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¡A trabajar!

Se acabó la matraca electoral que nos ha machacado día tras día desde hace casi dos años con tantas elecciones...

Los candidatos al Congreso por Alicante, en el debate de InformaciónTV. rafa arjones

Y cómo el deseado Albert Rivera «cantó» al interpretar a Kant de oído, y a Pablo Iglesias tocando la guitarra y cantando, aunque no interprete casta diva, porque la casta no le va y no es su registro de voz. Y todos han dicho que no pactarán con los demás, y, en apenas unas horas, todos querrán pactar.

¡Se acabó la fiesta! Es hora de ponerse a trabajar, cumplir los programas y luchar para alcanzar los objetivos. Es hora de aparcar monsergas, de olvidar reproches, de no volver a repetir lo de «las herencias recibidas», porque aburre y al menos los dos partidos que han gobernado desde la transición tienen porqué callar. Es hora de acabar con la crispación, que muchas veces incita a la violencia.

Hora es ya de actuar para mejorar asuntos cruciales, como el paro, desigualdad, formación educativa, corrupción, impartición de la justicia, moral fiscal, fraude y economía sumergida, reforma constitucional, violencia de género, lealtad política, reforma fiscal y tantas otras a las que hay que enfrentarse atendiendo a los servidores claves a los que se refirió Kipling: los qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué.

Pese a los muchos días destinados a ganar votos, apenas se ha profundizado en los problemas a resolver. Por ejemplo, en materia fiscal, Bruselas nos insta a continuar con la reforma, porque en este país no solo se pagan los tres impuestos capitales: IRPF, impuesto sobre sociedades e IVA. Porque impuestos son también los autonómicos: transmisiones patrimoniales; patrimonio, sucesiones y donaciones, además de los no pocos medioambientales y la panoplia de excentricidades tributarias a las que muchas comunidades han dado vida con evidentes quiebras al sentido común. Y, además, están los impuestos municipales. Así que también exigen continuar casi todas las comunidades y los 8.114 municipios.

Hasta ahora se han dado largas a las autonomías y a los ayuntamientos, con el señuelo del «después de las elecciones», dejando la reforma de la Hacienda autonómica y local al nuevo legislador, al que hoy mismo saldrá de las urnas. Salvo excepciones, los contribuyentes se formulan preguntas a las que no se les ha dado respuesta: ¿Se seguirá exigiendo el impuesto de patrimonio, o se cambiará para que sean los ricos de verdad quienes lo soporten en vez de la siempre sufrida clase media? ¿Qué va a pasar con el impuesto que grava las herencias, aprovechando la llegada de la muerte, porque Hacienda no pierde oportunidad, o cómo armonizarlo, para no tener que entrar en regateo por ella? En fin, que uno se pueda morir donde le plazca y no donde quiera el fisco, o ¿qué ocurrirá con la panoplia ineficaz de los impuestos medioambientales, con el impuesto al sol, con el de las grandes superficies -en stand bye por decisión del Supremo-, con el de las transferencias bancarias, con las tasas al turismo y con tantas otras extravagancias fiscales que se cuentan y no acaban?

Y si esto es importante, no vean la que les espera al Gobierno y a tantas comunidades, con el muy difícil reto de reformar su ley de financiación (LOFCA). Si en algo se está de acuerdo es en que la actual es injusta y desigual, pero, ¿cómo se va a lograr una solución que a todos agrade si todas las comunidades quieren sacar tajada? Difícil es si las que ahora mejor están no quieren ceder y solidarizarse con las que reciben menos para atender las mismas necesidades. ¿Vamos a seguir adelgazando al Estado para contentar a todas?

Y la tardanza de la reforma municipal ya huele a puchero de enfermo. Llevan los municipios casi dos décadas esperando que se decidan a hincarle el diente. El «vuelva usted mañana» ya no sirve y se presume que todo pueda acabar como el parto de los montes. La imposición municipal es impresentable y debe modernizarse, no para que recaude más, que ya está bien, sino con mayor justicia, porque se desentiende de la capacidad económica del contribuyente, y es ancestral, porque sus dos principales impuestos (IBI e IAE) provienen de otros que nacieron hace dos siglos y a los que poco se ha corregido, sino agrandado, sus grandes defectos. No respeta la neutralidad y somete sin piedad a los inmuebles, pese a que ya lo hacen las otras haciendas -estatal y autonómica-, y es desincentivador porque grava doblemente, con el ICIO y la tasa por licencia urbanística, a la construcción, lo que no se hace con ningún otro bien, producto o sector. Y se llega al récord de inequidad al exigirse siempre la plusvalía municipal, hasta con pérdidas ciertas, y pese a que ya en el IRPF se paga. En cuanto al impuesto sobre vehículos, ni desincentiva el excesivo uso urbanístico ni corrige el daño medioambiental como debiera. De las injusticias del IAE, mejor no hablar?

Nadie le niega al IBI su condición de impuesto puntero municipal, pero de ahí a desangrar a los vecinos, a subirlo cuando debiera bajar, a que los valores catastrales no se adapten a la coyuntura económica, ni se cambien al unísono en todo el territorio nacional, a que no se revisen a la baja cuando el mercado se derrumba, a que las cuotas a pagar sean tan altas e insalvables; a que la vivienda habitual no tenga un tipo impositivo más favorable que los demás inmuebles, entre otras muchas penalidades, hay un largo trecho por recorrer si se quiere modernizar y humanizar a un impuesto al que todavía algunos le siguen llamando contribución, pese a que casi se ha convertido para quienes carecen de rentas o estén por debajo del mínimo vital, en una expoliación.

Como se ve, y es un ejemplo lo fiscal, hay mucho por hacer. Así que a formar gobierno y ¡a trabajar!

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