adie es responsable de la contaminación del río Segura y los únicos condenados por una de las procesos que más ha dado que hablar en la Vega Baja son los grupos conservacionistas -Ecologistas en Acción (EA) y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA)- que denunciaron esta situación hace diez años y se personaron como acusación popular en el juicio celebrado en 2007 ante la sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche. Ahora la sala Segunda del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por ambos colectivos conservacionistas contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de ese año y que les impuso parte de las costas del procedimiento (las de ocho de los catorces acusados) y que fue instruido por un delito contra el medio ambiente.
El Supremo sólo tenía que debatir si los grupos conservacionistas tenían o no que pagar parte de las costas de un proceso pues no se discutía la absolución de los once empresarios de Alicante y de tres ex directivos de la Confederación Hidrográfica del Segura que fueron imputados por la Fiscalía dentro de un procedimiento abreviado que fue instruido por el Juzgado de Instrucción 6 de Orihuela. Las costas procesales, según una valoración inicial de los dos grupos ecologistas, puede ascender a unos 50.000 euros y podría suponerles la ruina y, consecuentemente, su desaparición.
El Supremo respalda los fundamentos jurídicos esgrimidos por la Audiencia Provincial para condenarles en costas al considerar como "temeraria" y "de mala fe" la conducta procesal de la acción popular ejercitada por el abogado de los ecologistas, ya que mantuvieron sus acusaciones hasta el final del proceso mientras el fiscal la retiraba contra ocho de los imputados. Se da la circunstancia de que Fiscalía mantuvo las mismos argumentos que los ecologistas antes del juicio pero durante el proceso dio marcha atrás por lo que respecta a ocho de los procesados.
Campaña
Los responsables de ambos colectivos ecologistas, Carlos Arribas y Miguel Ángel Pavón afirmaron ayer conocer el fallo través de los medios, ya que todavía "no se nos ha notificado por el Tribunal Supremo". Con todo anunciaron que se estudia presentar un recurso en amparo al Constitucional contra la imposición de las costas.
Ambos colectivos han emprendido una campaña de captación de fondos a nivel provincial y nacional para hacer frente al pago de las costas con unos bonos individuales de tres euros y un número de cuenta (2090 0237 33 0001226810 de la CAM) en la que pueden hacer su aportación económica todas las personas que consideren "como una injusticia este nuevo varapalo judicial hacia los que desinteresadamente trabajamos por el medio ambiente y la calidad de vida de todos los ciudadanos".
