D. P. / M. A.
La magistrada Isabel Flores, titular del juzgado de Instrucción 4 de Torrevieja, ha devuelto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el sumario que abrió la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde, Pedro Hernández Mateo, por el denominado "caso de las fincas", después de que el regidor comprara en el año 2000 en Almoradí unos terrenos rústicos por 180.000 euros que en 2002 vendió por 5,4 millones de euros a la mercantil grupo de empresas Edén del Mar, con sede en Torrevieja. Cuatro años después de que comenzara esta investigación el sumario sólo ha hecho que ir y venir de Torrevieja a Valencia y viceversa, según los datos recabados por este periódico.
El juzgado dejó de ser competente para investigar este asunto, abierto por los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, en 2007 porque el alcalde fue elegido entonces diputado autonómico, lo que conlleva de forma automática su aforamiento y que sólo pueda ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia. Este órgano decidió un año después devolver al asunto al juzgado de Torrevieja al considerar que de las actuaciones no se desprendían hechos delictivos contra el regidor; es decir, que no habían argumentos para abrir una causa contra él.
Realmente lo que el TSJ reclamaba era que desde el juzgado se realizara una exposición razonada y argumentada sobre los motivos por los cuales se tenía que investigar a Hernández Mateo. Y eso es lo que ha hecho ahora la Fiscalía de Torrevieja que ha asumido el asunto que anteriormente llevó el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ante quien Hernández Mateo prestó declaración por este asunto cuando se abrió la causa y negando todos los extremos de la denuncia.
Informe
La Fiscalía recientemente ha entregado un informe a la magistrada en el cual argumenta los motivos por los que considera que se debe investigar al alcalde con base en las pruebas que existen en el sumario. De éstas se desprende, según fuentes judiciales, que existió una "sobrevaloración" del precio del suelo. La magistrada a tenor de dicho informe dictó un auto que es el que ha llegado al TSJ y en el que se considera que se debe abrir un proceso contra el alcalde por estos delitos.
Hernández Mateo ha asegurado siempre que es inocente y que, incluso, llegó a perder dinero con la operación pues otros compradores de terrenos vendieron el metro cuadrado a más dinero por lo que no entiende esta "persecución judicial".
