Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Los otros refugiados

El temor a la división de las familias es una constante en los conflictos internos y las guerras civiles

CAROLINA ESCALANTE

Lo primero que hicieron los mayores de 50 años aquella noche de febrero de 1981 cuando escucharon por la radio que un oficial había tomado el Congreso con hombres armados fue llamar inmediatamente a su familia y a sus hijos. «Vente para acá inmediatamente». «Ni se te ocurra moverte de allí hasta que lleguemos». No fue el recuerdo de las bombas, de los muertos ni de la miseria lo primero que heló la conciencia de los que vieron que podría repetirse una guerra civil. El primer espanto fue el de recordar las familias desmembradas, en muchos casos para siempre, por una raya pintada en un mapa por un militar como el que había entrado en las Cortes. Más de tres décadas después, el país que no cedió a un nuevo enfrentamiento después de la sutura de la transición ha entregado a Ahmed y a su hermano, dos sirios en la cuarentena, sendas tarjetas rojas que les ofrecen el derecho temporal a residir en España mientras se tramita su solicitud de asilo como refugiados de guerra. Huyen de una matanza entre hermanos como la que vivió España en los años 30 y lo que cuentan en árabe es igual lo que recuerdan los mayores en español. «La separación de mi familia es lo peor de todo lo que he pasado estos dos años», explica Ahmed. Desde que dejó su trabajo de conductor de minibús en Alepo en 2012 hasta hoy ha ido esparciendo a sus familiares en varios países mientras no puedan reunirse de nuevo en un mismo lugar de acogida. Sus padres, mujer e hijos están repartido por Egipto, Turquía y Albania. Hace una garra con la mano y se la acerca al pecho. La traductora no ve necesario traducir lo que está contando.

Ahmed y su hermano aterrizaron en España hace dos meses con un visado falso comprado en Turquía por 8.000 euros. Siguen entumecidos pese a contar con el apoyo nominal del Estado y la protección material de la organización Elche Acoge. Nominal porque la Ley de Asilo, que desarrolla en nuestro país los compromisos humanitarios adquiridos con víctimas extranjeras de la persecución o la violencia, sólo contempla para refugiados como estos hermanos la garantía de que no serán expulsados mientras el Gobierno estudia, sine die, su caso.

Esta instrucción, que puede llevar años en casos no tan expuestos a la opinión pública como el del pueblo sirio, les convierte en «solicitantes de asilo», un limbo en el que permanecen centenares de personas en la provincia. El año pasado sólo 33 de las 96 peticionarias de protección recibieron el visto bueno a su demanda. Estos son algunos de los otros refugiados que están en estado de espera en Alicante.

En el Este de Ucrania sólo hay una serie de actuaciones de «grupos terroristas» y no es necesario declarar el estado de guerra, según el gobierno de Kiev. Y sin embargo, los jóvenes de Lugansk y Donetsk, las ciudades envueltas en el conflicto separatista que paraliza la frontera de Rusia, reciben en sus casas un «papelito» en el que se les conmina sumarse a las milicias para combatir a los prorrusos «so pena de ir a la cárcel», según cuentan fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiados (CEAR). «Un amigo nuestro lo recibió. Desde entonces vive escondido en su casa y sale lo menos posible», cuenta Blanca Delrieu, una alicantina que vive con su pareja y tres de sus hijos en Torrevieja desde que hace un año huyeran de Sumy, al noreste del país, por miedo a que el reclutamiento forzoso se llevara a su pareja, Ruslan, de 27 años, a combatir en las regiones fronterizas. «Quien va a proteger a mi mujer y a mis hijos si muero en una guerra que no existe», se preguntó el joven antes de huir desde Ucrania hacia la provincia donde Blanca tiene raíces y su pueblo una comunidad que supera los 4.000 expatriados sólo en la comarca de la Vega Baja.

«Ucrania está reclutando a hombres de casi todas las edades y también a mujeres, para trabajos de tipo enfermería o ingeniería. Un hombre que huye del reclutamiento forzado puede recibir torturas por su ideología. Decidir que no se quiere matar a nadie o ser matado es un perfil claro de refugiado. La oposición ideológica a participar en una contienda militar de este tipo es una de las causas por la que se reconoce el derecho de asilo», aseguran desde la CEAR.

El año pasado pidieron cobijarse en España 914 ucranianos, la segunda nacionalidad tras los sirios -con 1.679 peticiones- en demandar este derecho. Los ucranianos que han logrado presentar la solicitud se han encallado en el llamado «criterio de prudencia», por el que el Gobierne admite los casos a estudio pero los mantiene congelados hasta que una declaración de guerra formal obligue a conceder la protección subsidiaria -una suerte de blindaje colectivo para afectados por un conflicto o un desastre de consecuencias similares- a los exiliados. De momento sólo los refugiados procedentes de Donetsk, Lugansk o Crimea están superando este bloqueo, sugieren desde CEAR.

Pero Ruslan no viene de allí, sino de bastante más al norte, y el riesgo a ser evaluado como un demandante procedente de una zona no peligrosa se puede traducir en ser identificado y quedar en condición de no comunitario irregular. En convertirse en expulsable a cambio de nada.

El enorme hueco que separa la grandilocuente declaración del derecho al asilo a la realidad, que España recibe menos del 1% de demandas en la UE y que más de la mitad son descartadas, se suma a la infradotación económica y de espacio de los centros de acogida y a la absoluta incertidumbre sobre el resultado de la evaluación. No es el único ucraniano que no busca, de momento ayuda gubernamental en este país. «Tiene miedo de que no acepten su petición, de que lo identifiquen y lo devuelvan a Ucrania», cuenta Blanca. Allí sólo le espera la cárcel por insumiso. Prefiere seguir de irregular en Torrevieja y saltar las vallas de la obra en la que trabaja como tantos otros compatriotas cuando aparece la policía por los solares. Su pareja está pendiente de divorcio y no pueden casarse.

«Hay centenares de ucranianos vagabundeando en España porque el Estado tiene un doble rasero en los registros para asilados: para los sirios es derecho humanitario, a los ucranianos ni siquiera se les registra en la ventanilla», lamenta Aleksandr Chepurnoy, ruso y representante de la comunidad eslava en la provincia, en referencia a la falta de información y de facilidades en las comisarías para presentar la solicitud.

Sonsoles Aldeguer, abogada de la asociación Elche Acoge, reflexiona sobre la técnica que practica el Estado para no darse por aludido en estas peticiones de asilo. «España es frontera física de la UE; ¿por qué tiene tan pocas demandas de refugio? No es que no haya demanda, es que no se permite el trámite. Son las famosas devoluciones en caliente», el rechazo del peticionario en ventanilla o en frontera sin permitirle hablar siquiera. Las ONGs denuncian repetidamente el interés del Estado por confundir la inmigración económica -calamidad que no brinda amparo internacional regulado por ley a quien la padece- con la huida de los refugiados para rechazarlos a todos en las vallas de Ceuta y Melilla.

María Esperanza Ramírez era una mujer campesina que huyó a finales de los 90 desde el pueblo donde cultivaba coca en la amazonia después de que el choque de guerrilleros, militares y paramilitares convirtieran esta ribera del río Vaupés en un «Vietnam» colombiano. Cuenta que los agricultores sólo tenían sus cultivos y una economía tan rural que la «mercancía» funcionaba como moneda cuando no había pesos para hacer intercambios. La neutralidad no era posible. «Un día venían unos y te decían que tenían hambre y que les alimentaras. Al día siguiente venían los otros y te preguntaban que por qué los alimentaste, así que les dabas de comer también», explica de memoria en un despacho de Elche Acoge. «Quemaron el pueblo, mi casa y nos hicieron huir río abajo hasta Miraflores», un pequeño municipio donde se enteró de que había quedado viuda, indigente y al cargo de sus hijos. «Huimos de la zona roja -clasificación del territorio colombiano en función de los índices de violencia- hasta Villavicencio con lo que tenía encima. Luego llegué a Bogotá y pude encontrar un trabajo como repartidora de leche y algo de apoyo en una comunidad vecinal. «Me enteré en ese momento de que yo era una desplazada y de que tenía una serie de derechos. Yo tengo hasta quinto de primaria. La mayor violencia es la ignorancia».

Se convirtió en una activista por los derechos de la población campesina que logró atención en la universidad y cierta proyección pública con sus compañeros de la Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica (ADESCOP). Sobre todo cuando pudieron empezar a acreditar violaciones de derechos humanos -como los asesinatos y las usurpaciones de tierra- y a señalar las vinculaciones del Gobierno, las milicias «y las empresas multinacionales». «Me llegaron cartas como esta», apunta, mientras extrae un papel de su carpeta. «Águilas Negras, Bloque Capital D. C.» reza el encabezado de una carta plagada de amenazas contra ella de los paramilitares de la principal ciudad del país. Asistida por la ONG Amnistía Internacional, pudo salir del país hacia España con uno de sus hijos en espera de un mejor momento para hacer política. Elche fue la ciudad que encontraron como mejor refugio para Esperanza mientras el Gobierno español estudiaba su petición de asilo. Desde hace unos meses vive tranquila en la ciudad de las palmeras con una tarjeta roja que acredita que puede residir mientras se evalúa su caso. Elche Acoge la asiste.

La persecución política, por ejercer actividades pro derechos humanos como las de esta activista colombiana es una de los supuestos por los que la Convención de Ginebra garantiza que sus estados firmantes van a prestar asilo al demandante. El caso de Esperanza, si lo acepta la comisión evaluadora, se enmarcará con seguridad dentro de las protecciones particulares y fuera de las subsidiarias, al contrario que los desplazados anónimos por un conflicto generalizado.

M. no quiere ni que se sepa su nombre ni que se le vea la cara. Sólo está dispuesto a mostrar que ya tiene la tarjeta roja por la que puede dejar de asustarse cuando vea a la policía acercarse o rondar el campo ilicitano donde ayuda con el granado desde hace unas semanas. Ha pasado el periodo tras el que un demandante de asilo puede empezar a trabajar y está cómodo, sin desactivar las alertas que alguien que lleva seis años escondiéndose y sufriendo engaños mantiene por sistema. Este joven maliense de 32 años no se fía de casi nadie en este país en el que estuvo tres años como inmigrante irregular hasta que se enteró de que podía pedir asilo por no poder volver a un país partido en dos por un conflicto entre el gobierno y la guerrila islámica del norte.

«Mi casa es al sur del país, pero tengo miedo de volver. Hay muchos problemas», cuenta, con sacacorchos. Al contrario que muchos compatriotas malienses, M. no pasó el trance de cruzar el Estrecho porque pudo pagarse un avión y un visado falso que una mafia local le vendió por 2.000 euros para Francia. De allí bajó a Barcelona, donde un tío suyo pudo acogerle una temporada hasta que, una vez en Alicante, le hablaron de la posibilidad de pedir asilo en al comisaría de la capital de la provincia. «Me dieron cita para hacer la entrevista en 20 días. Eso no era posible, y me fui a hacerlo en Madrid». Se «empadronó» en casa de un amigo y pudo hacer la entrevista y volver con un papel que le acreditaba como demandante de asilo. Es uno de los 620 nacionales de este país subsahariano hundido en la miseria que pidieron refugio en España, según la CEAR. El tercero en número , tras Siria y Ucrania.

«El flujo de personas que llega a demandar tiene una composición muy compleja, y cuando se tramiten sus solicitudes, no todos lo van a conseguir», señala el doctor en Sociología y experto en movimientos migratorios de la UA Carlos Gómez Gil. Cuando a un solicitante se le deniega la protección, puede recurrir la decisión, pero debe hacerlo desde una nueva posición como persona en situación irregular. La expulsión es muy plausible.

Factible.

De las 3.614 peticiones de asilo que llegaron en 2014 a ser presentadas y evaluadas en zonas de soberanía española, el 56% fue rechazada. De las aceptadas, 1.199 se consideraron de protección subsidiaria mientras que 384 se tramitaron como estatuto del refugiado o asilado, según datos de CEAR relativos a 2014.

El articulado legal que permite a un refugiado obtener estas garantías, es decir, los mismos derechos que un ciudadano español a la residencia, el trabajo, la educación y la sanidad, con algunas excepciones y añadidos como la imposibilidad de ejercer el voto o una ayuda inicial en forma de manutención y paga, emana, como aclara el profesor Gómez, de la Convención de Ginebra. Este tratado con el que se quiso humanizar en lo posible los actos bélicos a partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en el llamado Protocolo de Nueva York en 1977. Este mecanismo de protección es refrendado por España un año más tarde. Posteriormente, ya en ámbito europeo, el convenio de Dublín centra cómo se debe gestionar una demanda de asilo dentro en los países miembros.

La misma estadística de la CEAR refleja la evidente preferencia -o posibilidad de presentar demandas- que tienen los refugiados por países que no son frontera sur de la UE como Suecia, con 81.000 peticiones y un 77% de fallos favorables en 2014, y Alemania, con 202.000 peticiones y una posibilidad de aceptación de casos del 44%, siempre en ese mismo año.

El profesor Gómez Gil cita datos de Frontex, el sistema europeo de vigilancia de fronteras: «Sólo en el primer semestre del año 2015 llegaron 400.000 refugiados a Europa». Lo hicieron utilizando alguna de las tres rutas mayoritarias del Mediterráneo que fija CEAR: la este, con el Estrecho como protagonista; la central, a través de Libia hasta Lampedusa e Italia y la oeste, cruzando el Egeo. El informe de 2014 de la Organización Internacional de Migrantes sitúa en 3.224 las personas que perdieron la vida tratando de acceder a Europa en estas rutas. Completa el mapa de los desplazados la ruta balcánica que concentra el tráfico por la vía continental desde Oriente Medio y Asia hacia los Balcanes.

No todos son refugiados, hay migrantes económicos y desplazados por falta de recursos. «La crisis que estamos viviendo es el resultado de toda la pasividad y la irresponsabilidad de años. Hay un desmadre que no se ha visto nunca», lamenta Gómez Gil.

En los años 90, varios municipios de la montaña de Alicante trataron de convertir la pesadilla de la guerra de la antigua Yugoslavia en un mal recuerdo para decenas de refugiados que fueron reasentados en España dentro de un programa de acogida de 2.000 bosnios. En Planes, donde fue a parar Beisa, su marido e hijos y otro pequeño grupo de familias, les llamaban cariñosamente «els bosniets».

Ahora es la hija de esta mujer de 44 años natural de Prijedor quien le habla cariñosamente a ella mezclando valenciano, castellano y palabras de su lengua de origen. Son las dos españolas tras optar por la nacionalidad de adopción al superar los cinco años de residencia como asilada.

«Estuvimos en un campo de prisioneros serbio hasta que Cruz Roja lo descubrió y dejaron salir a mujeres y niños. Así pudimos escapar en un barco hasta Cartagena. Pasamos lo suyo, no teníamos nada», recuerda desde Muro de Alcoy, donde se mudaron ella y su familia hace unos años. «No teníamos intención de quedarnos, pero la gente fue muy buena y nos trató muy bien: Nos dieron un bancal para que cultiváramos cerezas y también clases de español», apunta por teléfono mientras cocina. Despacio, recordando algo muy lejano.

«Mi hija tenía cuatro años cuando salimos de allí, no es posible que se acuerde... Pero me dice que no puede ver lo que está saliendo en la tele. "Vamos a donar algo mamá para ayudar a esa gente", me dice. Que nos toca, que ella ya lo ha hecho», cuenta Beisa, con el agua hirviendo de fondo.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats