M. A. / D. P.
La red ofrecía distintos tipos de carnés, según lo que el adquiriente estuviera dispuesto a pagar por él. Así las cifras que se abonaban iban desde los 2.000 a los 20.000 euros, según el tipo de documento acreditativo. El más caro correspondía a la autorización para transportar mercancías peligrosas, que es la que mejor se paga en la profesión, según los datos recabados por este periódico.
La investigación y su base jurídica no ha sido fácil de desentrañar pues la falsificación de documentos -el delito- se realizaba en Portugal pero se utilizaban por transportistas en España. Esta circunstancia provoca que buena parte de este asunto tenga que acabar ante las autoridades judiciales lusas y no las españolas. El asunto nació en los juzgados de Torrevieja, desde donde se comenzó a "tirar del hilo", tras las investigaciones de la UCRIF.
Para coordinar la actuación entre ambos países, al tiempo que se informaba de la investigación, fue necesario que una comisión española se desplazara a Portugal y mantuviera una entrevista con responsables de Eurojust, la oficina europea encargada de la coordinación judicial entre los países miembros. Tras este trámite en Holanda comenzó a desmantelarse esta red.
