En el país que recuerda mejor a sus bandoleros que a sus alguaciles, la picaresca sigue teniendo su aplauso. En España, cuando alguien logra engañar a su aseguradora genera a su alrededor casi tanta condena como indiferencia y admiración: para muchos, defraudar al seguro no es una «acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete» como lo define la RAE, sino un sinónimo de astucia, osadía e ingenio, e incluso de justicia social cuando se hace por necesidad. Lo que gritan las cifras es que en España, y en Alicante, una de sus provincias más defraudadoras según varios estudios, «póliza» parece haberse convertido en sinónimo de «prestación»: En el país, entre los años 2008 y 2014, las reclamaciones indebidas a las compañías aseguradoras se dispararon un 443%, y se pasó de los 75.000 casos de fraude destapados en el primer año fuerte de crisis a los 413.000 intentos de cobro indebido registrados en 2014. Son datos de la patronal del seguro, Unespa, que agrupa a 200 empresas que representan el 96% del sector. A escala autonómica, las compañías interceptaron hasta 42.500 intentos de engaño. Nadie ignora que ambos datos han crecido parejos a la destrucción de empleo y a la pérdida de bienestar de la población.
En Alicante, décima provincia española en intensidad de estafas según el III Barómetro del Fraude de Línea Directa, incluir más daños en un parte de accidente, simular robos o «condimentar» siniestros son prácticas habituales entre particulares y un negocio estable para las redes de estafadores profesionales. Estudiamos el fraude que se ha instalado en la sociedad, donde ya seis de cada 100 partes tratan de engañar al seguro, según este mismo estudio.
El fraude al seguro consiste en falsear o exagerar daños o lesiones para recibir una indemnización, bien de una póliza propia -como en los seguros voluntarios de hogar o negocio- u obligatoria, como ocurre con el de terceros en automóvil. Aunque cada compañía tiene su propia definición de fraude, la patronal llama de esta manera a «toda aquella situación que hace que calcules una cantidad inexacta» de la póliza, en una definición técnica del responsable de análisis de fraude de Unespa, Miguel Ángel Vázquez. Así, desde incluir daños en la carrocería que no tienen relación con el accidente hasta provocar el incendio de la nave industrial donde se desarrolla el negocio asegurado entran en esta definición.
Durante décadas, no han existido clientes estafadores. El fraude era tabú y su coste era absorbido discretamente por la prestataria del servicio: Eran parte del riesgo del negocio. Sus consecuencias se repartían con la misma tranquilidad, subiendo el precio de las pólizas del resto de clientes.
Hasta que durante la crisis la mayor competitividad y el volumen de estafas detectadas han hecho la situación insostenible. Mientras una minoría de aseguradoras prefieren la vieja escuela y no hablan de fraude en público, como Mapfre; otras grandes compañías exponen las vergüenzas en público. AXA, Línea Directa o la propia Unespa denuncian desde hace varios años lo que hacen sus peores clientes mediante estudios y mapas del fraude calculados sobre sus propias bases de datos. En las denuncias que sostienen ante el público aseguran que lo hacen para erradicar la picaresca que sólo logra encarecer las pólizas de los clientes honestos. Por la otra cara del papel, aparecen las inaceptables pérdidas que los cientos de miles de estafas consumadas o en grado de tentativa les causan a ellos y a sus accionistas.
Estas publicaciones incorporan con frecuencia casos reales, investigaciones exitosas en las que los defraudadores son presentados como personajes torpes y codiciosos que no sólo fracasan en su intento, si no que causan la subida de las demás pólizas. Conscientes de que el apoyo social a estas prácticas es enorme -el barómetro calcula que nada menos que nueve millones de conductores, el 35% del total, justifican la estafa al seguro-, la estrategia pasa también por combatir la picaresca y convertir a Curro Jiménez en Homer Simpson.
Durante estos años, la modalidad reina de la estafa es el engaño en el ramo automóvil. En el país, representa un 76% del total de intentos cazados por los peritos, según el informe de Línea Directa. Que la trayectoria de cada vehículo esté rodeada por el halo protector de una póliza convierte las vías urbanas en un mar de oportunidades para los estafadores. Sólo en Alicante hay 1.034.401 pólizas que suman un negocio de 336 millones de euros, según datos de Unespa de 2014.
«El de automóvil es el más típico y es por donde suele iniciarse el defraudador ocasional», cuenta Arturo-López Linares, responsable de gestión del fraude en AXA España, quien coincide sin embargo con Vázquez en que los montajes y las reclamaciones abusivas «se están diversificando» hacia el resto de ramos de seguro. Como señala López-Linares, poca gente se para a pensar que cuando está simulando lesiones o daños, «está cometiendo un delito».
La abogada alicantina Victoria Soriano, de Soriano Abogados, vivió uno de los 40.000 casos de fraude que se detectaron en 2014 en la Comunidad como representante legal de una compañía. «Una chica joven en moto había recibido un golpe por detrás y alegaba sufrir una dolencia cervical. Presentó una baja médica de 70 días», recuerda la letrada. En las indemnizaciones por daños personales, los días de baja son el factor con el que se calcula la cuantía a percibir de acuerdo a unos baremos orientativos que recoge la ley del seguro vigente. Aumentar al máximo esta cifra es la obsesión de los defraudadores, quienes inflan los partes de lesiones y alertan con ello a los tramitadores de las compañías: La desproporción entre la fuerza del impacto -«fue un golpe en un semáforo», recuerda Soriano- respecto de la gravedad de la lesión presentada llevó al seguro a rechazar la reclamación.
El juzgado es territorio hostil para la inmensa mayoría de los defraudadores, denominados «oportunistas». Son los beneficiarios de pólizas «que ni 48 horas antes de presentar la demanda saben que van a cometer fraude», como explica literariamente Vázquez. Motivados por la aparente facilidad de sacarle beneficio a un accidente fortuito -incluyendo un rayajo anterior dentro de los daños o un esguince de otro golpe en el informe de un impacto suave en la puerta delantera-, estos estafadores de poca monta suponen el 98% del fraude detectado. Son carne de cañón para los peritos de los seguros.
«Los técnicos ven donde los demás no vemos nada. Donde el demandante pide 600 euros por el golpe de un todoterreno, ellos descubren enseguida que a esa altura sólo puede causar daños un turismo, por ejemplo, y rechazan la reclamación», apunta Vázquez.
El 86% de los intentos de fraude se cierran por desistimiento del demandante, según un estudio jurídico del presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro Servet, publicado en 2010. El juez sostiene que cuando la compañía dice que no hay indemnización, el demandante suele retirarse sin presentar más batalla.
Pero un 16%, sin embargo, termina llegando al juzgado, a veces con consecuencias nefastas para los estafadores oportunistas. Pablo Soriano, hermano y socio de la letrada alicantina, recuerda cómo una pareja de la capital trató de hacer pasar un accidente casero por un extraño atropello. Tras la negativa del seguro, llegaron a un juzgado en una carrera de recursos que alcanzó su cénit en el Supremo y acabó con «seis meses para cada uno en Fontcalent por intento de estafa», recuerda el abogado.
También insistió en llegar a juicio la citada motorista alicantina. En este caso, aprovechando los tiempos de la Justicia, el seguro fue capaz de recopilar información letal para la denunciante. «La pillaron publicando en Facebook fotos haciendo escalada durante los dos meses que había estado de baja por cervicalgia, lo que ayudó a convencer al juez», cuenta la abogada.
Desde que el dato de pillaje se ha encabritado, muchas aseguradoras han incorporado ya grupos antifraude a sus secciones de tramitación. Estos grupos se apoyan desde hace varios años en profesionales externos, que van desde detectives privados hasta ingenieros. Tienen, además, «gente que se dedica únicamente a investigar redes sociales», cuenta Victoria Soriano.
El estudio del juez alicantino dice que es una inversión muy rentable. Los socios de Unespa gastaron en 2009 seis millones de euros en reforzar su sistema de detección de estafas: Ese mismo año, las reclamaciones sospechosas sumaron 430 millones de euros, pero se terminaron pagando sólo 122 millones.
«Ahora se hacen cálculos de biomecánica para ver si el discurso y los datos que se facilitan sobre el accidente puede generar físicamente los daños que se alegan», explica la abogada. Los investigadores privados graban movimientos, los peritos calculan trayectorias y los expertos en redes sociales buscan incoherencias. La presión es enorme. Sólo cuando no se logra desarmar la estafa y el afectado quiere su dinero las compañías van a mediación o a solucionar el asunto extrajudicialmente con pagos menores, según algunos expertos.
Parece que el clima es de triunfo, pero la realidad es que las aseguradoras no saben cuánto dinero han pagado a los estafadores. «Esto es como la estadística criminal del Ministerio del Interior; sabemos cuántos crímenes se han descubierto, pero no cuántos ha habido», explica el representante de Unespa. Un experto consultado por este diario calcula que la cifra negra del fraude puede ser de 100.000 casos más de los que se descubren, convirtiendo el fraude en una bola de medio millón de casos, sumando éxitos y fracasos, en todo el país.
Dentro de esa cifra negra se encuentran los 15 accidentes simulados que un clan familiar de Alicante había conseguido cobrar de diversas compañías desde 2012 hasta que fueron desmantelados en 2015 por el grupo de delitos económicos de la UDEF. Cayeron 19 personas detenidas que se dedicaban profesionalmente a producir siniestros y a cobrar indemnizaciones: Lograron estafar 150.000 euros en esos tres años gracias a la técnica del latigazo cervical.
Este es el verdadero azote de los seguros de automóvil: una dolencia subjetiva, prácticamente indemostrable, «cronificable» y plenamente reconocida dentro de las lesiones que se pueden producir en un accidente y por tanto, sujetas a indemnización. Basta que el accidentado manifieste padecerla para que los médicos admitan su existencia. Es una de las principales materias primas con las que trabaja el fraude premeditado, una minoría profesionalizada que conoce el proceso asegurador a la perfección.
Un abogado local con experiencia en accidentes explica esta modalidad: «Cinco personas dentro de un coche tienen una colisión intencionada con otro cómplice que va en un segundo coche. Se procura que el impacto sea coherente con la lesión que se va a alegar, a una velocidad controlada y en una intersección, como un ceda el paso o un stop», explica el letrado. A veces, incluyen en el montaje a uno o varios testigos que refuercen la declaración, e incluso se llama a la policía para que redacte un atestado que será de mucho valor para que las compañías den credibilidad al suceso.
Después del golpe, se presentan todos en urgencias manifestando dolor en el cuello. Con una calculadora en la mano y el -antiguo, desde el 1 de enero- baremo legal de indemnizaciones, cada reclamante puede lograr varios miles de euros de compensación por fingir tener dolor cervical .
El abuso ha sido tan denunciado por las compañías que la nueva legislación se inspira en marcos normativos europeos que han logrado convertir esta lesión en un daño indemnizable siempre y cuando se pueda probar objetivamente su existencia. Línea Directa destaca en su informe que el 98% de las lesiones en las estafas son simuladas o exageradas, y que la más común de ellas es el esguince cervical.
Las posibilidades que ofrece el latigazo son tan conocidas que los más avispados «fichan» acompañantes en el acto para incrementar la indemnización. Pablo Soriano recuerda un caso en el que gracias a un policía que paseaba de paisano se probó que un individuo «había metido a cuatro amigos en una furgoneta para que hicieran como que salían del interior» justo de recibir un golpe en una rotonda cuando viajaba solo.
Existe otra escala de estafas que se produce en despachos. Una de las tres redes que han sido desarticuladas por este grupo de la UDEF en 2015 en la capital se dedicaba a «cocinar» documentalmente los siniestros a través de una asesoría. Se captaban accidentados cuyas lesiones se «inflaban» con informes traumatológicos falsificados para que las indemnizaciones alcanzaran los baremos más altos.
Son muchos elementos los que acercan a los investigadores a la sospecha. La edad, el sexo o la situación laboral, el apellidos de los involucrados o la fecha de contratación del seguro son pistas que ayudan a cribar reclamaciones. Al final, «son patrones que se repiten», como explica el responsable de la patronal. Rutas trazables en el mapa del fraude nacional, que se actualiza constantemente: Los datos de Unespa dicen que en España, cada 57 segundos una persona intenta engañar a su seguro.
