D. P./REDACCIÓN
El objetivo es acabar, a través de su eliminación física, con un foco de marginalidad, y de paso construir en el solar resultante de 700 metros cuadrados un parque frente al futuro cuartel de la Guardia Civil, como avanzó esta edición.
Estas casas, propiedad del Instituto Valenciano de la Vivienda habían sido desalojadas de forma paulatina por lo que no ha habido problemas de realojo. Nada se sabe del futuro del resto del barrio. De hecho, Izquierda Unida de Almoradí se mostró contraria ayer a esta actuación, y apunta a que son otros motivos los que guían la actuación municipal. Además de temer que el destino del resto de inmuebles y las familias que lo habitan vaya a ser el mismo, a pesar de que las acciones sociales en la zona hayan dado resultados positivos.
Según el concejal de esta formación, José Mateo, el derribo se está realizado en un entorno "de expansión del casco urbano" y en la que algunos propietarios de solares les puede "molestar" que esas viviendas siguan allí. "Si es así mucho nos tememos que las restantes puedan seguir el mismo camino en un espacio de tiempo", subrayó el concejal.
Las mismas fuentes recordaron que en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Almoradí celebrada el 16 de abril pasado aprobó con el voto en contra de la oposición la declaración de ruina legal de esas viviendas. Esa declaración se remitió a su propietario, el Instituto Valenciano de la Vivienda, para que decidiera rehabilitarlas o demolerlas.
Para Izquierda Unida fue "únicamente un formalismo legal, dado que la decisión estaba ya tomada por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento. No se había aprobado la declaración de ruina legal para solicitar su rehabilitación, sino para demolerlas, como así ha sucedido", indicó el concejal de esta formación José Mateo. El PSOE no se ha pronunciado.
Sin eliminar el problema
Para Izquierda Unida, con el derribo "se impide que familias o personas necesitadas puedan hacer uso de ellas, como la hacen en la actualidad las que ocupan las 50 viviendas restantes y lo han hecho otras desde que fueron construidas". Entre los argumentos que el área municipal de Servicios Sociales alegó en su día para defender el derribo, recuerdan las mismas fuentes, estaba el que "no desea que la zona vuelva a tener los conflictos de otras épocas, de prostitución, drogadicción e inseguridad ciudadana". Izquierda Unida "tampoco quiere que esto sea así, pero la forma de conseguirlo, y lo dijimos en su día, no es derribar las viviendas". Para esta formación el acuerdo con la Generalitat para permutar el suelo resultante a cambio de terrenos para vivienda protegida ha sido solo el argumento para justificar la vía de los hechos consumados. Existen acuerdos anteriores para promocionar vivienda protegida que todavía no se han hecho realidad, indicaron.