¿Es la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal una ley de punto y final? ¿Se pueden poner plazos a las investigaciones?
En un poco fuerte decir lo de ley de punto y final o que va a generar impunidad aunque fijar plazos y establecer prórrogas que sólo puede solicitar el fiscal, con su estructura jerárquica a cuyo frente está una persona nombrada por el Gobierno, sí que da la impresión de que en investigaciones complejas que puedan inquietar al Ejecutivo podrían agotarse esos plazos. Teniendo en cuenta la situación actual, haberlos fijado es un desafío innecesario.
¿Con más medios se conseguiría una Justicia más rápida sin necesidad de esos plazos?
Sin duda. Y sin dotación el tema puede naufragar. Pero insisto en la alarma que provoca el que sólo el fiscal pueda pedir los aplazamientos.
¿Porque puede no ser imparcial?
La independencia y la imparcialidad entran en juego cuando las investigaciones preocupan al poder político y/o económico. Una alcoholemia no plantea mayor problema. Ahora bien, en un tema de corrupción política o economía o en un asunto de blanqueo con implicados vips es donde se tiene que hacer verdad eso de que la ley es igual para todos.
¿Y no lo es?
El principio es ese pero el desafío es hacerlo real en la práctica cotidiana. El Código Penal no puede ser un factor de multiplicación de la desigualdad social. Todas las clases delinquen, pero lo hacen de forma distinta y, hasta que llegó la crisis unida a la corrupción, había una especie de barra libre debido a que la delincuencia de clase alta no generaba inquietud.
¿Barra libre a nivel judicial?
No, a nivel judicial no se ha mirado hacia otro lado en el tema de la corrupción, lo que ocurre es que esos delincuentes tienen más recursos, más medios... y ¿qué ocurre? Que se van presentando recursos que dilatan el proceso para luego alegar dilaciones indebidas.
¿Se tendría que limitar de algún modo la interposición de esos recursos?
Las garantías son necesarias y no hay atajos en los procesos penales, pero en las garantías de un derecho fundamental, no de un puro formalismo. Porque siempre habrá un interés en demorar las causas lo más que se pueda y el sistema judicial ofrece esas posibilidades de demora.
Un sistema judicial que no puede quejarse de reformas legislativas, ¿no?
Si, en los últimos meses hemos asistido a un frenesí legislativo.
¿A qué lo atribuye?
Eso habría que preguntárselo al Legislativo versus Ejecutivo, que tiene la mayoría absoluta pero es una barbaridad que la última reforma del Código Penal, que tiene 252 artículos, haya ido a velocidad de AVE apoyándose en esa mayoría. Porque son leyes que necesitan reposo y que forman parte de ese mínimo común denominador sin color ideológico donde deben estar de acuerdo todos, leyes como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Seguridad Ciudadana... Y en todos los casos se ha hecho sin admitir ninguna enmienda. Da una sensación de querer dejarlo todo atado y bien atado.
¿Con qué último objetivo?
Dar una vuelta de tuerca. Lo que antes eran cuatro años de cárcel ahora son siete. O la prisión permanente revisable... ¡Pero si tenemos el Código Penal con las penas de cárcel más largas! Desde un punto de vista de política criminal lo relevante es lograr que se comentan menos delitos, no que haya más gente en la cárcel, y para esa finalidad hay que buscar otras respuestas que quedan fuera del sistema penal.
¿Qué importancia tiene como cuestión de fondo cambiar el nombre de imputado por el de investigado?
Ninguna, puro maquillaje. Cuando se utilice el término investigado pasará a tener el mismo significado que ahora el de imputado.
¿Se hubieran acometido algunos de estos cambios legislativos de no haber habido esta concentración de imputados vips?
No. Las garantías del proceso penal siempre han avanzado a golpe de imputado importante. Lo que ocurre es una vez que se modifican para unos se aplican al resto. Aunque en la Ley de Enjuiciamiento Criminal también hay cosas positivas .
¿Como cuáles?
Como la regulación de las escuchas telefónicas, que era muy limitada, por lo que esta Sala (por la de lo Penal del Supremo) ha tenido que hacer una cuidada jurisprudencia. La delincuencia más grave que tenemos es la organizada, desde el terrorismo a la económica en sus múltiples variedades, lo que incluye desde el blanqueo hasta el tráfico de armas, y los métodos de investigación son muy complejos. Las redes criminales hace mucho que descubrieron el espacio único y las investigaciones tienen que ser mucho más sofisticadas: a través de la red, de los infiltrados, de datos bancarios... Y para ello las escuchas con control judicial son importantes.
¿Esta regulación de los pinchazos tendrá algún efecto con carácter retroactivo?
No, porque no significa que lo que se ha hecho hasta ahora esté mal.
¿Hacía falta en este país una ley mordaza?
De ninguna manera. Lo que ocurre es que la actual reforma del Código Penal tiene algunos efectos perversos. Desaparecen las faltas: la mitad se convierten en delitos y la otra mitad en infracciones administrativas que están más castigadas en la Ley de Seguridad que cuando estaban en el Código. Y con menos garantías. En la Administración primero pagas y luego recurres, si te quedan ganas de hacerlo.
¿Es partidario, como Ciudadanos ha planteado, de la supresión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de agrupar las funciones en el presidente y dos adjuntos?
Habría que reflexionar para acometer una reforma seria, no un maquillaje, y evitar seguir cuesta abajo. De todas las instituciones que creó la Constitución el CGPJ es el órgano que peor desarrollo ha tenido con diferencia. Cada Consejo ha hecho bueno al anterior.
¿Cuál sería el método idóneo de elección?
La elección parlamentaria pero siempre que se basara en un examen serio de cada candidato en sede parlamentaria con representación de todas las fuerzas políticas. Pero eso nunca ha ocurrido porque nunca ha interesado a los partidos mayoritarios, que se han limitado a repartirse el número de vocales atendiendo a su respectivo peso en el Parlamento. Eso además de una especie de pacto de no agresión en el que cada partido nombra libremente a los suyos sin cuestionar los del contrario cuando los miembros del Consejo no deben tener padrinos ya que esta situación ha provocado, a mi juicio, un desapego de la carrera judicial en relación a su órgano de gobierno.
¿Qué propone usted?
Es preciso refundar el Consejo con serenidad y con prudencia y el auténtico desafío es si esto va a ser posible. Aunque no deja de ser sintomático que la Asociación Jueces para la Democracia, a la que pertenezco, se haya decantado por la elección entre jueces de los doce vocales de extracción judicial cuando hasta ahora había defendido siempre la elección parlamentaria.
¿Ve factible el cambio?
Soy muy escéptico, pero estoy en contra de todo tipo de padrinazgo, tanto de vocales como de jueces. Nosotros ni tenemos ni debemos tener techo. El juez de una sociedad democrática debe actuar con imparcialidad e independencia y eso quiere decir que no puede tener miedo a afrontar investigaciones que inquieten al poder político y /o económico, ni debe esperar una recompensa por lo que haga. No se nos puede gobernar con el palo y la zanahoria. Además de que el juez no necesita del Consejo para ser independiente, basta con que quiera serlo. Sería paradójico que un órgano con los problemas a los que he hecho referencia y que afectan a su propia imagen de independencia fuera garante de la independencia de los jueces.
¿Hay mucho palo y zanahoria en el día a día de una sala tan codiciada por la clase política y económica como es la de lo Penal del Supremo?
El rol del juez se desarrolla entre presiones contrapuestas, sobre todo cuando intervine un vips: entre el demandante y el demandado, entre el fiscal y la defensa... Cuando oigo a un político hacer una alabanza del sistema judicial doy un paso atrás porque el que hoy te elogia mañana te lleva a la hoguera si las cosas no han salido como quería. Por ello, ni palmeros ni inquisidores. El que mucha gente reconozca que la Justicia es la última esperanza en el mantenimiento del estado democrático, el último limite ante los desvaríos de los otros poderes, tiene mucho valor. El sistema judicial, con todos sus males, es un poder que no es monaguillo, que no es vicario del Ejecutivo.Tiene un discurso propio, que a veces inquieta y que se quiere domesticar porque el poder tiende a no compartirse.
¿Está clara la separación entre los tres poderes?
No. Intelectualmente nadie duda de que esto es una democracia, pero los tres poderes están en permanente tensión por lo que decía: ninguno quiere compartir. El poder con mayúsculas es el Ejecutivo pero si tiene mayoría en el Parlamento los dos ya son uno. Queda el Poder Judicial ejercido por los Jueces. Los jueces podemos y debemos ser independientes. Un juez no desde tener miedo ni esperar recompensa (sine metu nec spe) y lo mismo debe predicarse de los vocales del CGPJ.
¿Considera correcto el apartamiento de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, ambos próximos al PP, del tribunal de una de las piezas de Gürtel?.
Comparto totalmente la decisión de la Audiencia Nacional.
Una edil de Alicante está acusada de injurias a la Corona por insultar al rey Juan Carlos I a través de Internet tras difundirse su fotografía junto a un elefante muerto en una cacería. ¿Cree que la Corona disfruta de una superprotección?
En todos los sistemas penales hay tipos delictivos que protegen a las altas instituciones del Estado. El tema está en el límite de la libertad de expresión, está en el filo de la navaja. Algo parecido ocurre en con el delito de exaltación del terrorismo. El límite debe ser la incitación al odio que queda al margen de la crítica legítima a las instituciones del Estado.
Hace poco, en otro voto particular, usted apelaba a la realidad social para absolver a varios miembros de una asociación de cultivo y consumo de cannabis que fueron condenados. ¿Camina el Derecho Penal muy por detrás de la sociedad?
El Derecho Penal siempre va por detrás de la realidad social y es normal, porque está para sancionar y no para advertir de lo que es bueno o malo. Su función no es moralizar las costumbres sino decirle a la sociedad lo que no es gratis. La moralización es de vanguardia y el Derecho Penal, de retaguardia. En el tema del cannabis, que los consumidores se agrupan para consumir es una realidad. La sala fue coherente al condenar pero no todo lo coherente que pensamos quienes hicimos el voto particular. La asociación tenía hasta estatutos. ¿Qué más se les puede pedir? Que se regule administrativamente.
¿Qué piensa de que los jueces que dejan la Judicatura para dedicarse a la política?
Un juez puede abandonar la jurisdicción e irse a la política, pero creo es un camino sin retorno y que, por tanto, no hay que fijar ningún plazo de «desintoxicación política». Por el bien de la jurisdicción y de los que permanecen en ella, esa marcha debe de ser sin vuelta, es decir, para siempre. No es que haya perdido la independencia, pero lo que sí ha perdido es la apariencia de ser independiente, es decir, que la sociedad crea que la decisión que ha adoptado en un determinado asunto que ha enjuiciado no sea del todo ajena a su anterior actividad política, y eso si se generaliza puede ser demoledor para la credibilidad del sistema judicial.
