«En la asociación tenemos 120 casos tanto de madres que buscan a sus hijos como de adoptados que buscan sus orígenes», informó ayer María José Picó, presidenta de la Asociación de Víctimas de Alicante: Bebés Robados y Adopciones Ilegales (AVA), que ayuda a los afectados. Aunque por el momento no han podido celebrar ningún reencuentro, no pierden la esperanza, acrecentada en los últimos tiempos por las redes sociales. La asociación exige mayor implicación de jueces y fiscales para investigar los casos y más transparencia a la hora de facilitar la documentación a hospitales, Iglesia y cementerio. Picó y su familia se han topado con multitud de trabas en la búsqueda de su hermana melliza, según cuenta y descubrieron «demasiados errores administrativos» que ya de por sí considera indicios para investigar el caso. El fiscal llegó a ordenar la exhumación de los restos en la fosa común del cementerio de Alicante pero no los hallaron. Pese a ello el caso fue archivado, lamentó.

La Universidad de Alicante y la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, dirigida por el catedrático José Miguel Santacreu, organizaron ayer el seminario «La desaparición forzada de menores en la dictadura argentina (1976-1983) y en España (1938-1996) (Bebés Robados)» para dar visibilidad a este problema y abordarlo desde el punto de vista científico y académico.

Una de las participantes fue la doctora en Ciencias Humanas y Sociales Neus Roig, la primera en realizar una tesis doctoral sobre bebés robados. Roig informó de que se calcula que «en España hay entre 1936 y 1996 unos 300.000 casos y denuncias hay unas 3.000 de las que el 99% están archivadas». En 1996, indicó, es cuando cambia la ley de adopción y se permite al adoptado conocer sus orígenes. «Pero la ley más importante para nosotros es la Ley de Registro Civil de 2011 que da derecho a la familia de un bebé que muere antes, durante o a las 24 horas de producirse el parto a poder verlo, identificarlo y poderlo enterrar». Antes, explicó, hasta las 24 horas de haber nacido se le consideraba feto y los hospitales lo registraban como legajo de aborto, la funeraria lo trasladaba y enterraba en una fosa común en un proceso en el que los padres no intervenían para nada. «Hay bebés que no constan en ningún sitio y hay hijos registrados como hijos biológicos pero que se ha demostrado con las pruebas de ADN que no corresponden a sus madres», añadió, por lo que reivindicó que se trata de una situació que «España tiene que reconocer de una vez por todas». En breve se celebrará el primer juicio de una posible niña robada, Inés Madrigal, que vive en Murcia y lleva 15 años luchando por saber quien es, afirmó Roig. Y defendió, al igual que la doctora de la UA y matrona Modes Salazar-Agulló que se trata de «crímenes de lesa humanidad que no deben prescribir y que la Academia debe forzar al Estado a investigar sacando a la luz la realidad». Ambas coinciden en que la venta de bebés fue un negocio hasta los años 90 aunque gracias al cambio de leyes hoy día ya no sería posible.