¿En qué medida cambia la perspectiva con el paso de la Conselleria de Hacienda a la Delegación del Gobierno?
Para mí, son muy importantes la credibilidad y la coherencia. Si como conseller defendías y reivindicabas unas posiciones, no puedes pasar a delegado del Gobierno y decir lo contrario. El ejemplo es el sistema de financiación. En mi toma de posesión dije lo mismo que había dicho como conseller: que estábamos mal financiados y había que cambiar el modelo. Dicho esto, la Conselleria de Hacienda tenía un perfil más técnico y de gestión, y el puesto de delegado del Gobierno es más político, porque eres el representante de todas las carteras ministeriales. También se da la circunstancia de que soy delegado cuando en la Comunidad y en los ayuntamientos los partidos que sustentan esos gobiernos son de signo contrario. Por tanto, la Delegación tiene más importancia que anteriormente. De todos modos, a veces se cree que el delegado del Gobierno es una persona impuesta desde Madrid para que vigile a las comunidades autónomas, pero no es así. Trabajo para la Comunidad Valenciana.
¿Y se siente ya más político que técnico?
Yo no quiero perder el aspecto técnico porque entiendo, y lo digo desde la humildad, que parte de mi activo está en mi parte técnica. No obstante, sí es verdad que el puesto de delegado exige un perfil más político, y más visibilidad o notoriedad, y, para eso, tenemos que ir a inaugurar tramos de carreteras, ir a bancos de alimentos, o tenemos que atender problemáticas como la de los refugiados.
Habla de mantener la coherencia en su discurso, pero su sucesor, Vicent Soler, parece que no opina igual...
Bueno, que diga por qué. Es muy fácil hablar de forma gratuita y no explicar las cosas. Cuando llegué, nadie hablaba del sistema de financiación, sino de deuda, despilfarro, mala gestión. En dos años y medio, en lugar de eso, se habla de buena gestión y de déficit de ingresos e infrafinanciación. Y esa labor de sensibilización y pedagogía, ¿quién la hace? La hace Alberto Fabra y el exconseller que está hablando. Por tanto, bienvenidos a la reivindicación de la infrafinanciación. En octubre de 2013 el grupo popular en las Cortes pidió el apoyo en esta reivindicación, y la respuesta del PSOE fue abstenerse, y la de Compromís, votar en contra. Ahora lo que tenemos que hacer es unirnos todos. A nosotros no nos dieron la oportunidad, no nos apoyaron ni PSOE ni Compromís, con la particularidad de que el Gobierno de Madrid y el de Valencia eran del mismo signo político. Entendíamos que la Comunidad estaba por encima de siglas e ideologías, y ahora ellos lo han pedido y les hemos apoyado. Incluso conseguimos que el Gobierno de España reconociese la infrafinanciación y se comprometiese a cambiarla.
Sin embargo, más allá del reconocimiento, aún no se han visto muchos avances...
Hay dos modelos de financiación, uno de 2002 a 2008, y otro de 2009 hasta ahora. El de 2002 lo aprueba el PP, pero en la Comunidad Valenciana pasamos de 4 a 5 millones de habitantes. En 2004 empieza a gobernar Rodríguez Zapatero, se le pide por parte de la sociedad valenciana que reconozca ese millón de habitantes de más, y el Gobierno socialista no reconoce ese millón de habitantes, y llega 2009 y aprueba un modelo de financiación que lo único que pretende es beneficiar al tripartito catalán. Eso nos supone que cada año tengamos 1.000 millones de euros, mínimo, menos en la Comunidad. Luego, llega la crisis económica, hay un cambio de Gobierno, y lo que se intenta es que este país salga adelante. Mientras tanto, el Gobierno de España lo que hace es dotar con 28.000 millones de euros a la Comunidad Valenciana, para que pagara a todos sus proveedores. En definitiva, gracias a la liquidez que presta el Gobierno de España se paga a todo el mundo.
No deja de ser deuda...
Sí, es deuda, pero en diciembre de 2014 se acuerda que no se paguen intereses, y que la deuda, en lugar de ser con los bancos, sea con el Estado. Con ello, dejamos la Generalitat con el 70% de la deuda a finales de año dependiendo del Estado, que somos nosotros, y sin pagar intereses por ella. Logramos una reducción de intereses en 2015 de 750 millones de euros, y, encima, la Generalitat tendrá 1.000 millones más de ingresos para 2016, correspondientes a 2014. Llegados a este punto, además, la situación económica es mucho mejor, y el Gobierno se ha comprometido a cambiar el modelo actual, y ya se ha convocado al grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal. Por tanto, el cambio del modelo de financiación ya está en marcha.
¿Apoyará Moragues esa quita que han pedido el Consell, empresarios y sindicatos?
Eso ya estaba encima de la mesa antes de que lo dijese Puig. Se puede llamar quita, condonación, mutualización, pero, de hecho, ya hay quita, porque los intereses no los paga Ximo Puig, los paga el Gobierno de España.
Si la Generalitat acaba llevando el modelo de financiación a los tribunales, ¿de qué parte estará?
El cambio del modelo de financiación es una negociación entre 15 comunidades autónomas y el Gobierno de España. No ha habido ningún recurso en materia de inversiones y financiación que haya prosperado en el Tribunal Constitucional. Es más, este tipo de procesos suele durar un mínimo de entre cinco y siete años, con lo cual, es una acción judicial estéril, y que lo que denota es enfrentamiento y una renuncia a la negociación política. Es una acción que no lleva a ningún sitio.
El Gobierno va a volver a recurrir la sanción de 19 millones que ha impuesto Bruselas por la manipulación del déficit. Si de nuevo no prospera, ¿quién debe pagar?
Para la Unión Europea, es una mala praxis contable de la Generalitat entre 1988 y 2011. Alberto Fabra, yo como conseller, y el Consell regularizamos y cambiamos una práctica que se había producido desde 1988, y colaboramos con las instituciones europeas. La sanción, además, es al Reino de España y el Gobierno tiene facultad para repercutirla, pero entendemos que está mal impuesta, porque es una cuestión contable, achacable al órgano responsable de la llevanza de la contabilidad pública, y se está aplicando un reglamento europeo de noviembre de 2011 a hechos producidos con anterioridad. Además, ha habido cooperación por parte de las autoridades nacionales y valencianas, y no se modificó la cifra definitiva de déficit, porque la que se corrigió, la de 2011, era provisional. Por eso, tenemos argumentos para recurrir, y que no la tenga que pagar ni el Gobierno central ni el valenciano.
¿Y si no prospera?
Volvemos a la coherencia: sigo manteniendo lo que dije. Si la sanción se debe pagar, que vamos a recurrir para que no sea así, la tiene que pagar el Gobierno, otra cosa es la facultad de repercusión que tenga.
Un año más la Comunidad y Alicante en particular no salen bien paradas en los presupuestos generales. ¿Por qué?
En los presupuestos generales del Estado somos la segunda autonomía con mayor incremento de los fondos procedentes del modelo de financiación, con 1.000 millones de euros, un incremento de un 12%, y somos la tercera autonomía donde más crece la inversión territorializada del Estado. Por tanto, a todos nos gustaría más, pero es una realidad que estamos a la cabeza respecto al año anterior en inversión territorializada e incremento de fondos del modelo. Se da otra circunstancia: las inversiones principales y prioritarias para la Comunidad están recogidas. El corredor que más fondos tiene previstos es el Corredor Mediterráneo, y también hay obras muy importantes. Puedo hablar de la Ronda Sur de Elche, de la variante de Benissa, del tercer carril al aeropuerto, de la variante de Orihuela...
En muchos casos son obras ya ejecutadas o presupuestadas desde hace años sin que acaben de arrancar...
Son obras que están planificadas y se van acometiendo los tramos correspondientes, y hay veces que se presupuestan porque son métodos alemanes. Al final, tú presupuestas lo que vas a pagar. Hay un tramo de la Ronda Sur de Elche que ya está finalizado y hay que pagarlo, pero también hay nuevos tramos. Por ejemplo, el Corredor Mediterráneo en 2011 no existía, y ahora mismo hay 5.000 millones de euros invertidos, y eso demuestra el compromiso del Gobierno de España con esta infraestructura fundamental para la Comunidad, y en una legislatura tan difícil, y para 2016 hay 1.400 millones de euros para el Corredor Mediterráneo.
¿Por qué tradicionalmente la Comunidad Valenciana ha pintado tan poco en Madrid?
Es verdad que necesitamos aumentar el peso de la Comunidad Valenciana en Madrid. En un momento dado, la Comunidad se ha visto afectada por una campaña de desprestigio, pero ahora hemos conseguido cambiar esa situación. Yo recuerdo mis primeras reuniones en Madrid, y se tenía una imagen negativa de la Comunidad Valenciana, y ahora se habla de las bondades de la Comunidad Valenciana y de Alicante, que es líder en el sector turístico, en sectores tradicionales como calzado o juguete, en creación de empleo o en inversiones extranjeras. Ahora España se siente orgullosa de la Comunidad y de Alicante, porque, gracias a la Comunidad y a Alicante, a España van mejor las cosas.
La corrupción habrá tenido mucho que ver en esa campaña de desprestigio...
Debemos ser contundentes contra la corrupción. Los ciudadanos tienen que percibir que el político actúa de forma firme y contundente contra la corrupción, porque, de lo contrario, se traslada a toda la clase política ese halo de duda y se genera una pérdida de confianza del ciudadano. Tenemos que ser claros, directos, firmes contra cualquier atisbo o duda de corrupción. Yo he pertenecido a un Gobierno, con Alberto Fabra a la cabeza, que puso la línea roja en la imputación. Se reaccionó, incluso so pena de provocar descontentos y malentendidos dentro del partido, porque no cabían medias tintas, aún a riesgo de ser injustos con determinadas personas.
La Udef ha perdido efectivos y el juez del PGOU se ha quejado de la falta de medios. ¿No se contradice eso con la contundencia en la lucha contra la corrupción que defiende?
En el caso de la Comisaría de Alicante, la actuación de la Udef no se vio mermada. Son actuaciones conjuntas y coordinadas a nivel nacional, y porque se produzca un concurso de traslados no quiere decir que se estén quitando personas de la Comisaría Provincial de Alicante en la lucha contra la corrupción. Fueron cuestiones muy puntuales de traslados de funcionarios. No tiene que haber ningún tipo de duda del compromiso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra una cuestión que genera tanta alarma social como es la corrupción. Es más, es deber de todos luchar contra la corrupción y derrotarla. Tenemos que poner todos los medios materiales y humanos en la lucha contra la corrupción.
¿Pesa más el cargo cuando uno de sus antecesores incluso llegó a ser detenido?
El caso del anterior delegado está sujeto a investigación judicial y ahí no me puedo pronunciar. De todos modos, me indigna que yo esté aquí trabajando, con mis errores, con mis defectos, dándolo todo para que la sociedad vaya a mejor y tener al lado un caso de corrupción, y que la ciudadanía piense que todos los políticos son corruptos. En política hay gente muy honrada, que está perdiendo dinero, y que está en política porque se lo cree.
Después del 24-M, ¿qué puede hacer Juan Carlos Moragues para evitar que esa debacle se repita en las generales?
El Partido Popular ha gestionado bien. Hemos pasado una crisis económica, y hemos conseguido darle la vuelta en apenas dos años, y que ahora las cosas vayan mejor, reconociendo que la gente lo ha pasado muy mal. Dicho eso, a veces se nos ha visto, y hago autocrítica, como responsables políticos con falta de cercanía, de proximidad, de sensibilidad. No ha sido así, pero nos hemos dedicado a gestionar y nos ha faltado transmitir. Ahora en estas elecciones generales nos jugamos mucho, porque no es lo mismo perder un Gobierno autonómico o local, que el Gobierno de España. El ciudadano debe saber que, cuando vaya a votar en las generales, su futuro y su bienestar, incluso su libertad, está en juego. La sociedad española no puede hacer experimentos con gaseosa, porque tenemos experiencias en otros países que demuestran que estas coaliciones y estos partidos populistas y radicales llevan a una merma de bienestar y de progreso.
¿Se ve en Madrid después de las elecciones generales?
Yo estoy al servicio de los valencianos y donde se entienda que puedo ser útil para los valencianos estaré. De todos modos, no vivo ni dependo de la política, y lo percibo como algo temporal, porque la exigencia, la responsabilidad y la carga de trabajo es tal que no se puede mantener el ritmo. Si se entiende que puedo servir a los valencianos desde el Congreso o como delegado del Gobierno, allí estaré, y, si se entiende que tengo que finalizar mi carrera en diciembre, no pasa nada, me vuelvo a mi plaza de inspector de Hacienda. Ni me postulo para el Congreso ni para delegado.
¿Qué escenario se puede abrir una vez conocido el resultado de las elecciones catalanas?
Éste es un proceso muy largo y las elecciones catalanas son una etapa más. Un presidente Mas o un presidente catalán no puede saltarse la Constitución y el Estado de Derecho. Son las reglas del juego. Luego, la idea que se está trasladando a los catalanes es falsa. Un Estado catalán independiente dejaría de estar en la Unión Europea, no se le aplicarían las políticas europeas, no tendría la inyección financiera del Gobierno? Si en Cataluña hay servicios sociales, hospitales, colegios o universidades es gracias al Gobierno de España, que está pagando intereses, a proveedores, y manteniendo servicios básicos. A Cataluña le va mucho mejor en España que fuera, y tenemos que aplicar el Estado de Derecho, y a los catalanes explicarles que lo que se les está contando es mentira.
¿Circulares como la que envió a ayuntamientos para avisar de que debe ondear la bandera de España no pueden acabar encendiendo los ánimos aquí?
Hay determinados debates y polémicas que hace tres meses no existían en esta Comunidad, y, de repente, hay cambios de gobiernos y de lo que antes no se hablaba ahora se empieza a hablar. Eso está ocurriendo particularmente en la provincia de Valencia, donde hay representantes políticos que están quitando las banderas de los ayuntamientos, prohibiendo a los músicos que toquen el himno de España, y quitando la foto del Rey. Lo que se pretende es trasladar un mensaje de ruptura y de enfrentamiento con España, y no podemos olvidar que hay unas leyes y unas normas que hay que cumplir. La sociedad valenciana no quiere estas guerras y debates, nos sentimos valencianos y españoles, y no se puede ir en contra de la simbología constitucional.
