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La farsa del reciclaje

Así funciona el circuito que pierde la recuperación de tres de cada cuatro aparatos eléctricos

La farsa del reciclaje

Un hombre cruza todos los días por el centro de su ciudad paseando un carrito de supermercado lleno de chatarra. Por las noches, furgonetas de carga lateral recorren los barrios en busca de restos en los containers. No tienen uniforme pero sí preparan las rutas. De hecho, llevan años funcionando como brigadas de basura paralelasbrigadas de basura paralelas. Su actividad, que vinculamos al fracaso de nuestra sociedad, nos incomoda hasta el punto de disolver la pregunta de «qué hacen» y «adónde llevan lo que recogen».

Quienes sí se lo han preguntado descubren que algunos buscan desperdicios útiles en general, y también que algunos otros están bastante especializados. En papel y cartón, en chatarra electrónica. En un país donde la pereza de la administración sólo es comparable a la necesidad que pasa una gran parte de su población, los containers de colores y los puntos limpios se convierten en una fuente de recursos accesible para el amplio sector de la chatarrería informal.

A quienes buscan aparatos eléctricos, material no les falta. El mercado de la tecnología ha adquirido un ritmo vertiginoso desde finales de los 90. La mecánica consumista y la competitividad empresarial hace que cada año se generen más de 50 millones de toneladas de basura electrónica en el mundo, según un informe de la ONU de 2013, y cientos de miles de kilos de estos desechos (llamados RAEE, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en España. Contienen, en proporciones desiguales, elementos contaminantes, materiales de valor y piezas sin importancia. Vienen incrustados unos en otros, en un puzzle industrial que hasta hace muy poco estaba diseñado únicamente para ser montado. El reflejo de un sistema que piensa en cómo introducir productos pero no en cómo sacar residuos.

En consecuencia, cuando un aparato muere, suele acabar de una sola pieza en la basura común si es pequeño, porque la misma visión vaga de la sociedad que convierte al chatarrero en una imagen molesta tranquiliza a la intuición diciéndole que cuando la bolsa llegue al vertedero, un sabio peine gigante sabrá poner las raspas de pescado en el montón de basura y el secador de pelo en una caja que va a un centro de reciclaje.

Gracias a una mínima inversión en concienciación, existe una parte de la sociedad que sabe que si se quiere asegurar la reutilización de un cacharro hay que esforzarse en depositarlo en el ecoparque o en recordar a la tienda de electrodomésticos que debe llevarse el viejo al traer el nuevo.

Lamentablemente, ninguno de estos procesos garantiza al 100% el reciclado. Es más, la mayoría de quienes han estudiado el sector coinciden en que en España alrededor de tres cuartas partes de los residuos eléctricos no llegan nunca a un centro de reciclaje acreditado, donde el trabajo de descontaminación y separación en materias primas se hace con todas las garantías. Se queda en el camino un 75% de basura tecnológica, la mayoría en manos del sector informal que extrae los componentes valiosos y abandona los contaminantes en descampados, carreteras y naves.

Observamos el sector en la provincia para comprender por qué el reciclaje de estos aparatos es una farsa. Que mantenemos entre todos.

Usted paga el reciclaje

En el año 2015 se vendieron en la provincia unos 250.000 electrodomésticos de gran formato o de «gama blanca», según datos de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE). En la mayor parte de los casos sustituyeron a máquinas que habían agotado su vida útil, con una media de siete años, que se convertirían en residuos. Una cantidad ingente de chatarra cuyos volúmenes en tiempos de bonanza era todavía mayor.

En aquellos años, en 2005, el Gobierno español decidió implantar un circuito específico que condujera el creciente problema de la basura tecnológica a plantas de recuperación para que el daño medioambiental y económico fuese mínimo. Lo hizo a través del Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. En él, dos conceptos nuevos como la «ecotasa» y los Sistemas Integrados de Gestión, abreviados como SIG, iban a convertir la chatarra electrónica en España en todo un sector de actividad tan ecológico como sostenible.

El Gobierno copió la idea de la ecotasa de otros países. Funciona como una «pensión de jubilación» que cada aparato lleva añadido a su precio de venta al público con la que se garantiza que cuando deje de ser útil llegará en buenas condiciones al centro de reciclaje. José Vicente Cerdán, consejero delegado de Suesa, una gran distribuidora de productos de la cadena Expert para Alicante y otras provincias del sureste peninsular, explica que «la ecotasa de una lavadora que cuesta 250 euros son unos 24 euros». «Con eso se paga su traslado cuando deje de servir desde la casa del cliente hasta un punto acreditado, así como la descontaminación y la separación de los materiales en ese centro», apunta.

Este sistema permitió extraer de las ventas de tecnología y electrodomésticos del año 2013 cerca de 300 millones de euros, según la OCU. Es la gasolina que financia a toda la cadena de transportistas, almacenistas y recicladores de basura tecnológica.

Pero hacía falta un motor. Así, la segunda parte de la cadena del reciclaje son los SIG, y están concebidos para inyectar esos fondos en todos los procesos de la cadena. Con la forma de fundaciones sin ánimo de lucro, están formados por las empresas que fabrican móviles, ordenadores, lavavajillas y neveras, que aportan fondos al SIG de su sector en función de su cuota de mercado. En teoría, se garantiza así que cada marca reinvierta el dinero que ha recibido de sus clientes como ecotasa en un proceso de reciclaje universal y supervisado por la competencia. Bajo nombres como Ecolec -que agrupa al sector de gama blanca-, Tragamóvil -telefonía- o Ecoasimelec -electrónica de consumo-, los SIG negocian con empresas de transporte especializadas, desguaces, puntos de descontaminación, almacenes y tiendas de venta al detalle para pagar a cada uno su aportación en el proceso de reciclaje.

La mayoría de los aparatos que manejan estos gestores de residuos se tiran en los ecoparques -cuyo éxito depende «sólo de la buena voluntad de los ciudadanos», en palabras de Pablo Fernández, especialista en RAEE de la patronal Fempa- o se entregan en tiendas de electrodomésticos. En el caso de los pequeños aparatos, siempre que el comercio tenga más de 400 metros cuadrados está obligado a aceptar cualquier entrega. En el caso de la gama blanca, todos los vendedores están obligados a hacerse cargo del aparato viejo a coste cero para el cliente si este adquiere en su comercio uno nuevo.

Este proceso, aparentemente sencillo, esconde para los vendedores de electrodomésticos la mayoría de los problemas que hacen que el reciclaje sea un servicio que paga el comprador y que no disfruta en el 75% de los casos.

La realidad del reciclado

«Su dinero, a la basura. Pagamos más de 300 millones de euros al año por un trabajo fantasma». Así de contundente se mostraba la OCU en el primero de sus dos famosos estudios sobre el reciclado de aparatos eléctricos en España, realizados entre 2011 y 2013. Los resultados que obtuvieron cuando se propusieron ver adónde iban los aparatos justifican el tono del titular.

En el primero de ellos, se colocaron localizadores GPS a 15 máquinas que fueron desechadas como prevé la ley: en puntos limpios municipales o recogidos por la tienda tras adquirir producto nuevo. Semanas después, el 60% de las lavadoras, televisores, frigoríficos y ordenadores monitorizados aparecieron en lugares muy distintos a las plantas autorizadas que debían encontrarse al final de la cadena: chatarrerías sin licencia, naves de almacenaje, descampados o en el propio punto limpio, donde sólo quedaba la carcasa que alojaba el localizador.

En la segunda edición, en 2013, el resultado fue aún peor: sólo 4 de 16 piezas llegaron a destinos «verdes». El rastro de los demás desaparece en el mismo tipo de lugares.

Son los espacios donde el sector informal termina el trabajo de desguace con el material que los peones de este lumpen transportan como pueden en carritos y furgonetas. No sólo desde los containers sin vigilar de las calles y los ecoparques, sino también desde los almacenes de las mismas tiendas que recogen los aparatos usados de sus clientes por imperativo legal y cobrando una pequeña cantidad negociada con el SIG de su ramo.

¿Cómo es posible que un sistema estructurado y financieramente sólido falle en un clamoroso 75% diez años después de ponerse en marcha?

Una de las personas que mejor lo conoce es la documentalista Cosima Dannoritzer. Para la productora de Comprar, tirar, comprar y La tragedia electrónica, dos investigaciones sobre la obsolescencia programada y el envío de basura electrónica a países del tercer mundo desde Occidente en las que retrata parte del problema en nuestro país, la causa está en que «las leyes son buenas pero la realidad es que el material no llega a los recicladores porque actúa este sector informal». Para la investigadora, las causas son «las ventas que hacen las tiendas» para librarse de la chatarra.

Una realidad que los vendedores de electrodomésticos no ocultan, porque pueden explicar por qué ocurre.

«Zugzwang» en la tienda

Un comerciante del electrodoméstico de la capital reflexiona un segundo y concluye que en la provincia menos del 30% de los residuos de gama blanca se reciclan convenientemente. Para explicarlo, dibuja un mapa de la provincia con muchas tiendas de electrodomésticos y muy pocos centros de reciclaje convenientemente autorizados, en el que los los coches del Seprona aparecen por los comercios para verificar que se cumple la ley pero con mucha menos frecuencia de la que reciben visitas de los piratas chatarreros con ofertas difíciles de rechazar. Lo presentan como una situación de «zugzwan», término usado en el ajedrez para definir un estado en el que cualquier movimiento implica pérdida o daño.

El vendedor empieza mencionando las exigencias a los comerciantes que incluye la cadena de reales decretos que regulan el reciclaje de RAEE, cuya última aportación es de 2015. «Estamos obligados a quedarnos el residuo de los clientes, pero no podemos hacerlo de cualquier manera. Cada pieza tiene unas condiciones y un periodo de almacenamiento específico, así como unas condiciones de transporte. Una nevera, por ejemplo, está considerado un residuo peligroso y para llevarla hasta el punto limpio el vehículo y el conductor tienen que tener una preparación especial. Para almacenarla, debes tener una nave cubierta y un suelo aislante concreto. Son inversiones inalcanzables para una tienda de lavadoras como nosotros de un pueblo o un barrio, estamos muy tocados con la crisis», cuenta este empresario que asegura haberse dejado un 50% de volumen de ventas en estos años.

Otro experto en residuos de este tipo, empleado en una cadena de electrodomésticos, añade que los transportistas pierden de media dos horas haciendo cola en los puntos limpios. «Hay tan pocas plantas que tengan todas las certificaciones que todos vamos al mismo sitio. Tardas casi una mañana en volver con el camión vacío mientras tienes dos sueldos y un vehículo paralizados», explica. «Si tienes la suerte de ser de la capital. Si tienes el negocio fuera tienes que sumarle el desplazamiento», añade.

Es un proceso que desde luego parece caro, pero afortunadamente existe un sistema de finaciación, la ecotasa, que a través del SIG compensa a las partes por su participación en el reciclaje. ¿O no?

«Hemos calculado que el gasto medio de recoger una lavadora desde la casa del cliente hasta las tiendas supone al comerciante un gasto de entre 8 y 15 euros», cuenta una fuente del sector de la gran distribución del electrodoméstico, que prefiere no dar más señas. En su sector, el SIG con el que trabajan paga por recoger esta pieza desde el almacén de la tienda menos de 6 euros en Alicante. «Empezamos perdiendo dinero. Suma ahora la formación del personal, la inversión en transformar el almacén y las multas del Seprona si el camión de Ecolec no llega a tiempo, como suele ocurrir, y nos pillan con más aparatos de los que podemos guardar como pide la ley», lamenta. «Si se pusieran a multar se salvarían pocas tiendas», concede el consejero de la distribuidora De Expert en la provincia.

En ese momento en el que hay cientos de comerciantes autónomos frustrados por una ley mal hecha que les obliga a perder dinero por acumular basura -«no te imaginas cómo huelen las neveras cuando pierden el frío», apunta el especialista en residuos, aparecen los chatarreros sumergidos con su dinero negro y sus soluciones rápidas.

«En lugar de seis euros por cada nevera, te dan 20 y se la llevan ya», se justifica el comerciante. «Yo estoy convencido de que el Seprona no nos multa más por entregarles los aparatos porque sabe que nuestra situación es perder siempre», añade.

Otro de los grandes expertos en este tema en España es Manuel Torralba, el fiscal zaragozano que coordinó la investigación policial más importante contra el fraude en reciclaje de RAEE hasta la fecha, la Operación Fragmento. Desarticuló un fraude de 10 millones de euros.

Tiene muy claro el reparto de culpas de este fracaso colectivo. Lo resumió de un plumazo en una entrevista a La Vanguardia de 2014: «¿Quién es el responsable? En primer lugar, la administración pública, encargada de regular ineficientemente el sector; en segundo lugar, la picaresca empresarial, que busca el mayor beneficio en el menor tiempo posible, y en tercer término, la escasa conciencia de la sociedad, que permite que esto pase».

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