Con una sonrisa cauta y alegría contenida, las tres principales fuerzas de la izquierda en la Comunidad Valenciana firmaron el pasado 11 de junio los acuerdos del Jardín Botánico de Valencia. La imagen marcaba el inicio de una nueva época política que se proponía la recuperación de lo público, un gobierno regenerador y la ruptura con el pasado. Porque los acuerdos certificaban también la defunción práctica del PP tras 25 años de gobierno monocromático en la autonomía. Ximo Puig, un pequeño líder en una gran formación, el PSPV, y Mónica Oltra, una gran dirigente al frente de una formación de tamaño medio como Compromís, se repartieron el gobierno de la Generalitat con la complicidad del actor emergente que durante más tiempo ha dominado el debate político tanto fuera como dentro de la Comunidad y la provincia: Podemos. Antonio Montiel, el secretario general autonómico surgido de los innumerables y polémicos procesos de primarias que han constituido las bases del partido de Pablo Iglesias en la región, es la tercera pata del ejecutivo de izquierda: rechazó entrar en el gobierno pero asumió para su grupo la misión de velar por el cumplimiento del acuerdo desde la oposición.
La descomposición del PP
Hasta la investidura de Puig, la Comunidad vivió un creciente clima de incertidumbre política y social bajo una capa de aparente mejora macroeconómica que se dejaba sentir muy poco en la economía real; clavada en una ya perenne sensación de crecimiento cero entre la población. Este estancamiento económico y laboral anunciaba un primer voto de castigo a los alcaldes en los primeros comicios del año que afectaban a todo el país, las municipales.
Con el arranque del año las encuestas empezaban a demostrar que Ciudadanos ganaba simpatías a la izquierda del PP y que Podemos seguía haciendo lo propio a la izquierda el PSOE. Las dos formaciones de la «nueva política» empezaron a principios de año su proceso de extensión por la provincia con velocidad -y éxito- desigual.
En enero, en la capital, la bronca interna por la dirección en el partido de Pablo Iglesias ganaba protagonismo mientras el veteranísimo concejal de Cultura del Ayuntamiento, el popular Miguel Valor, tomaba la vara de mando de Alicante con la misión de acabar con la crispación generada por Sonia Castedo y reconducir la imagen del PP local. La exalcaldesa, dolida con afines y extraños, elegía un programa de Tele 5 para dar cuenta de su gestión de siete años y su relación con Enrique Ortiz. Desde entonces vive retirada y encausada en dos procedimientos judiciales.
En el programa, Castedo se defendió como pudo y no puso la mano en el fuego por nadie. Estaba marcando el estilo que iban a seguir los numerosos compañeros de partido que iban a ser detenidos, imputados o desalojados de sus puestos a lo largo del año en el que el PPCV ha sido brutalmente debilitado por la acción judicial y las urnas.
Los gestos en Alicante, como los de Valor de quitar contratas municipales a Ortiz -la millonaria concesión de limpieza de colegios que retiró a finales de enero- o reducir el macrocentro comercial que acompañaría la instalación de Ikea en Rabasa, y en Valencia, como las gestiones de Fabra para apartar sospechosos de la primera línea del PP en la Comunidad, llegaban muy tarde. El calendario hasta las municipales iba a ser una carrera por un campo de minas que estallaban con ritmo semanal en los medios de comunicación.
El primero fue en marzo, cuando el alcalde de Beneixama y dos ediles populares fueron detenidos en una investigación policial por presunta corrupción. Ocurría pocos días después de que la primera directiva del parque de ocio Terra Mítica, impulsado por Zaplana en Benidorm, se sentara en el banquillo por un supuesto fraude millonario en facturas durante su construcción.
Una foto similar se publicaba en abril, sólo que esta vez eran Milagrosa Martínez, Rafael Betoret y otros dirigentes del gobierno de Camps quienes se sentaban como acusados en el caso Fitur por contratos con la trama Gürtel. Ambos declararían meses después haber seguido instrucciones de Camps en todo momento.
Más titulares demoledores para el PP en el mes de abril. El día 22 se da a conocer que Hacienda investiga el presunto pago de 350.000 euros de una constructora a Federico Trillo cuando era diputado por la provincia, mientras que la coalición Compromís pide a la Fiscalía Anticorrupción, un día más tarde, que investigue los más de 278.000 euros que la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, había pasado como gastos de representación. El cargo al erario público de copas, comidas en restaurantes de lujo y estancias en hoteles de primera clase quedaría como símbolo de una clase dirigente que se precipitaba en el desprestigio. Metafóricamente, justo antes del arranque de la precampaña, un informe de la OCU situaría a Alicante como la tercera ciudad más sucia de España.
En mayo, las noticias sobre corrupción y malestar interno en el PP se mezclan con las encuestas que elevan el número de indecisos en la Comunidad Valenciana al 40% del electorado: El mismo día 1 se da a conocer la investigación al alcalde de Xátiva y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por una presunta trama de cobro de comisiones.
Días después, la proclamación de la consellera Asunción Sánchez Zaplana como candidata a la alcaldía de Alicante descartaba a Valor, quien decidirá poco después dejar la primera línea tras sentirse «ninguneado» por los suyos. Y a sólo cinco días de las elecciones, la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, también imputada en el caso Brugal, anuncia que deja el partido para integrarse en otra candidatura.
En efecto, como pronosticaban los sondeos y anunciaba el resultado de las andaluzas de marzo -que mostró el músculo de los emergentes obligando a la vencedora del PSOE Susana Díaz a garantizar su investidura pactando con Ciudadanos-, el partido tradicionalmente más votado en la Comunidad volvía a ganar el 24 de mayo pero perdía 600.000 votos. Una victoria estéril: perdía la mayoría absoluta en Las Cortes, las tres capitales de provincia y la tercera ciudad más importante de la autonomía, Elche. En la provincia, 10 de las 17 ciudades más pobladas votaron mayoritariamente otras opciones.
Aquella noche se tomaba otra de las fotografías icónicas del año: el delegado del Gobierno en la Comunidad, Serafín Castellano, consolando a Rita Barberá tras la debacle. Ella sería desalojada por un nuevo alcalde, el nacionalista moderado de Compromís Joan Ribó, y él, una semana después, era arrestado por presunta prevaricación, malversación y cohecho en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación. «Castellano remata al PP» tituló este diario.
Pero no fue el último en hacerlo. Entre finales de mayo y comienzos de junio llegaron al juzgado que investiga las presuntas irregularidades del PGOU de Alicante los informes sobre los incrementos de patrimonio del exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi. En junio, el Tribunal Supremo terminaba de hundir la imagen del Consell de Francisco Camps al confirmar la condena a seis años de prisión al exconseller Rafael Blasco por desvío de fondos en el llamado caso Cooperación. Y dos días después, el exedil por el PP en Alicante Kiko Sánchez era condenado a 3 años por cohecho y prevaricación cometidos durante su etapa municipal.
Mientras se configuraban unas Cortes cohesionables sólo por afinidades ideológicas, el hedor de la corrupción funcionó para espantar a la pareja más cercana al PP, el centro de Ciudadanos, que rechazó la posibilidad de pactar con el partido de Alberto Fabra. A la vez la izquierda estaba siendo capaz de coser sus diferencias y se marcaba una agenda de prioridades para un posible pacto de gobierno. Antes de que PSOE, Compromís y Podemos firmasen los pactos del jardín botánico del 11 de junio y que dos alicantinos, el alcalde de Muro, Rafael Climent, y el profesor de derecho constitucional Manuel Alcaraz se sumaran a él como conseller de Economía y de Transparencia respectivamente; las cámaras pudieron retratar a Blasco entrando con una maleta en el penal de Picassent.
Unión de la izquierda
Desde principios de ese mes, los restaurantes y cafeterías anejos a la mitad de los ayuntamientos de la provincia se llenaban de camarillas en actitud negociadora. La nueva situación política, con plenos más fragmentados y plurales que nunca -En El Campello entraron concejales de ocho partidos- marca un mandato de pactos para garantizar la gobernabilidad.
El pacto de Alicante capital se fragua entre grandes incertidumbres y con un movimiento final del candidato socialista Gabriel Echávarri -quien ya en enero se rodeó de un halo de maquiavelismo al descubrirse una red de cuentas falsas en Twitter para desacreditar a sus rivales- que logró el apoyo de Ciudadanos para ser investido alcalde en caso de que hubiese traición en el último minuto de sus socios, Compromís y Guanyar Alacant.
No la hubo y logró la vara de mando. A cambio, Natxo Bellido conseguía para Compromís la portavocía del gobierno y la coalición compactada por EU y Podemos controlaba la vicealcaldía y Urbanismo a través su cabeza de lista, el exconcejal de EU Miguel Ángel Pavón. Su gestión en esta área iba a convertirle en la figura más controvertida fuera del consistorio del nuevo gobierno alicantino.
Por otra parte, la buena cosecha del partido naranja -formado en buena parte por exmilitantes y exediles de otras formaciones-, en todos los municipios de la provincia le permitió poco después, en la negociación del gobierno de la Diputación, tener la llave de su presidencia. Esta negociación tendrá dos grandes perdedores, también del PP: la «jubilada» y expresidenta Luisa Pastor y el antiguo factótum popular de la provincia y hoy convertido en presidente provincial sin mando fuera del partido, José Císcar. A cambio de dejar presidir la Diputación al popular César Sánchez, el partido de Rivera pidió decidir sobre el MARQ, SUMA, el Adda, el Gil-Albert y tener la cabeza de Císcar.
Corría el 7 de julio. Un tercio de la provincia de vacaciones, otro tercio sin ocupación y otro tercio trabajando para la esplendorosa temporada turística -el lleno se preveía tras la gran Semana Santa en Benidorm-. En este momento las denuncias por pucherazo en las primarias en la formación de Pablo Iglesias lograban que Podemos expedientara a la cúpula del partido en la capital, liderada por Jesús Bustos.
Durante todo el verano y hasta final de año, la capital librará una guerra de símbolos: muchas tradiciones serán atacadas por Guanyar al considerarlas vinculadas a la derecha. Mientras el PP pedirá en julio nombrar a José Mari Manzanares hijo predilecto de la ciudad, los concejales de esta formación con el apoyo de Compromís tratarán de estrangular financieramente la fiesta taurina. La retirada de un busto del rey Juan Carlos y del belén municipal van a ser también otras decisiones polémicas del tripartito. En agosto, su edil de Juventud y Protección Animal, Marisol Moreno, será imputada por injurias al rey en su cuenta de Twitter, por las que está siendo juzgada en la Audiencia Nacional.
En el mes de octubre, el ejecutivo autonómico solidificaba en números su eje programático de cinco puntos, lastrado por una deuda heredada de 37.600 millones de euros. Entre las prioridades se encuentra la derogación del copago sanitario, el cumplimiento de la Ley de Dependencia y garantía de sanidad universal.
Se acercaba la precampaña para las decisivas generales del 20 de diciembre. La buena sintonía mostrada por Podemos y Compromís a lo largo del año -«Mónica Oltra me representa», declaró el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, en un acto en Elche en noviembre- quedó confirmada cuando ambas formaciones anunciaron su candidatura conjunta a las generales del 20-D.
Con Asunción Sánchez Zaplana abandonando la dura oposición en Alicante por una opción de entrar al Senado se inicia la precampaña para las generales con un «fichaje» del PP: el madrileño ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo iba a ser cabeza de lista al Congreso por Alicante.
El pasado 9 de diciembre, la ruta de mítines de los candidatos a la presidencia del Gobierno de Ciudadanos y Podemos y el presidente Rajoy coinciden en la provincia. Albert Rivera y Pablo Iglesias se dirigieron a los suyos en la capital mientras el candidato popular opta por reforzar sus simpatías en Orihuela.
El resultado volvió a dejar al PP con el premio de consolación de ser el partido más votado en la provincia: tras el 20-D, el PP ha perdido cuatro diputados de los ocho que tenía en la recién terminada legislatura.
Otros asuntos
Este 2015 ha sido también un año muy tenso para los agricultores. La falta de lluvias durante la primavera condujo a un mes de agosto extremadamente seco con las reservas de agua al mínimo no sólo en los pantanos de la provincia, sino también en los enormes embalses de la cabecera del Tajo desde donde se bombean hacia Murcia, Alicante y parte de Almería caudales para riego y consumo humano mediante el trasvase Tajo-Segura. Desde este verano, los límites de las reservas de agua son tan bajos que el envío de agua está bajo la supervisión directa del Gobierno. En septiembre, los aportes han sido tan escasos que los regantes del sur de la provincia deben completarlos con compras a otros sistemas de riego y con aportaciones de la desaladora, más cara y además excluida de poder recibir subvenciones europeas. Así, el año 2015 se cierra con la creación de un lobby provincial para demandar soluciones al sempiterno déficit hídrico de la provincia.
De Bruselas han estado también pendientes los ejecutivos de Fabra y Puig durante todo el año por el complejo de Ciudad de la Luz, cerrado desde finales de 2013 y en busca de un comprador razonable. Este verano, con el plazo de subasta por 20 millones al límite de su cumplimiento, el Consell logró una moratoria hasta finales de año para presentar un nuevo pliego de condiciones de venta que garantizara la venta por al menos 50 millones y el uso audiovisual de las instalaciones. Está siendo estudiado por la dirección general de Competencia.
Ha sido un año de cambios, de pactos, de derrumbes y también de nuevas esperanzas. En mayo, robando espacio a la egocéntrica actualidad política, la alicantina María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, emergía en las portadas de todos los periódicos para gritar un mensaje muy claro: «Hemos logrado una manera nueva de parar el cáncer».
