Bassam Dugmoch tiene dos temores: no poder sacar a sus hijos de Damasco y no poder entrar a estar con ellos si no logra lo primero. Vino a España hace dos años con una invitación y un visado de turista con la idea de pedir asilo. Con la ayuda de Cruz Roja hizo las entrevistas y ya ha logrado completar el proceso. Ahora sigue la evolución de la guerra desde un pequeño piso en San Vicente que comparte con una hija y su yerno. En la cartera lleva una tarjeta de protección internacional del Gobierno, pero es lo único, asegura, que el Estado ha aportado a su billetera. «No entiendo cómo no me dan nada más teniendo la protección internacional subsidiaria. En otros países me hubieran alojado o asegurado una pequeña paga», cuenta al traductor este sirio también conductor de autobús pero de una línea internacional que une -unía- Damasco con Riyad.
Está agradecido a España por el asilo, pero tampoco niega que si hubiese conocido la desinformación y falta de apoyo del Estado a sus refugiados hubiese buscado la protección del gobierno sueco o del alemán, como hacen la mayoría de sus compatriotas.
La comunidad de refugiados sirios denuncia que «malviven» en la provincia sin mucho más apoyo que el de compatriotas y ONGs.
