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Déficit en inversiones y en servicios públicos

El balance elaborado por Ineca destaca el importante avance en infraestructuras que se produjo entre los años 2003 y 2013, con la puesta en marcha de la línea del AVE, la ampliación del aeropuerto o la construcción o mejora de numerosas carreteras, como la autopista de circunvalación de Alicante o la vía parque entre Guardamar y Pilar de la Horadada. En total, alrededor de 5.653 millones de euros que hacen de Alicante «un territorio con altas posibilidades de competir».

Sin embargo, todas estas inversiones se quedaron «por debajo de las necesidades de la usuarios de la provincia», según los autores del informe. Y es que en estos años y a pesar de todas las obras ejecutadas, la inversión en infraestructuras por cada alicantino ha sido de 131,8 euros frente a los 271 de la media nacional. Es decir, que «los avances podrían haber sido mayores».

Algo similar ocurre con servicios públicos como sanidad, educación o justicia que, «tanto en recursos humanos, como en medios materiales están por debajo de los valores nacionales» a pesar de que se haya producido alguna mejora.

Por ejemplo, en el ámbito educativo la provincia aún mantiene una ratio de alumnos por aula y por maestro superior a la del conjunto de la autonomía y del resto del país. Así, los autores del informe calculan que serían necesarias 230 nuevas unidades escolares y 670 docentes más para igualar las cifras nacionales. El único aspecto en el que destacamos es en el volumen de becas.

En el apartado sanitario, también los avances han sido menores de lo que hubiera sido necesario. Así, Alicante cuenta con sólo 2,8 camas de hospital por cada 1.000 habitantes frente a las 3,4 de la media española. Y lo mismo ocurre respecto a los centros de salud y los consultorios. En este caso, Ineca cifra el déficit de personal en unos 1.590 profesionales, de los que alrededor de 200 deberían ser médicos de familia o de atención primaria.

Tampoco los juzgados alicantinos cuentan con los medios adecuados para realizar su tarea. En concreto, según el estudio, el número de empleados de este servicio público se sitúa en la provincia en 26,6 por cada 10.000 habitantes frente a los 51,8 de la media nacional.

Para el presidente de Ineca, Perfecto Palacio, estas cifras son la prueba más palpable de la «infrafinanciación» que ha recibido la Comunidad Valenciana y la provincia y recuerdo que estos servicios públicos también son factores que pueden mejorar o perjudicar la competitividad de un territorio.

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