La última torre de media tensión se ha perdido en el retrovisor del coche hace casi un kilómetro cuando la casa de Juanle aparece en el horizonte agreste de esta zona aislada de la partida de El Moralet. La carretera es el único servicio público que llega a este chalet de dos alturas que se levanta en un diseminado con pocos vecinos, fuera de ordenación y sin cita en la agenda del Ayuntamiento. No hay agua potable, red de saneamiento ni electricidad. Están tan aislados que se defienden de los robos con linternas y patrullas vecinales.
«Llamamos para que nos tiraran un cable desde aquella última torre, pero lo teníamos que pagar nosotros», cuenta este técnico electrónico alicantino, casado y con dos hijos. «Cobraban unos 20.000 euros, así que tuve que buscar otra forma de tener electricidad», cuenta desde la entrada.
La encontró. Bajo el balcón, dos placas de energía solar térmica recogen la última claridad de una tarde muy nublada para calentar el agua que llega a la ducha y a la cocina. A pocos metros, seis paneles fotovoltaicos montados en una caseta sobre un bastidor de unos doce metros cuadrados recogen radiación solar suficiente como para iluminar la casa por dentro y por fuera y alimentar varios electrodomésticos.
Juanle asegura que cubre el 70% de la demanda energética de su casa con los paneles solares. Para el 30% restante y para el sistema de emergencia tiene que recurrir a combustibles fósiles: gas propano y gasoil para el grupo electrógeno que mantendrá su casa encendida si se queda sin reservas.
Aunque gasta una suma importante cada vez que repone el tanque y está pagando aún los 1.600 euros de la batería que compró el año pasado, hace tiempo que ha amortizado las placas. Y lleva más de 10 años sin ver una factura de luz. «Esto no es la panacea. Tiene su mantenimiento y hay que cambiar las baterías con frecuencia. Pero nos gusta esta forma de vida. Ahora no creo que me enganchara a la red aunque tuviera un punto de suministro cerca», explica Juanle.
Es lo que el Gobierno entiende por un «autoconsumidor de electricidad aislado», alguien que no tiene acceso a la red eléctrica y se ve en la necesidad de generar sus propios recursos. Los aislados son la única pieza del tablero energético español a la que la nueva normativa de autoconsumo eléctrico no obliga a pagar impuestos por obtener energía de la naturaleza.
Todos los demás usuarios de instalaciones este tipo -ya sean pisos con placas en la azotea, chalets con miniaerogeneradores o talleres con paneles fotovoltaicos- están obligados a contribuir con el Estado y las compañías a mantener la red energética tradicional.
Con el decreto de autoconsumo aprobado por el ministro José Manuel Soria en octubre seguirán llegando facturas a los autoconsumidores, quienes deberán hacer números y ver si realmente compensa invertir en placas que dan luz gratis si al final va a pagar casi lo mismo. Para los partidarios de un cambio energético basado en las renovables, el decreto es «un palo en la rueda del autoconsumo», según Fernando Amat, presidente de la Asociación Provincial de Empresas del Sector Energía de Alicante, Asener, que desincentiva la inversión de familias y empresas y que tiene como objetivo principal garantizar un sistema energético donde los combustibles pesan más que las energías limpias.
En la actualidad, según datos de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), el mix eléctrico español está generado en un 70% por combustibles, mientras que sólo el 30% de la generación se obtiene de fuentes renovables.
Dos meses antes de la cumbre de París en la que se busca el acuerdo más relevante hasta la fecha en lucha contra el cambio climático y mientras Marca España vende tecnología verde made in Spain en el mundo, el Gobierno del país del sol «publica una de las leyes más restrictivas en energías renovables entre los países desarrollados», como sostiene Amat. Recorremos de la mano de sus protagonistas en Alicante la realidad del autoconsumo de energía limpia en España.
Cae la noche. Al fondo se ilumina el alumbrado del núcleo principal del Moralet. De las casas salen cables negros que llegan a los postes de luz. De ellos, más cables que los conectan con las líneas metálicas de media tensión. El entramado abraza las grandes torres eléctricas que se pierden desde la carretera hacia la costa, buscando la subestación que alimenta de energía a toda la ciudad de Alicante y las poblaciones cercanas.
Esta es una pequeñísima parte del mapa eléctrico español, formado como una especie de red nacional de carreteras de energía. Canaliza la electricidad desde su generación -mayoritariamente en grandes centrales nucleares, de gas natural, de carbón y de ciclo combinado pero también en parques eólicos, fotovoltaicos o instalaciones hidroeléctricas- a través de un sistema principal de autovías y uno secundario de media y baja tensión hasta los contadores de los hogares.
Cerca de 27 millones de clientes forman los extremos de la red. Son el sujeto pasivo del sistema: Reciben, consumen y pagan.
Su dinero se lo reparten los dos actores principales: el Estado, propietario de las líneas de muy alta tensión por las que viaja la energía desde sus puntos de generación hasta la red secundaria, y las compañías que generan y distribuyen; propietarias de las centrales y de este subsistema que recibe y reparte la electricidad. Aunque el Estado es operador principal, todo empieza y acaba en manos de compañías privadas.
No sólo son multinacionales como Iberdrola, Endesa o Gas Natural Fenosa quienes basan su negocio en generar electricidad y venderla a los hogares. En España, la expansión de la idea de que cualquiera puede recoger energía del sol y beneficiarse de ella se produjo con los productores particulares que aceptaron la propuesta del Gobierno de generar luz limpia a cambio de generosas primas.
Multiplicar los aportes en la cabecera de la red -parques eólicos y fotovoltaicos de todo tamaño que se enganchaban como generadores de energía- era una de las estrategias principales del Plan de Fomento de Energías Renovables, que durante la etapa de Zapatero alcanzó su mayor desarrollo. «Si el precio del kilovatio hora (kWh) consumido en los hogares era de 0,12 euros, los productores lo cobraban a 0,46», recuerda Amat.
Al abrigo de las ayudas el sector floreció. La tecnología era aún cara -«ahora los paneles para generar un kW cuestan unos 1.000 euros mientras que antes estaban en 8.000», apunta Juanle-, pero no faltaba financiación para los emprendedores solares y eólicos. «Todos los bancos te prestaban los 300.000 euros que costaba un parque fotovoltaico porque era un negocio seguro: Nadie se esperaba que el Gobierno fuese a cambiar las condiciones, ni mucho menos que lo hiciera tan rápido», cuenta un productor reconvertido en instalador que prefiere no decir su nombre.
En efecto, la crisis de 2008 acabó con el programa de subvenciones y casi con la reputación de la energía verde, que fue tachada de insostenible y ruinosa. Como el Gobierno redujo drásticamente el porcentaje de las primas con carácter retroactivo, miles de inversores vieron cómo de la noche a la mañana la rentabilidad de su parque energético se desplomaba mientras tenían que seguir devolviendo préstamos e intereses. Fue una verdadera ruina. A su stock de casas embargadas, los bancos fueron sumando decenas de hectáreas de campo sembradas de paneles solares.
También las grandes generadoras de energía tuvieron expectativas defraudadas. Las autoridades plantearon un escenario de crecimiento económico y demográfico acorde con el panorama macroeconómico de la España de los primeros 2000: una flecha disparada hacia arriba. Las compañías energéticas instalaron una capacidad de generación «que aumentaba al doble la demanda del país a mitad de la década pasada», según señala el portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) en la Comunidad Valenciana, Salva Moncayo.
«Las energéticas reforzaron la producción con carbón y gas en ciclos combinados», explica con un gráfico en la mano. Señala cómo en 2008 la curva de demanda de un país en quiebra empieza a caer mientras la capacidad de abastecimiento del sistema se había duplicado.
Así, según Moncayo, las compañías lograron posteriormente añadir esos costes a los conceptos distintos del propio consumo eléctrico que contiene la factura de cualquier cliente. En él se incluyen también las primas a las renovables y la moratoria a las nucleares, entre varios conceptos. Esta composición de la factura entronca con el denominado déficit de tarifa: una supuesta deuda que los usuarios tienen con los propietarios del sistema. «El déficit de tarifa es la excusa que tienen las eléctricas para repercutir sobre todos los españoles el coste de las inversiones innecesarias que hicieron», declara Moncayo.
Surgen nuevos actores en el escenario que no están dispuestos a que se demonice a las energías renovables y que piden replantear el modelo energético. En 2012, surgen movimientos como la Px1NME que reclaman una mayor presencia del autoconsumo y las renovables que desemboque en la supresión de los combustibles, completando una reclamación que hacían desde la economía social empresas y cooperativas como Som Energia y Ecooo. Con la idea de rescatar el buen nombre de las renovables y la rentabilidad de la generación subvencionada -las primas del Estado cayeron pero no habían desaparecido- lograron rascar clientes de las eléctricas tradicionales con sus productos, como la energía de origen renovable certificado.
Mientras tanto, los emprendedores que no habían emigrado trataron de ofrecer menos resistencia a los vientos de cambio y diversificaron su negocio. Mutaron en pequeños instaladores, consultorías o fabricantes buscando el mercado detallista. «Las renovables habían pasado de ser un producto financiero a convertirse en uno de ahorro», explica desde Asener Amat. Con el país concienciado con la reducción de gastos, llega la revolución led y las primeras demandas de una regulación sobre el autoconsumo, avaladas por el impulso que la generación en casa empezaba a tener en la legislación de otros países como Alemania, Portugal, Grecia, Italia, Dinamarca, Australia, EE UU o México.
En 2011 llegó el primer real decreto. Pese a que contemplaba el balance neto, una de las mayores reivindicaciones de los autoconsumidores por permitir el vertido a la red de energía a cambio de una compensación económica o una abastecimiento posterior -suprimida en el actual texto-, no permitía el uso de baterías de acumulación para el usuario industrial. Fue considerado superficial y contradictorio. «Desincentivó la compra de instalaciones y provocó una auténtica espantada de inversiones», apunta un especialista en renovables de Fempa.
Antes del cambio de gobierno que devolvió al PP al poder empezaban ya a sonar voces que reclamaban una auditoría eléctrica independiente para aclarar el opaco mercado de la energía y desenredar los conceptos que componían el «déficit de tarifa».
Los expertos consultados creen que las eléctricas temen desde hace mucho tiempo que el autoconsumo perjudique su negocio y que han sabido jugar con mucha ventaja. «Hace seis años las eléctricas vieron la amenaza del autoconsumo y en lugar de ser pioneros en fomentarla lo que han hecho es frenar su desarrollo», asegura Cote Romero, directora de Ecooo.
Para Amat, uno de los grandes éxitos del sector en este sentido ha sido conseguir que el Gobierno aceptase cambiar el sistema de facturación esta legislatura.
«El recibo eléctrico es incomprensible. Pagamos una parte fija de costes y una parte variable por lo que consumimos. Han conseguido subir el precio de la potencia contratada y bajar el precio de la energía consumida. Así, pagas por lo que tienes contratado y no por lo que gastas: puedes tener la fábrica cerrada todo el verano que vas a pagar casi lo mismo que en los meses de más consumo», lamenta el ingeniero y representante de las empresas sector. El ingeniero de la patronal FEMPA explica el truco del término de potencia o parte fija de la factura: «Las compañías han abaratado la bebida pero te cobran el envase al doble».
Roberto Romero, instalador de fotovoltaica alicantino, coincide en que la estrategia ha sido muy eficaz. «En este tiempo han subido el término fijo de la factura un 112% mientras que han bajaban el precio del kWh».
Los críticos aseguran que se ha adoptado esta medida ante la caída del consumo y en previsión de que aumente el número de clientes que generen su propia energía y caiga por tanto la demanda de kWh de la red.
Hogares que necesitan potencias de menos de menos de tres kilovatios, demandas superiores a los 10 kW para actividades empresariales o grandes consumos en industrias; todos los clientes de la red están pagando más por el derecho a poder consumir que por el consumo real. Las citadas fuentes del sector energético explican que se trata de una maniobra de comercialización que practican todas las compañías.
«La gente aún no ha visualizado la jugada. El gran problema de las renovables es que no se pueden controlar: si es de noche, la solar no produce, y si no hay viento, el molino no gira. Además las baterías para almacenamiento son caras: si quieres asegurarte la energía tienes que seguir conectado a la red», cuenta Amat. Es decir, tener un contrato y recibir facturas. Aún necesitando «muy poco aporte» de la red general «seguirás pagando» por el envase a la compañía, explica. El único autoconsumidor que no colaborará con el sistema es el que está excluido de él, como Juanle, o el que elija desconectarse y correr su propia suerte.
Por esta razón, los críticos con el oligopolio energético creen que hasta los pequeños autoconsumidores, aquellos con una potencia contratada menor a 10 kW, siguen estando obligados a mantener el sistema de forma indirecta a través de sus facturas.
Desde la aprobación de este real decreto (RD 900/2015), los que superan esa referencia están gravados directamente con un «impuesto al sol» que marca una contribución por cada kilovatio producido con sus equipos de autoconsumo.
Así, un particular debe invertir unos 5.000 euros para disponer de un sistema de paneles solares de unos 3 kilovatios de energía y un kit de baterías capaz de almacenar para tres días sin sol. Son diez años de amortización en los que se sigue pagando facturas.
¿Consumo compartido entre comunidades de propietarios? Moncayo recuerda que el decreto también obstaculiza también esa posibilidad.
A día de hoy, optar por el autoconsumo para los hogares es una elección que tiene más que ver con la ideología y el estatus que con el ahorro. Y son «quienes tienen más facilidades en el decreto autoconsumo a quien menos les interesa» por la baja demanda energética que tienen, según Romero, ingeniero en Autovoltaica. «Cuando superas el tramo de los 10 kilovatios, la cosa se complica aún más». Es entonces cuando pagas el impuesto al sol -y al viento- directamente.
«Me voy a desenchufar de la red». Andrés ha hecho los números tras leer la parte económica del decreto de Soria y, con la calculadora en la mano, ha decidido que no le merece la pena seguir formando parte del sistema eléctrico español. La red le pide un impuesto de respaldo porque está recibiendo gratis del sol grandes cantidades de energía en lugar de comprarlas a las compañías.
Con una potencia instalada de 10 kW en las placas solares del tejado de su cafetería y un contrato de 15 kW con una eléctrica para asegurarse que podrá satisfacer cualquier pico de demanda del bar que tiene a las afueras de Camp de Mirra, forma parte de ese tramo superior de autoconsumidores que la reforma grava en función de lo que produzca cada año. El llamado impuesto al sol.
«Desde que tengo los paneles la factura ha bajado a la mitad. A este ritmo amortizo las placas y las baterías en nueve años. Pero si tengo que pagar cada año lo que marca el impuesto, se me sube a 15 años».
El empresario medita. Si elige la desconexión para convertirse en un autoconsumidor aislado, su único apoyo en días de nubes será un grupo electrógeno como el que tranquiliza a Juanle en su parcela. A cambio, tardará seis años menos en disfrutar de la magia que mantiene la tostadora y las bombillas encendidas sin costarle ni un céntimo.
A día de hoy, la instalación industrial de Andrés es «alegal». El decreto de autoconsumo prevé, a fin de «garantizar el sistema eléctrico» y de velar porque la integración en la red de estos productores se realice «en condiciones de seguridad», la creación de un registro administrativo de grandes autoconsumidores de inscripción obligatoria. Inscribirse en él es «farragoso» según Amat, pero no hacerlo es arriesgado: Escaparse del control del Estado está sancionado con multas que superan los 600.000 euros.
Como el plazo que ha dado el Gobierno para completar la inscripción son seis meses, muchos productores como Andrés están esperando con el enchufe en la mano a las elecciones del día 20. Todos los partidos menos el PP han anunciado su intención de derogar el impopular decreto si llegan al gobierno.
«Hemos pasado dos años esperando esta normativa para ver si mejoraba la anterior. Ahora estamos esperando a que pase el tiempo a ver si la derogan», lamenta Romero.
Si la intención del legislador era desincentivar la producción propia de energía, está funcionando. Ni Fempa, ni Asaja, ni Avecal pueden indicar ningún asociado que haya decidido apostar por el autoconsumo de renovables. Puede ser ecológico, pero no es económico. «Han convertido un producto pensado para aumentar la competitividad empresarial y reducir el gasto en electricidad de los hogares en un producto para esnobs» reflexiona incrédulo Amat.
Frente la continuidad de una red contaminante, la alternativa. El sistema energético que defienden los opositores al decreto está basado en la llamada «generación distribuida», un planteamiento que supone un reseteo radical porque rompe el carácter unidireccional del sistema. De hecho, traslada la generación al punto de consumo y convierte las plantas generadoras en un elemento meramente preventivo y a extinguir. «Se trata de que la propia red funcione como una batería a la que continuamente está llegando energía generada en los tejados de los edificios: Todos los usuarios vierten y toman en función de lo que generen» explica el portavoz de la plataforma.
Las compañías eléctricas, lógicamente, ya han vertido dudas sobre la estabilidad de una nueva red como esta.
