La funcionaria habla sin cerrar la puerta en su recién ocupado despacho en la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Un espacio vacío y aséptico que da al Paseo de la Alameda de la capital valenciana dentro del palacete conocido como La Cigüeña, un antiguo hospital que albergó las dependencias de Agricultura, que permaneció cerrado durante tres años y que el profesor de Derecho Constitucional alicantino Manuel Alcaraz, logró adjudicarse para ubicar su ambicioso proyecto político: un organismo para instalar al más alto nivel herramientas de democracia moderna en una administración castigada por la corrupción, la inercia y el desprestigio.
«Aquí estamos muy bien», asegura con una sonrisa espléndida la técnico, «en pleno centro y en un edificio que ya quisieran muchos compañeros», haciendo notar al tiempo que mientras habla está robándole tiempo a unos expedientes que requieren su firma. El cambio de gobierno le ha supuesto un ascenso y ahora ocupa un escalafón mayor que el que tenía en la antigua Conselleria de Cooperación hace siete años, donde mandaba menos pero veía suficiente como para denunciar cómo operaba la directiva: su declaración fue clave para que el exconseller Rafael Blasco acabase en la cárcel de Picassent por desviar dinero destinado a proyectos de solidaridad que terminaban en cuentas de sociedades falsas. Posteriormente, su determinación ante jueces, fiscales y acusados también sirvió para que el responsable orgánico de la Conselleria, el subsecretario Alfonso Poncel, la fichara para trabajar en uno de los pocos «ministerios autonómicos» -tres en España- dedicados a a esta materia, la transparencia.
El objetivo ideal de esta actividad es que no haya ministerio, dirección general, patronato o concejalía donde la falta de tránsito y de luz permita que se acumule la podredumbre. En la Comunidad Valenciana, donde ya operan una ley estatal y otra autonómica que obligan a todas las administraciones a informar con detalle sobre el funcionamiento interno, el gobierno PSOE-Compromís decidió tomar los requirimientos de las leyes como un referente de mínimos y consagrar una cuarta parte de una conselleria a desarrollar e implantar una de las políticas de transparencia, datos abiertos y participación más avanzadas del país.
Un proyecto claro, que en pocos meses de funcionamiento está revelando que su trabajo es imperceptible y difuso y que es considerado como uno de los puntos más frágiles del gobierno Puig-Oltra por la oposición del PP dado el «desproporcionado» tamaño de su estructura en comparación con su cometido, según el grupo popular en las Cortes.
Una conselleria que asume las propiedades del cristal y que entusiasma a quienes trabajan en ella. Con el recuerdo de aquellas carpetas donde viajaban subvenciones aprobadas para sociedades creadas por una trama corrupta, inaccesibles para cualquiera que no estuviese compinchado, la funcionaria asegura: «Esto debería haberse hecho hace mucho. No hay absolutamente nada que ocultar en la administración. Con la nueva ley y con una web como esta, Blasco lo hubiera tenido mucho más difícil para funcionar como lo hacía».
Eran los primeros años de la crisis y el debate sobre transparencia estaba lejos de ser mayoritario.
La gestión de lo público sólo mostraba resultados, nunca los procesos. Las leyes sólo permitían acceder a la información si la demandaba el solicitante, quien no se libraba de trámites farragosos. Por lo general, en el interior de las administraciones se tenía la certeza de que su actividad era poco interesante para la opinión pública, peligrosa en algunos casos y demasiado complicada casi siempre. Convenía reservarla.
Así, lograr información de lo que ocurría en el interior era tarea de opositores y de periodistas. Por lo tanto, hacerse con un informe sobre multas de tráfico o conocer los detalles del borrador de un nuevo reglamento, se convertían en carne de noticia. Era de interés público, desconocido y de difícil acceso.
En la calle, donde las rentas medias tocaban techo en altura y en extensión, la honestidad de la administración se presuponía, como a los soldados el valor, aunque a la vez se aceptaba que lo público es una red de abastecimiento tan grande y antigua que las pérdidas y robos son inevitables. Pero la crisis obligó a replantear la norma de tolerar la desaparición de unos recursos cada vez más escasos. Crecía el malestar ciudadano mientras los tribunales iban llamando a declarar a cada vez más políticos. En la inmensa mayoría de los casos, se investigaban delitos que se habían gestado aprovechando esos procesos que son opacos a la luz pública.
Buscando soluciones, la ciudadanía dio con un concepto apenas conocido en España y que dejaba con el cuello torcido a quienes creían en el modelo de administración vertical que vela por sus ciudadanos informando sólo de lo que les consideraran capaces de soportar: el principio de transparencia, según el cual la inmensa mayoría de actividades dejaban de ser reservados para alcanzar una nitidez impensable hasta entonces: «Garantizar una actividad pública fundada en la accesibilidad de la información y en la excepcionalidad de las restricciones», tal y como lo recoge la ley valenciana. Los colectivos que fomentaron esta nueva idea de gobernanza decían que la noticia debería ser que una administración no había facilitado un informe y no lo contrario.
«La transparencia llevaba siglos funcionando en Suecia y décadas en el resto de Europa. Sólo España, Luxemburgo y Chipre carecían de una ley», recuerda Helen Darbishire, impulsora de unas de las plataformas pioneras en reclamar transparencia en nuestro país, Access Info.
Ya en 2013, el gobierno del PP impulsó la primera ley estatal y poco después, el Consell de Alberto Fabra hacía lo propio a escala autonómica. Nacía la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, una norma más avanzada que la estatal -que contó con la abstención de los grupos que hoy la reglamentan- y que supuso un esfuerzo estéril para el president que intentó sin éxito lavar la imagen del PPCV con nuevas políticas. Pero el partido estaba condenado a hundirse por el lastre de los casos de corrupción. Fue la última ley que aprobó antes de que el Pacto del Botánico lo desalojara del Palau. Era el 2 de abril de 2015, poco más de un mes y medio antes de las elecciones que devolvieron el gobierno de la Generalitat a la izquierda.
«Teníamos dos opciones: o derogar una ley que no nos terminaba de gustar, y esperar dos años como mínimo a tener otra, o sacarla adelante y tratar de mejorarla con los reglamentos. Nos decidimos por la segunda». Ximo Cádiz, jefe de gabinete del conseller Alcaraz, muestra un ejemplar encuadernado de la ley que está marcando la actividad de los primeros meses de funcionamiento de esta conselleria en la mesa donde trabaja, a dos pasos del despacho del conseller.
Es miércoles y este viernes llevan al Pleno del Consell el primer código que se extrae de la ley. Es el de Buen Gobierno. Han estado ocho meses «trabajando con los tiempos diabólicos que lleva la tramitación», explica el responsable de gabinete. Es una de las competencias de la conselleria: reglamentar el detalle de cómo se aplica la ley que heredó del anterior gobierno.
«Es una ley muy densa e incompleta. Por ejemplo, en el reglamento de transparencia se no especifica quién paga al Consejo -un órgano supervisor e independiente-. También prevé sanciones bastante potentes a quienes no publiquen los documentos o no faciliten las informaciones, pero no se sabe quién es el encargado de imponerlas. Todo eso lo tenemos que ver nosotros», lamenta Aitana Mas, crevillentina y directora general del área que más pesa en el nombre de la Conselleria y de Participación. Tampoco parecía contar con la carga jurídica que ha aguantado estos meses.
Desde la última planta, su cometido es básicamente velar por que la ley se cumpla en todas las administraciones del territorio y por que el resto de consellerias no se queden regazadas en la implantación de las nuevas medidas de transparencia. De que, como mínimo, estén subidos y actualizados en el portal de transparencia GVA Oberta los contratos que firman, los convenios, las retribuciones de los altos cargos, las deudas, los gastos de caja fija, la inversión en publicidad y todos los demás documentos que la norma estipula que den ser publicados de manera regular y sin mediar solicitud -publicidad activa, como se conoce en el texto legal-. Para ello coordina una red de «unidades de transparencia» en cada conselleria que compila y sube los datos locales al portal.
Eso incluye agendas de todos los altos cargos, memorias de gastos al detalle, pagos de facturas de luz, agua mineral o tóner... No todo lo que sale de la caja pública son grandes inversiones donde hay que vigilar por si hay mordidas millonarias. La transparencia que impone la ley -«el Consell de Fabra ya publicaba la caja fija», señala una periodista especializada en política autonómica del diario levante-EMV- y la velocidad de actualización que busca imprimir la conselleria puede ser irritante.
No sólo la oposición; también los funcionarios aseguran que no todos los organismos disfrutan mostrando su día a día en una web como pretenden desde la conselleria de Alcaraz. «Es incómodo y como mínimo una tarea más para añadir al trabajo de todos los días. Este portal y lo que se está pidiendo hacer no gusta a todo el mundo. Hay mucha gente colaborando a medias, esperando a ver si el proyecto dura o no como conselleria», cuenta un funcionario del organismo.
«Hay quien se está implicando más», admite la directiva de Compromís. «Educación, Hacienda o Políticas Inclusivas están muy convencidas», resalta.
Con apenas 26 millones de euros de presupuesto, de los cuales más de la mitad se invertirán en financiar proyectos del área de Cooperación; y un trabajo que consiste en desarrollar procedimientos para subir información con aplicaciones informáticas -como una plataforma para que los presupuestos de la Generalitat puedan ser participativos- ;la parte de transparencia se ha convertido en la de «los intangibles y la de los valores», como explica Mas.
Un trabajo difícil de medir que la convierte en objeto de las críticas de la oposición. «Sin desprecio por los temas que trata, me parece exageradísimo el nivel que se le ha dado a la Conselleria de Transparencia. Llevarla desde ese nivel hace que sean más de 600.000 euros en sueldos de altos cargos, es una estructura soviética. Creo que una dirección general que cubriera estas áreas habría sido suficiente», asegura el diputado del PP en las Cortes Luis Santamaría.
Al no ser cuestionado por los otros dos sectores de actividad, de la Conselleria, Responsabilidad Social y Cooperación, el diputado del PP no los menciona.
Sin embargo, dentro de La Cigüeña se quejan de que el personal de que disponen, unos 170 funcionarios para tres direcciones generales y una subsecretaría, es exiguo.
Cádiz parece muy consciente de la terea pendiente, el nivel de exigencia autoimpuesto y las herramientas legales e informáticas de que dispone. Todo el proyecto de la conselleria, que para él emana del convencimiento de que la sociedad «ha cambiado ética y tecnológicamente», se ve lastrado por «un sistema informático que huele a naftalina», como lamenta el subsecretario, Alfonso Poncel.
Porque en el área de Transparencia diseñan, junto con la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que depende de Hacienda, formularios para subir gastos, estadísticas y otros documentos mientras en esta y en muchas otras consellerias los «archivos» se firman a mano y se dejan en carpetas para que un funcionario los escanee para convertirlos en pdf. Construyen autopistas para que circulen carromatos. Mejorar el sistema tecnológico es parte de la «fase de desescombro», como se refieren a la reparación de las inercias de la era PP.
Entre las funciones de transparencia está también la de instaurar la era open data en la Generalitat. El potencial de estas políticas, que saca a luz la documentación profesional con la que trabajan los técnicos de la administración es enorme. Cartografía, estudios, imágenes, bases de datos, y todo tipo de información producida por el sector público que de repente está a disposición de toda la ciudadanía. La primera oleada de datos abiertos ya está disponible en el portal, y aspira crecer y a estar marcada por los mismos principios de periodicidad, claridad, orden y accesibilidad que marca la ley.
Las posibilidades son enormes. «Nos quedan unos años de análisis y de transición, pero esperamos que la cultura de la transparencia y los datos abiertos se impregne en la sociedad», reflexiona Mas. De momento, el número de usuarios es bajo -tal y como ocurre en otras administraciones- y ya se trabaja con plataformas y desarrolladores externos para hacer aún más sencilla y atractiva la información. Porque otra de las funciones del organismo es la del filtrado: si bien los únicos límites para mostrar la actividad interna son el derecho de terceros como el de la intimidad, el secreto profesional, las patentes o el que afecte a la seguridad, «sólo una pequeña parte de lo que se hace en ella es de interés para el ciudadano», apunta la funcionaria. Y es que existe el riesgo de crear un «agujero blanco informativo», donde se sube tanta información que todos los documentos se convierten en ruido confuso. «Si subiéramos toda la actividad de una administración al portal, se colapsaría en un mes», añade el conseller.
Lo que tienen claro Mas y Cádiz es que si existe la conselleria es porque es necesaria en la actualidad, y que su objetivo necesita «mucha visibilidad», en palabras de la directora. «Ojalá todo el mundo tuviera claro esto y no tuviéramos que existir, pero no es el caso», apunta Cádiz.
