La Conselleria de Educación deberá indemnizar con 3.987 euros a los padres de una niña de 13 años víctima de reiteradas amenazas y acoso psicológico en dos centros educativos que le causaron "estrés postraumático con el consiguiente daño moral". Son las conclusiones del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que ha emitido un dictamen en el que aprecia que existe responsabilidad patrimonial de la administración educativa por unos daños que la menor "no tiene el deber jurídico de soportar".

El acoso escolar por parte de compañeras de clase se remontaría a 2001, según la versión de la familia, que acudió en el curso 2004-2005 al director de uno de los dos Institutos de Educación Secundaria (IES) de Almoradí (Azud de Alfeitamí y Antonio Sequeros). Según expuso la madre, las agresiones se habían ido agudizando hasta llegar a una situación "insoportable, por el continuo maltrato del que era objeto y que repercutía en su rendimiento escolar". El director habló entonces con el jefe de estudios, el tutor, los profesores y los padres de las alumnas implicadas, tras lo que propuso hacer cambios de clase para el curso siguiente con el fin de que no coincidieran en el mismo grupo, pues creyó que se trataba más de "posible rechazo" que de acoso.

El descontento con esa medida llevó a los padres a pedir un cambio de centro escolar para su hija, a la que trasladaron a otro IES. Lejos de solventarse el problema, en noviembre de 2005 la niña comunicó a su nuevo director que tres alumnas la habían insultado y amenazado por los pasillos, y en diciembre sufrió amenazas por parte de tres compañeras del centro y por otra que no pertenecía a él. En enero de 2006 sufrió nuevas amenazas, esta vez por parte de dos chicas, una alumna del centro y otra que no lo era. Por ello, además, el CJC llama la atención al IES por una "insuficiencia de control" de los accesos al recinto educativo.

Cada incidente fue denunciado ante la Guardia Civil. En la denuncia de noviembre, además, se expone que acudieron al Inspector de Educación de Alicante, pero que éste contestó "que había hablado con el director y, al parecer, no había para tanto, y que aquellas chicas eran buenas".

El CJC, órgano consultivo de la Generalitat, considera que la alumna sufrió amenazas por parte de otras alumnas en los dos institutos y opina que los responsables de los centros educativos adoptaron medidas correctoras, pero que "no se le dio a los incidentes la importancia que, según los declarantes, realmente tenían, pues en ningún momento se estimó existente un supuesto de posible acoso escolar". Por todo ello, cree que hubo una situación de reiteradas amenazas y acoso psicológico dentro del servicio educativo público que no fue advertida como tal por el profesorado ni por la administración educativa. Los daños sufridos por la niña "tuvieron origen en la convivencia escolar" y, aunque inicialmente se intentaron evitar los hechos, las medidas adoptadas no obtuvieron éxito.

Los padres pedían una indemnización considerablemente más alta (63.421 euros), pero el el CJC basa en un informe de la "comisión de valoración del daño corporal" que la indemnización debe ser de 2.432 euros, más 1.555 euros por "gastos de tratamiento psicológico y psiquiátrico".