El país se enfrenta a uno de los mayores retos económicos desde que estalló la crisis de 2008: la reforma de un sistema de pensiones que resulta insostenible.
Por suerte o por desgracia, ya no queda margen para seguir dilatando la toma de decisiones. El gobierno recién constituido contemplará, si no cambia nada, cómo en las navidades del año que viene gasta el último remanente del Fondo de Reserva de las Pensiones. Es el fin del plan B: tapar los agujeros de un sistema que está teniendo más gasto en pensionistas que ingresos por trabajadores con los ahorros acumulados en los años buenos.
A partir de ahí, todo será déficit y números rojos de verdad. Y el Estado será incapaz de cumplir con la promesa en que se basa la Seguridad Social: si los trabajadores de hoy entregan una parte de su salario para sostener a los jubilados, ellos serán también sostenidos por los trabajadores cuando se retiren. Se publicarán titulares como «2018, el año en que la Seguridad Social se convirtió en una estafa a los españoles», porque el sistema de pensiones se habrá convertido en un engaño piramidal como el de Bernard Madoff o Fórum Filatélico: así se llama a la situación en la que un administrador capta el dinero de cada vez más gente y no se lo devuelve en las condiciones pactadas.
Para que esta proyección no se convierta en realidad mañana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó en su discurso de investidura que convocará el Pacto de Toledo -una comisión formada por miembros de los partidos que apoyaron en 1995 las reformas sobre las que se sostiene la Seguridad Social actual- antes de fin año. Muestra así una preocupación por este problema que, sin embargo, no es ni inesperado ni desconocido.
Hace 15 años, el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones estaba sobre la mesa, pero, en plena bonanza, el tema era un ejercicio intelectual para matemáticos más que una prioridad política.
Porque el país iba como un tiro. La actividad estaba próxima al pleno empleo, los salarios eran cada vez más altos y el documentado envejecimiento de la población parecía estar solucionándose con la llegada de inmigrantes. La Seguridad Social, una caja con contabilidad separada del resto de recursos del Estado que se dedica sólo a recibir porciones del salario de los trabajadores -cotizaciones- y a usarlas para pagar pensiones, ingresaba en el primer año de este siglo 60.000 millones de euros en concepto de cuotas y gastaba 52.600 en pensiones de jubilación, viudedad, y otras situaciones con cobertura vitalicia. La base sostenía a la cúspide con eficacia sobrada; la pirámide funcionaba.
Ese mismo año empezó a llenarse el recién creado Fondo de Reserva, conocido popularmente como «hucha de las pensiones», para compensar posibles desequilibrios del sistema. Durante sus ocho primeros años de existencia, el superávit generado por la aportación de los trabajadores había creado una reserva de casi 60.000 millones de euros. La hucha se había convertido en un símbolo de consenso y en un motivo de orgullo nacional.
Pero llegaron las vacas flacas. A finales de 2007 el ciclo virtuoso de la economía se invirtió. Interrupción del crédito, cierres de empresas, despidos masivos, contracción económica, regreso de trabajadores extranjeros y emigración doméstica convirtieron en pocos años las inyecciones de capital que entraban en forma de cuotas a la Seguridad Social en un chorro cada vez más débil. En 2012 el organismo ingresó 101.059 millones de euros en cuotas y gastó 105.498 en pensiones, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fue el primer déficit -4.000 millones de euros- de los muchos que habrían de venir. Para taparlo, el Gobierno recurrió por vez primera al Fondo de Reserva (ver gráfico en página siguiente).
A la vez, se instalaba el círculo vicioso en el mercado laboral. Durante los años más duros de la crisis ha habido menos trabajadores, salarios más bajos y contratos más precarios que han generado cotizaciones discontinuas y de escaso valor en la tesorería de la Seguridad Social. Pero en el lado de los gastos, el organismo contempla cómo la gráfica va hacia arriba: cada vez más pensiones y de mayor cuantía. Es la numerosa generación del «baby boom», con «largos periodos de cotización estable y sueldos relativamente elevados» que llama a las puertas de la jubilación, según explica el profesor de sociología económica de la UA Jorge Hurtado.
Para paliar el desequilibrio del sistema, año tras año se han venido utilizando las reservas de la hucha. Pero «paliar» significa atemperar el daño, no solucionar su causa. Y España ya no tiene riñón para cubrir el desfase. «A pesar de que en 2015 el PIB ha crecido un 3,2% y de que se han creado 500.000 empleos, la Seguridad Social sigue generado un déficit de 15.000 millones al año», apunta el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues.
El experto hace una afirmación que es una cuenta atrás: «Ya sólo quedan 27.000 millones, que está previsto agotar en diciembre de 2017». Se impone la toma de medidas urgentes.
En 2013, el PP abordó parcialmente el problema. Impulsados por la ministra Fátima Báñez, hoy renovada en el cargo, la Seguridad Social ha implementado nuevos mecanismos de contención del gasto en pensiones.
La más polémica, alargar la vida laboral de forma progresiva: desde enero de 2013, los requisitos de edad cumplida y tiempo de cotización que dan derecho a una pensión del 100% suben dos años. El objetivo es que en el año 2027 la edad legal de jubilación sean 67 años y no 65 como hasta ahora. Este límite es convalidable por una carrera de cotización de al menos 38 años y seis meses, siempre que el interesado haya cumplido los 65 años. Así, los interesados deben acumular cada vez más meses de trabajo. De esta forma, quienes busquen jubilaciones anticipadas deberán renunciar a más porcentaje de su pensión si deciden dejar de trabajar antes de lo previsto.
Otra de las soluciones del PP es el llamado «factor de sostenibilidad», una operación por la que las pensiones se «adaptan» a la longevidad: al calcular la prestación del recién jubilado, la Seguridad Social tendrá en cuenta la esperanza de vida de los españoles que estipule el Instituto Nacional de Estadística (INE). La consecuencia estimada sobre la paga es que su cuantía se reducirá alrededor de un 5% cada diez años.
La tercera medida de la reforma es la eliminación del llamado «factor de revalorización». Sin él, las prestaciones quedan desvinculadas del Indice de Precios de Consumo, considerado el indicador principal de coste de vida. De esta manera, la paga de los jubilados deja de adaptarse a la evolución de los precios de los productos básicos y pasa a subir o a bajar según el estado financiero de la Seguridad Social. La estabilidad del sistema pasa a ser más importante que la posible pérdida de poder adquisitivo de los mayores.
En resumen: recortar.
«La filosofía del Gobierno es: dado que voy a ingresar menos y no tengo dinero para pagar pensiones, y teniendo en cuenta que ni puedo endeudarme ni bajar las pensiones porque es tremendamente impopular, lo único que puedo hacer es retrasar el acceso y endurecer los requisitos» reflexiona el director del área económica de la escuela de negocios Fundesem, Federico Ortolá.
Menargues señala que también ha habido medidas para captar más ingresos, pero son más escasas.
En cualquier caso, la reforma de Báñez no ha sido bienvenida. España es un país donde hay 9,4 millones de pensionistas que cobran una media 900 euros mensuales para su manutención -y la de familiares en muchos casos-. Alicante es una provincia con 300.000 pensionistas y una prestación más baja, de 786 euros. Conscientes o no de la situación, todos han visto cómo el PP operaba para, en última instancia, pagarles menos.
Impopulares y también insuficientes. Todos los expertos consultados en este reportaje coinciden en que las medidas de Báñez no solucionan el problema de insostenibilidad del sistema de pensiones español. La mayoría de ellos sin embargo cree que el sistema de reparto es el mejor adaptado a la idiosincrasia nacional.
Los sindicatos, donde se encuentran quizá las posturas más favorables a conservar intacta la estructura de la Seguridad Social, defienden que el sistema de reparto es totalmente viable. CC OO pide no tocar las pensiones y actuar en la parte de las cuotas, elevando las bases de cotización -cantidad del salario por la que se calcula la cuota- y equiparar esta referencia en autónomos y trabajadores de Régimen General.
Este sindicato sostiene también que las pensiones deben tener apoyo del Estado: los presupuestos deben hacerse cargo de las pensiones de viudedad y orfandad, con un peso de 22.000 millones anuales, ya que estas prestaciones no son contributivas y, por tanto, no se corresponden con las aportaciones de un trabajador en activo. La secretaria general en l'Alacantí de la organización, Consuelo Navarro, opina que «crear empleo es la mejor manera de estabilizar el sistema» y condena que «el Gobierno haya estado sacando dinero de la hucha para pagar cosas que no son pensiones», en referencia a las desviaciones de fondos de la reserva que ha hecho el PP «para cubrir programas del Ministerio de Empleo».
El sociólogo Hurtado plantea también convertir la Seguridad Social en un gasto público más, como Sanidad y Educación, para que su financiación sea más flexible y quede libre «de las oscilaciones del mercado de trabajo».
El economista de Fundesem, Federico Ortolá, también cree que el reparto es posible. Lo primero que pide es retirar competencias sobre Seguridad Social a los políticos, incapacitados por sus ciclos de reelección, y hacer que sean cuerpos técnicos quienes decidan sobre pensiones «como ya ocurre con la política monetaria». Ortolá también apuesta por permitir que un pensionista pueda seguir trabajando y «cree riqueza» una vez salga del circuito laboral. A largo plazo, cree que una caída del paro del 18% al 11% permitirá que gente que ahora esté en paro deje de cobrar prestación, por lo que el Ministerio tendrá más dinero y la Seguridad Social ingresará más por cuotas.
Menargues también tiene fe en que una batería de correctores y las proyecciones demográficas pueden ayudar. «Habrá menos mano de obra, pero también menos gasto en Educación y menos nacimientos», apunta el economista, en referencia a que habrá más fondos disponibles para pensiones.
Otras voces piden aceptar que es hora de abandonar el sistema de reparto y migrar hacia otro mixto que no dependa tanto de la coyuntura económica, como el que rige en muchos países europeos, denominado cuentas nocionales. Carmen Boado, economista de la Universidad de Liverpool, defiende esta solución basada en aportaciones del trabajador durante toda su vida laboral, de manera que en la jubilación recibe un fijo estatal y un variable según sus aportaciones. Boado cree que un periodo de transición de 30 años bastaría para adaptarse.
Las fechas son en cualquier caso implacables. El Gobierno debe maniobrar con velocidad y reformar el sistema de pensiones antes de que se convierta en una estafa.
