D. P.
Técnicos de asociaciones de atención a las víctimas de la explotación sexual han lamentado que la fiscalía no haya pedido al juez la clausura cautelar de un club de Cox en el que fue liberada una menor obligada a prostituirse. En febrero la Policía Nacional culminó la operación "Pitic" en la que fue liberada esa menor, de nacionalidad rumana, forzada a prostituirse en clubs de Alicante desde los quince años. Tres meses después de ocurridos los hechos manifestan "su pesar" porque no ha sido clausurado el local de forma cautelar. Esta decisión puede ser tomada por el juez, a petición del fiscal en base a los artículos 129, 194 y 318 del código penal. Los hechos ocurrieron el día 12 de febrero de 2008 como recogió este diario. Se trata de un club situado en la nacional 340, junto a la salida 81 de la A-7.
Para las citadas fuentes "la explotación sexual de una menor, en este caso desde los 15 años, es un delito de suficiente calado como para tomar medidas firmes y ejemplares". Para estas Ong´s "situaciones como la ocurrida hacen muy poco creíbles los esfuerzos propagandísticos de los dueños de clubs sobre su legalidad. Nos resulta imposible creer que la suya sea una actividad empresarial al margen de las mafias", añaden.
Para las mismas fuentes "resulta triste comprobar el gran revuelo internacional causado por el terrible caso de Amstetten y que, sin embargo, la cotidiana situación de niñas y mujeres secuestradas, violadas, amenazadas y prostituidas confinadas en pisos, chalets y clubs de alterne no generen apenas alarma social".
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