Ver un dron volar evoca con tanta claridad esa idea clásica de que el mañana llegará con la democratización del espacio aéreo que inconscientemente damos por hecho que su nombre está relacionado con el tecnológico sufijo inglés «-tronic». Pero este sustantivo, que aún no recoge la Real Academia de la Lengua pese a que lleva dos años plagando noticias, no significa otra cosa que «zángano» en su forma original inglesa, «drone». Pero si bien hay similitudes entomológicas -el prototipo de dron es un tórax con antenas y extremidades que en su formato multirrotor tiene nombres que recuerdan al de algunas familias de especies, como hexacóptero o cuadracóptero-, el boom de este artefacto volador se produce porque, al contrario que el insecto, este artefacto ha nacido para trabajar. Grabación de vídeos, fotografía aérea, vigilancia y socorro, aplicaciones agrícolas, fitosanitarias y cartográficas y labores de inspección en lugares inaccesibles son los primeros campos de investigación que se están desarrollando en nuestro país con el permiso de una ley específica que ha estado rápida al detectar las oportunidades y peligros de este nuevo sector. Sólo en España, y desde la aprobación el pasado año del decreto 8/2014 de 4 de julio, se han inscrito un total de 586 operadores de dron en el registro de profesionales que el Ministerio de Fomento ha articulado a través de la Agencia Española de Seguridad Aérea (EASA), lo que supone un porcentaje importante de los 2.500 operadores que reconoce la homóloga europea EASA entre sus 31 estados miembros. En el resto del mundo, se investigan proyectos con UAVs o RPAs (acrónimos de Unmaned Aerial Vehicle y Remotely Piloted Aircraft que son también utilizados) como extensión de la cobertura wifi en lugares recónditos o el transporte de paquetería. Nos acercamos al despegue de los drones en un entorno cercano donde ya trabajan 22 operadores profesionales en la provincia.
Pioneros
«Un 20% de lo que facturo con mi empresa ya tiene que ver con trabajos con drones», explica el alicantino Javier Guijarro, fotógrafo, editor de vídeo y piloto autorizado por AESA. Pese a que lleva tiempo trabajando para entidades como Turismo de la Generalitat Valenciana, su empresa hizo su particular agosto el 22 del pasado mes al adjudicarse la primera retransmisión televisiva en directo con dron en España. Un DJI Inspire como el que ilustra la fotografía de la página anterior retransmitió a 50 kilómetros por hora desde el mar y enfocando el dique de Puerto Banús, en Marbella, la salida de los equipos durante la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada «muy tensa» para Guijarro pero que supone un hito en su carrera y en el sector. «Era la primera vez que se hacía algo así. Tienes que estar pendiente de la cámara, de que el streaming no se cuelgue, de no chocar con nada y de estar todo el rato sobre el mar para que no haya problemas legales. Con un helicóptero no puedes hacer esto, a esa distancia afectas a los ciclistas», explica el alicantino. Ha realizado este trabajo con un equipo de dos personas y varias unidades de vuelo, cuyo precio no sobrepasa los 3.000 euros. Es precio de mercado de dos horas de helicóptero. «El dron está sustituyendo a las naves pilotadas o haciendo de complemento para vuelos de detalle», explica Guijarro.
Las RPAs, aeronaves pilotadas a distancia, se diferencian de los artefactos de aeromodelismo en su combinación de tecnología y ligereza. La investigación de los sistemas de posicionamiento GPS, combinados con el control por radiofrecuencia, y la reducción de peso en materiales especialmente en las baterías -las de polímero de litio o LiPo son consideradas la verdadera revolución del sector- son, junto con la incorporación de estabilizadores de imagen, los avances técnicos que han permitido que los primeros fabricantes de drones encuentren retornos a su inversión inicial en muy pocos años. La técnica actual permite que las empresas investiguen con vuelos a motor eléctrico de 15 o 20 minutos, de forma que el verdadero crecimiento se espera cuando «se supere este problema de la autonomía, el principal obstáculo que tenemos hoy», como apunta el director de negocio de Embention, la mercantil alicantina especializada en sistemas de pilotos automáticos para naves.
El sector ya ha dado con su estándar. Es el citado modelo Inspire, producto del fabricante chino DJI. Se convirtió primero en foco de miradas cuando Enrique Iglesias se cortó la mano con sus aspas en un concierto y, posteriormente, en líder del mercado de la fotografía y el vídeo aéreo por su combinación de estabilidad, autonomía y precio. Es ya, junto con el rey de gama baja Phantom, el modelo más ofertado por las escuelas de pilotaje españolas.
Pero si el segmento de la imagen tiene líder, hay más títulos en liza por el que pelean fabricantes como la también china Yuneec o la francesa Parrot, que encabeza de momento el sector doméstico. Las tres grandes están presentes en la feria que esta semana ha reunido a todo el sector en Zaragoza, Expodrónica. La cita ha tenido en esta segunda edición el espaldarazo de la directora de AESA, Isabel Maestre, y de más de 70 expositores. El sector va ganando peso.
«Se espera que las RPAs acaparen el 10% de la facturación total del sector aeronáutico en unos años», asegura Noé García, director de la alicantina Lokímica, empresa propietaria del dron fumigador con más capacidad del país dentro de la categoría de peso medio, que comprende la horquilla de entre 2 y 25 kilos, de fabricación española. Lokímica forma a sus operarios en estos trabajos de precisión dentro de la ola de expectativas laborales que están generando los drones: más de 150.000 puestos de trabajo sólo en Europa en las próximas décadas, según una investigación publicada este año por el parlamento británico.
José Luis Molés, director de operaciones y piloto de Dron Planet, empresa especializada en imagen e inspección aérea que opera en la provincia y en el resto del territorio nacional, es uno de estos nuevos emprendedores del aire. «La inversión ha sido importante, pero menor a la que supone montar un bar», declara tras haber pasado por un reciclaje profesional y un curso de operador -la media de gasto en formación son 1.000 euros por las clases teóricas y prácticas-. Ahora ofrece con sus socios desde reportajes publicitarios a inspecciones aéreas, aplicación al campo del mantenimiento que ya reclaman eléctricas e industrias de distinto tipo.
Esta semana su empresa viaja a Almería a revisar la chimenea de una central térmica. «Es una clase de trabajo nuevo y cada día aprendes algo. Por ejemplo, en este encargo no dominamos del todo las condiciones de luz en las que vamos a fotografiar las paredes de la instalación», asegura este antiguo operador de cámara que hoy vive de los drones.
Esta capacitación para tomar imágenes con drones es la principal salida profesional del sector. En Alicante, que lidera la Comunidad Valenciana con 22 operadores registrados en el ministerio -Valencia y Castellón suman 19-, es la rama de negocio principal para 20 de estas empresas. Sólo dos de ellas declaran trabajar otros usos como la investigación y desarrollo, la vigilancia o la publicidad aérea.
La formación es también una veta que no se desaprovecha en el territorio provincial. Al menos dos escuelas autorizadas expiden formación oficial de piloto y una universidad, la UMH, oferta un título propio que se imparte en Madrid para dirigir estas aeronaves. «Hay cola para hacer la formación» asegura Feliciano López, de la mercantil Dronebox e instructor de este título universitario.
Regulación
Todos los drones, desde los cuadracópteros caseros que venden en grandes superficies hasta las aeronaves de ala fija o de estilo helicóptero de la categoría superior, pasando por los multirrotores de precisión que fabrican compañías españolas como Drone Tools de la gama intermedia son consideradas aeronaves. Y sus controladores, pilotos. «Un dron no es un juguete, se necesita formación, certificados y un seguro de responsabilidad civil para volarlos», recuerdan fuentes de AESA. Las multas por uso indebido de los aparatos, como «no disponer de las autorizaciones necesarias o el sobrevuelo de poblaciones», según informan las citadas fuentes, recorren un arco que va desde los 60 euros a personas físicas por falta leve hasta 4,5 millones que se aplican como tope de las sanciones graves para personas jurídicas. En lo que va de año, AESA ha abierto 62 expedientes por este tipo de infracciones.
Así, vídeos populares en Youtube como los protagonizados por drones que rebasan la azotea de un edificio para grabar a una chica tomando el sol o un recorrido en vertical por la fachada del edificio In Tempo de Benidorm pueden provocar importantes dolores de cabeza a sus autores. Porque la norma española, que camina en la misma línea que la europea, prima la protección de datos y la seguridad sobre cualquier otro beneficio de esta tecnología e impide, de momento, sobrevolar núcleos urbanos, aglomeraciones de personas en cielo abierto -el interior de los recintos se considera fuera de la jurisdicción de la agencia- y rondar el espacio aéreo protegido de los aeropuertos en radios de 8 ó 15 km., en función del aeródromo.
Molés admite que el desconocimiento de la norma hace que «todos los días tenga que rechazar un trabajo». «Me acaba de salir una boda en un pueblo que no puedo hacer: ni la ceremonia ni el convite se hace fuera del casco urbano», explica el piloto.
La única distinción que hacen los agentes entre el uso profesional de drones y el de ocio es en si hay lucro con la actividad, no en el pilotaje, de forma que además hay límites de distancia cuando se trabaja en lugares permitidos. Como ocurre con los coches, que pueden ir a más velocidad de lo que autorizan las carreteras, los drones permiten de fábrica alcanzar alturas de hasta dos kilómetros, pero su techo legal son 120 metros y una distancia de 500 metros. Rebasarlas implica exponerse a multas, igual que ocurre si se ignora que el vuelo debe realizarse siempre de día y dentro del rango de visión del piloto, salvo autorización especial. No obstante, no faltan ejemplos en internet de carreras y vuelos acrobáticos que rompen estas regulaciones.
La ley ha sido rápida y conservadora y por ello muchos de sus artículos van a ser objeto de revisión en su versión definitiva, anunciada para finales de año el pasado jueves en Expodrónica por la directora de AESA. La más esperada es abrir la puerta a grabar en entornos urbanos, también con permisos especiales.
Con el objetivo de que haya control del espacio aéreo desde el primer día de su expansión, la norma determina también que cada artefacto que supere los 2 kilogramos debe tener un manual de operaciones en el que se inscriba el detalle de cada vuelo, que debe ser además comunicado a la autoridad competente.
Un dron de este peso puede desplazarse a velocidades de hasta 70 kilómetros hora, que incluso alcanzan los 100 cuando se trata de modelos de carreras, y ejecutar vuelos de precisión que convierten el aire en una suerte de tablero de ajedrez tridimensional por el que avanzan con la estabilidad de una torre. «Con aeronaves como estas tienes dos posibilidades básicas; extraer información del territorio o verter elementos sobre él», asegura el gerente de la alicantina Heligrafics, Antonio Nácher, especializada en trabajos aéreos. El operador e instructor Carlos Fabra profundiza: «Lo bueno y también lo malo de esta tecnología es que tienes una máquina inteligente que puedes colocar donde quieras». «Esto es una plataforma, como una tablet; falta por ver los usos que se le pueden dar», añade Guijarro.
De momento, la explotación de los drones en la provincia está limitada al sector privado. Excepciones como la del Ayuntamiento de Novelda, que ha pedido permiso para vigilar cultivos de uva de mesa con esta tecnología, rompen la norma que está marcando el comportamiento de la administración: una actitud poco activa en el desarrollo de actividades como vigilancia y análisis de incendios, control de tráfico o estudio del patrimonio que sin duda empezarán a incorporar en un futuro cada vez menos lejano.
