que se resolvió a favor de Necso en contra del criterio de los técnicos, y con el visto bueno de un informe externo encargado por la Alcaldía y realizado supuestamente por un abogado socio de la mercantil beneficiaria del contrato millonario.
