Antes de que Europa hubiese podido digerir la cadena de atentados de junio de 2015 rematada por la matanza de turistas en playas y hoteles de Túnez, Interior ya había decidido meter a España en el nivel de alarma antiterrorista previo a sacar al Ejército a las calles. El día 26 de ese mes, el ministro Jorge Fernández Díaz anunciaba que tras los ataques reivindicados por el Estado Islámico en Francia, Kuwait, Somalia y en la excolonia francesa del Mediterráneo, y en un clima de aumento de las referencias y amenazas a España en la esfera proyihadista, el Estado elevaba la protección de sus ciudadanos y fronteras hasta la escala 4 del Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA). Una decisión con pocos precedentes en los diez años de historia de esta estrategia de defensa y que sigue sobre la mesa 14 meses después de firmarse.
Es el protocolo que está detrás de los agentes con armas largas y equipo pesado que ha visto en el aeropuerto, en los controles intensivos con que se ha encontrado en las carreteras y en los despliegues que ha visto no sólo en paseos marítimos y centros comerciales, sino también en subestaciones eléctricas y partidas rurales. Analizamos cómo están trabajando en esta provincia con destacada actividad a favor del terrorismo islamista los cuerpos de seguridad del Estado durante esta larga etapa de tensión, extendida por los últimos días de la operación Paso del Estrecho.
El Plan de Prevención y Protección Antiterrorista vigente contiene un sistema de medidas progresivo coordinado por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Se situó en el nivel 4 poco después de redefinirse como un mecanismo de 5 estadíos, equivalentes cada uno de ellos al grado de precaución por atentado en el país que la mesa de Interior, asistida por los servicios de inteligencia, considera adecuado en cada momento. Este órgano de decisión está compuesto por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el recién creado CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y varias policías autonómicas.
Cuando Interior no tiene certeza de que se va cometer un ataque inminente (saber quién, cómo o dónde, lo que equivaldría al nivel 5 o nivel negro), pero los indicios y el clima exterior sugieren que es un riesgo factible, el Ministerio se autoimpone este estado de vigilancia extremo que, si bien no involucra al Ejército todavía, refuerza casi al límite de sus posibilidades la investigación y la presencia en los puntos más sensibles. Se traduce en un despliegue y rotación de efectivos constante, a veces secreto, otras veces publicitado, de unidades ordinarias y especiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ambas dependientes operativamente de Interior en ubicaciones expuestas al ataque, al tránsito o la logística de terroristas. Durante el último año, al menos ocho de estos grupos especiales han realizado misiones en la provincia en el marco del plan antiterrorista.
A falta de una semana para que termine la operación Paso del Estrecho, la estación marítima del Puerto de Alicante sigue siendo un punto caliente. Con «más de 135.000 pasajeros y cerca de 30.000 vehículos embarcados desde el 15 de junio», según el inspector jefe de la Comisaría provincial de Alicante y responsable de esta zona del puerto, Adolfo Orejas, el acceso a la frontera marítima con Argel y Orán seguirá siendo objeto durante la próxima semana de controles, donde habrá una media de dos ferris diarios.
Desde que se desatara la guerra civil en Argelia en los 90 con las luchas entre los islamistas del GIA y el gobierno, el arco mediterráneo español ha sido «una zona de actividad de yihadistas, que aprovechaban la proximidad y los movimientos de refugiados para asentarse», opina Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano. «La primera célula yihadista que se desarticuló en España en 1997 tenía presencia en el Levante», recuerda. Aunque considera que Alicante no es «un lugar relevante para ellos, como lo son Madrid, Barcelona o Valencia», sí apunta que «hay focos donde ha habido agentes propagandistas que captaban a la juventud».
Frontera también de Europa y del espacio Schengen, las palabras de la experta apuntan a la idea de que Interior no teme tanto un ataque en el recinto portuario del ferry como el cruce de sospechosos y material a través de este punto fronterizo que conecta con los países árabes. Por ello, gran parte de los operativos que ha destinado este año a la estación han tenido como misión disuadir e identificar.
Durante este verano, un total de trece miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se han incorporado a reforzar la vigilancia aduanera en el acceso a la terminal, según fuentes de la Comandancia de Alicante. «Son expertos perfiladores y están especialmente preparados para la lucha antiterrorista», cuenta la citada fuente. Su misión ha transcurrido en gran parte entre grupos de pasajeros y en controles de vehículos a la entrada del recinto portuario. Al margen de sus habilidades de intervención, este cuerpo tiene adiestramiento para descifrar lenguaje no verbal, identificar rasgos físicos particulares y comportamientos anormales o fingidos. «Son escáneres de personas», comenta esta persona del Instituto Armado.
Además de esta unidad, la comandancia informa de que la seguridad del puerto ha contado con cerca de una veintena de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). Esta unidad, que forma parte de la élite de la Guardia Civil, fue la encargada de ejecutar la detención de la captadora del Daesh de Gandia en septiembre de este año.
Las acciones del terrorismo internacional han orientado inevitablemente las reacciones policiales. Tras las explosiones en el aeropuerto de Bruselas del pasado mes de marzo, Fernández Díaz cerró la penúltima reunión de la mesa antiterrorista anunciando que mantenía el nivel 4 pero prestando especial atención a los espacios que gestiona Aena.
El inspector jefe de puesto fronterizo Luis Lombarte, jefe del puesto fronterizo del aeropuerto de El Altet, cuenta que en los últimos meses el aeródromo de Alicante-Elche ha contando con el refuerzo de miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Alicante y Elche, así como de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia, el cuerpo antidisturbios de referencia en todo el país. Están especializados en aglomeraciones y situaciones límite en entornos urbanos.
También se han podido ver en el aeropuerto operativos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la comisaría de Policía Nacional de Elche, así como numerosas unidades de guías caninos de los dos cuerpos de seguridad dependientes del Ministerio del Interior. El Servicio Aéreo de ambos cuerpos y los USECIC de la Comandancia alicantina completan el despliegue.
El Plan de Protección Antiterrorista marca también otras áreas de vigilancia en el nivel 4. Las infraestructuras básicas y los centros turísticos y comerciales son otros puntos calientes. «Hemos duplicado la presencia de agentes tanto en el TRAM como en Cercanías y líneas AVE, en estaciones y en ruta. Y se ha aumentado la vigilancia en los ferris que unen Dénia con Mallorca e Ibiza», apunta Carlos Infantes, jefe de la brigada policial de Seguridad Ciudadana. Aglomeraciones y festividades como el Misteri d'Elx también han contado con estos apoyos.
Los mandos del CNP alicantino se muestran convencidos de que la ciudadanía ha percibido el refuerzo de la seguridad, especialmente durante este verano en el que han coincidido las campañas estivales de Turismo Seguro y los operativos antiterroristas. Las playas de Alicante, Benidorm y Dénia han estado recorridas por unidades de caballería del CNP. Asimismo, la ciudad de los rascacielos del Levante está siendo vigilada estos días por otro grupo de la UIP.
Para el Ministerio supone todo un reto de gestión mantener la guardia tan alta durante tantos meses, ya que al no haber modificado el nivel de alerta en las reuniones mantenidas desde junio de 2015, se corre el riesgo de que lo excepcional se convierta en normal. «Es un problema porque la gente se termina acostumbrando hasta a la "alerta máxima", y nos podemos llegar a relajar», cuenta una fuente policial conocedora de las operaciones. Otros agentes aseguran que, debido a las limitaciones presupuestarias, estos refuerzos implican necesariamente el trasvase de agentes a labores de lucha antiterrorista, lo que descompensa momentáneamente otros efectivos, como antifraude o antidroga.
La policía invisible también está a pleno rendimiento durante estos meses de nivel 4. El CNP y la Guardia Civil tienen como referencia judicial para sus investigaciones antiterroristas a la Audiencia Nacional, un acceso directo que «acelera mucho los trámites», según un agente del CNP alicantino.
Además, ambas instituciones disponen desde mediados de 2015 de nuevas herramientas legales para combatir la apología de los actos violentos y la persecución de los llamados combatientes extranjeros con la reforma Código Penal. Estos cambios, hechos expresamente para luchar contra el yihadismo, junto a la fijación del nivel 4, han facilitado mucho la investigación. «Hay más sensibilidad. Ahora es mucho más fácil que te autoricen un pinchazo telefónico, por ejemplo», cuenta esta fuente próxima a los grupos antiterroristas de la provincia.
El trabajo de civil es fundamental para saber a quién señalar y perseguir a través de todas las fronteras europeas, unidas en una inteligencia más conectada que nunca desde que el Estado Islámico declarara la guerra al Viejo Continente. «Alicante no es una zona especialmente emblemática y el riesgo de ataque diría que es bajo, pero sí se sospecha de captadores y financieros como los que se detuvo en febrero», explica este agente. Los barrios con mayor población árabe y el entorno de centros religiosos islámicos están recibiendo especial atención. «Los que van de paisano vigilan más las cafeterías y lugares de reunión y si ven movimientos o gente nueva llaman a una patrulla para que los identifique. También se cuida más la contravigilancia; se reprograman rutinas de los coches patrulla para no ser previsibles», cuenta la citada fuente.
La activación de la alerta también ha recordado a los agentes que ellos mismos son vulnerables. Las comisarías, así como las dependencias de Guardia Civil, han reforzado el uso de chalecos antibala para operaciones rutinarias de control de vehículos y hasta en turnos de guardia. «Nos recordamos más las medidas de autoprotección; estar atentos a un posible ataque por la espalda, a controlar el local desde el sitio donde estemos sentados, etcétera», explica el citado miembro del CNP.
Las averiguaciones se procesan en los centros o brigadas de información y se elevan en el organigrama hasta los servicios centrales de inteligencia, quienes se encargan del depurado de datos y el envío de notas informativas al resto de cuerpos de seguridad. El destino es una base de datos internacional gracias a la que los responsables de operaciones pueden recibir órdenes precisas de a quién o qué se está buscando.
«En el puerto pueden salir hasta tres barcos en un día; es imposible controlar todo lo que pase. Pero no te entretienes con familias si la nota dice que tres hombres jóvenes que están investigando en Alemania han salido desde Frankfurt hacia el sur de Europa en coche y pueden llegar ese día», explica la citada fuente. A lo largo de este año de alerta 4 no sólo han rotado y reforzado puntos fronterizos y estratégicos agentes con armas largas y equipo de choque; informáticos y analistas de otros puntos del país y de policías europeas también han aumentado sus viajes a la provincia para mejorar la cooperación en inteligencia.
La provincia de Alicante, con cinco detenidos por terrorismo yihadista en los últimos tres años, es una zona donde la actividad de estos grupos puede considerarse destacada dentro del conjunto nacional pero baja en comparación con los «puntos negros»: Ceuta, Melilla y las grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.
El perfil de los yihadistas que pueden operar en la provincia no corresponde tanto al de un radical con potencialidad de atacar como al de un proveedor de apoyo logístico y financiero que colabora con varias organizaciones islamistas violentas, para las que también capta nuevos miembros. Así era la banda detenida en febrero en varios municipios de la provincia, cuya principal actividad era el apoyo material al Daesh y Frente Al-Nusra, según informó el Ministerio en una nota de prensa.
No obstante, en el informe El Estado Islámico en España del Real Instituto Elcano, del que es coatora la investigadora García-Calvo, se indica que en torno a un 35% de los 113 detenidos por yihadismo en España entre 2013 y el primer semestre de 2016 formaban parte de grupos con voluntad de atentar en el país. «Alicante es, en principio, una zona poco emblemática para lo que ellos buscan, pero sí se sienten cómodos aquí. No se trata de crear alarma, pero lo de Niza demuestra que estos ataques pueden ocurrir práctimanete en cualquier parte», apunta el mencionado agente, sentado en una cafetería y sin perder de vista la puerta de la calle.
