¿Cuáles son los objetivos al frente de la Facultad de Derecho?
Los objetivos de la facultad desde que llegamos los marcamos en tres ámbitos, la oferta de titulaciones de grado y posgrado, la internacionalización de los títulos y la incorporación de nuevas metodologías docentes.
Por partes, ¿qué prioridades se siguen en los grados?
Ajustar la oferta de titulaciones a la demanda y a la realidad social. En el primer mandato consolidamos los grados en Derecho, Relaciones Laborales,Recursos Humanos, Criminología y Gestión y Administración Pública (GAP) aparte de la doble titulación de Derecho y Administración y Dirección de Empresas e implantamos el doble grado de Derecho y Criminología. Para la segunda etapa nos marcamos unir a esos grados el de Relaciones Internacionales que ya está en la Aneca en Madrid para su acreditación. También tenemos la idea de que los alumnos de Relaciones Laborales y GAP puedan acceder al título en Derecho cursando un año más.
Asignaturas como Mercantil o Procesal tienen fama de duras, ¿es para mantener el nivel?
No. En la carrera de Derecho disciplinas que suponen una dificultad añadida han existido siempre, tiene que ver con la densidad de la materia y el cuerpo de leyes al que los alumnos se enfrentan. La dificultad añadida que tiene un alumno de grado frente a otro de licenciatura es la reducción de cinco a cuatro años. Ya lo hemos asumido pero ha habido que adaptar las materias al tiempo del que disponemos para explicarlas.
¿Qué se está llevando a cabo para la internacionalización?
Este año tenemos a la primera promoción de alumnos de la Universidad de Univali, de Brasil, y a un grupo de nuestros alumnos allí en doble titulación en Derecho. Y estamos en conversaciones con la Universidad de Perugia que es una de más importantes en materia de ciencias jurídicas en Italia.
¿Y en innovación?
Tenemos una sala de juicios para que los alumnos adopten los diferentes roles de un proceso judicial, un laboratorio para hacer prácticas de criminología forense y ahora hemos puesto en marcha la clínica jurídica, en la que los alumnos están en contacto directo con colectivos desfavorecidos prestándoles asesoramiento jurídico. La clínica penitenciaria ya ha funcionado este año en Fontcalent y ahora empiezan a funcionar la de derechos humanos y extranjería.
¿Cuáles son las principales salidas profesionales hoy en día?
Esta facultad sigue siendo una de las de mayor amplitud, tenemos 4.500 alumnos matriculados que buscan esa amplia oferta de inserción laboral en el ejercicio profesional como abogado, procurador, gestor administrativo, detective privado, administración pública, todas las oposiciones de la administración de Justicia, instituciones penitenciarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, departamentos de Recursos Humanos y empresas.
¿Cómo está afectando la revolución tecnológica al Derecho?
La revolución tecnológica también ha alcanzado a nivel jurídico. La incorporación de las nuevas tecnologías a la facultad es una realidad, el acceso a los materiales, bibliografía, jurisprudencia y legislación se hace cada vez más a través de recursos tecnológicos. Hoy los alumnos van con portátil a clase. Se está imponiendo la administración electrónica y lo mismo ocurre en los despachos. Tenemos que formar en esa faceta.
Hay a quien le puede chocar que en la era de internet se siga estudiando Derecho Romano
Estudiar Derecho no es una formación jurídica en un ámbito concreto, ofrece una formación global. El tronco común del grado sigue siendo el mismo que la licenciatura de 1957. Enseñamos a pensar como un jurista y a tener esa formación jurídica de base que luego el alumno pueda aplicar sea abogado, procurador, notario o fiscal. Lo que ha variado es la forma de enseñar.
¿Cree que con la aplicación del artículo 155 se solucionará el problema en Cataluña?
Hay dos cuestiones que no deben olvidarse en este tema, el punto de partida y cuál debe ser el punto de destino. El de inicio es que un gobierno legítimamente constituido decide de forma unilateral salirse del marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía saltándose la legalidad vigente. Para el punto de llegada no hay más opción que ese gobierno vuelva a situarse dentro del marco constitucional. Para unir esos dos puntos una de las opciones es aplicar el artículo 155 de la Constitución.
¿Qué supone esa aplicación?
El inconveniente de hecho es que no se ha aplicado nunca y no existe un protocolo. De lo que habla literalmente es de suspender la autonomía. En este caso supondrá adoptar las medidas necesarias para conseguir que el gobierno de la Generalitat vuelva a situarse dentro del marco de la Constitución, todo dependerá de hasta dónde llegue el gobierno de la Generalitat. A lo mejor es suficiente con disolver el Parlamento y convocar elecciones, pero a lo mejor hay que aplicar alguna medida más. No sabemos si el presidente de la Generalitat o la presidenta del Parlamento tendrán que ir a declarar a la Audiencia Nacional.
¿Cree que se reformará la Constitución?
El planteamiento de iniciar una reforma de la Constitución no sólo tiene que ver con lo que está ocurriendo en Cataluña, sino con cuestiones planteadas desde otras comunidades como el asunto de la financiación. Creo que esa reforma se hará, pero ¿hasta dónde llegará? no lo sé. Puede ser sólo para plantear otro modelo de financiación, que sería el modelo débil. Un modelo intermedio podría incluir replantearse cuáles son las competencias que debe tener el Estado y cuáles deben ser transferidas dentro del modelo de las autonomías. Y el superior sería una reforma que plantease un nuevo modelo federal.Hay voces para las tres opciones en el actual panorama político, dependerá del consenso que sean capaces de generar.
