EUROPA PRESS
Estas son las principales novedades incluidas en la revisión que prepara el Ejecutivo comunitario de las reglas comunitarias sobre financiación por parte del Estado de los servicios públicos de televisión. Se trata de adaptar las reglas vigentes, que datan del año 2001, al nuevo entorno tecnológico.
Bruselas someterá sus propuestas a consulta pública hasta el 15 de enero de 2009 y, sobre la base de las respuestas recibidas de las partes interesadas, adoptará una decisión final durante el primer semestre.
Las normas vigentes no abordan la cuestión de si los servicios de pago pueden formar parte de la obligación de servicio público y por tanto recibir financiación estatal. La Comisión propone aclarar este punto teniendo en cuenta la evolución de merado. En este sentido, Bruselas señala que un elemento directo de remuneración en los servicios prestados por un organismo público de radiodifusión no siempre significa necesariamente que estas emisiones queden fuera de la misión de servicio público, incluso aunque afecte a su universalidad.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario deja claro que algunos servicios de pago de naturaleza claramente comercial nunca podrán financiarse mediante ayuda estatal: entre ellos, la emisión de contenidos de gran valor (por ejemplo la final de la Liga de Campeones de la UEFA) previo pago por visión o suscripción, o la participación de los espectadores en un concurso mediante a una llamada telefónica a un número con tarificación adicional.
En contraste, otras emisiones pueden considerarse claramente como servicio público aunque sean de pago. Por ejemplo, los Estados miembros pueden encomendar a los organismos públicos de radiodifusión la prestación de servicios de radiodifusión en nuevas plataformas tales como la telefonía móvil, en cuyo caso el operador de la plataforma cobra una tarifa de transmisión por red.
RESERVAS
Para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de sus obligaciones de servicio público, Bruselas propone que los organismos públicos de radiodifusión puedan mantener reservas de hasta un 10 % de los gastos anuales presupuestados para su misión de servicio público. Este límite podrá superarse "en casos excepcionales y debidamente justificados".
Por ejemplo, las reservas excepcionales pueden justificarse para inversiones tecnológicas importantes (tales como la digitalización), o para medidas de reestructuración.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario exige reforzar los mecanismos de control a nivel nacional para evitar la sobrecompensación y las subvenciones cruzadas de actividades comerciales.
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