EFE
Según informaron fuentes de esta asociación en un comunicado, la ubicación de este vertedero "tendría graves impactos y consecuencias ambientales y de deterioro de la calidad de vida de los vecinos de la zona de Zeneta, Beniel y El Mojón derivadas de sufrir las emisiones y los residuos urbanos de 27 municipios de la Vega Baja".
Y es que este macrovertedero, que "está promovido por el Consorcio de Gestión de Residuos Urbanos de la Zona XVII de la Comunidad Valenciana, también proyecta incineración de residuos", explicó Ecologistas en Acción.
De esta forma, señaló que los impactos ambientales y agrícolas "pueden ser de muy diversa índole, como pérdidas de valor patrimonial de las viviendas de los núcleos urbanos por estar ubicadas en el entorno cercano la instalación contaminante, la reducción de la producción agraria debida al polvo levantado durante la construcción y las emisiones de incineración, y pérdidas en muchos cultivos, ya que el proceso de dispersión puede llevarlo a zonas agrícolas".
Así, consideró que el emplazamiento de un vertedero de estas características "resulta totalmente inadecuado teniendo en cuenta que los límites de sus instalaciones están muy cercanos a los núcleos de población citados anteriormente".
Para Ecologistas en Acción "es necesario el estudio de otras alternativas de ubicación del macrovertedero que tenga menos impactos sociales y ambientales", al tiempo que se solidarizó "con las movilizaciones vecinales en Murcia y Alicante en contra de la ubicación de este proyecto".
Igualmente, señaló que este proyecto de ubicación de este vertedero "puede incumplir los artículo 26 e de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en el que corresponde a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) aprobar, previo informe del Consejo del Agua de la cuenca, las modificaciones sobre la anchura de las zonas de servidumbre y de policía previstas en el artículo seis de la presente Ley, teniendo en cuenta riesgos como escapes de lixiviados en la rambla Tabala".
La asociación ecologista recriminó, además, que "otro perjuicio significativo vendría derivado de la red de carreteras prevista y del impacto del continuo trasiego de desplazamiento de camiones y vehículos de gran tonelaje", al tiempo que consideró como "la peor opción en el tratamiento de residuos" la valorización energética, "eufemismo que encubre la incineración de residuos urbanos".
Al respecto, justificó que "es la una opción más cara y costosa, económica y ambientalmente, que otras alternativas, y porque no supone una alternativa, ya que el 30 por ciento de la basura que entra se convierte después en cenizas tóxicas que luego hay que llevar a vertederos especiales".
En tercer lugar, alegó que "a pesar de todos los avances tecnológicos, se siguen emitiendo a la atmósfera partículas y gases contaminantes y, por último, porque desincentiva el reciclaje, ya que las empresas incineradoras esperan de los ayuntamientos que les manden cuanta más basura mejor, porque ése es en definitiva su negocio".
Por todo ello, concluyó que apostar por soluciones finalistas, "no resuelve el problema de los residuos urbanos", y consideró "necesario un cambio de estrategia para evitar que se genere ese volumen de residuos tan alto, con programas de concienciación ciudadana y líneas de inversión más significativas para la red de reciclaje".
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