Antonio Saseta, secretario del Ayuntamiento de Bigastro, acudió ayer al juzgado de Orihuela a declarar como testigo en relación a la subasta municipal de suelo rústico en La Pedrera y salió imputado tras el interrogatorio. El juzgado investiga, a raíz de una denuncia del Partido Popular, supuestos delitos de prevaricación, información privilegiada y delito contra la ordenación del territorio en relación a la subasta del Ayuntamiento de Bigastro de terrenos rústicos en La Pedrera destinados un proyecto urbanístico y la concesión de suelo para un campo de golf de prácticas. En la causa está imputado el ex alcalde José Joaquín Moya.

El juzgado trata de esclarecer por qué se subastó el suelo dos días antes de que se acabara el plazo de presentación de ofertas, por qué sólo dos días después de esa subasta se adjudica a la misma empresa el proyecto de apartahotel y, sobre todo, cómo se avaló desde punto de vista de legislación urbanística la operación si el terreno era rústico y el plan espacial que podría haber amparado las actuaciones no estaba supervisado por la Generalitat Valenciana.

Según explicaron a este diario fuentes judiciales la imputación del secretario se deriva de que no pudo explicar el motivo por el que no aparecen informes en este sentido en el expediente.

Ayer también acudieron en declarar como testigos el alcalde Raúl Valerio Medina e Inmaculada Martínez que durante este mandato aprobaron la anulación de la concesión del suelo del campo de golf ante la negativa del registro de inscribir los terrenos, y después volvieron a apoyar la concesión a la misma empresa a pesar de que ya existía advertencia de la Generalitat de que el plan no estaba aprobado. El regidor no hizo ninguna declaración sobre este asunto. según pudo saber el diatio, tanto él como Martínez se remitieron a los técnicos a la hora de justificar su actuación. En el expediente sí que aparecen los informes de la técnico urbanista que declaró ayer como testigo. El secretario suma a esta imputación otra relativa a supuestas irregularidades en el Ayuntamiento, en la que se investiga al ex alcalde José Joaquín Moya.