La falda de la sierra de Abanilla muere en una planicie en la que se extienden los campos de mandarinos, naranjos y limoneros que salpican la periferia de La Murada, la mayor pedanía de Orihuela con 5.000 habitantes. «Es aquello», dice Vicente Pérez señalando varias franjas de color gris y arena superpuestas que tachan la base del monte como un pequeño rodapié. Durante el viaje de cinco kilómetros por carretera que separa el casco urbano del vertedero de la mercantil Proambiente SL, los desmontes de la ladera donde está la planta ganan definición. El vertedero de residuos que causa el «mayor desastre medioambiental del Levante y quizá del Mediterráneo», según el exeurodiputado del PSOE Andrés Perelló, es un gigantesco recinto amoldado a la orografía del monte, serpenteado por viales y dominado para el observador que mira desde la entrada principal por dos enormes zigurats de color calizo. «Esa montaña de ahí son los vasos 1 y 2. La de al lado es el vaso inicial o vaso cero. Es todo basura cubierta de tierra», cuenta el presidente de la plataforma ecologista Vertivega. La sucesión de taludes alcanza los 50 metros de altura. «Las montañas son la punta del iceberg; la mayoría de la basura está en los vasos que tapan». La vista no alcanza a ver los otres tres pozos que completan la instalación. Los invernaderos de mandarinas que explotan dos empresas agrícolas se revelan como las manchas grises que completaban la panorámica. «No me quiero imaginar qué se puede estar filtrando a esos cultivos», apunta el activista y vecino de La Murada.
Es una clásica sospecha ecologista que tiene base. En los últimos cuatro años, los vecinos han encontrado hasta tres focos de sustancias lixiviadas con alto contenido en metales pesados, amonio, sales y otro tipo de elementos contaminantes en los alrededores de un vertedero. El más imponente de ellos llena una zanja de un metro y medio de profundidad y del largo de dos piscinas a un kilómetro escaso del vertedero.
Si los ecologistas están en lo cierto, a los pies de la sierra hay millones de toneladas de basura enterrada, al menos 117.900 de ellas sepultada ilegalmente dentro del vertedero y deficientemente impermeabilizada, que podría estar sudando la descomposición acumulada desde hace 23 años hacia los campos de cítricos, las balsas de riego, los acuíferos, las ramblas naturales y las casas de la periferia de las poblaciones vecinas de La Murada y Abanilla. Si los peritos judiciales que han aportado estudios en los dos procedimientos penales abiertos contra la mercantil no se equivocan, el líquido negro que supura la tierra en varios puntos dentro y fuera del vertedero es la consecuencia de la convivencia subterránea de agua de lluvia, podredumbre orgánica y residuos ácidos y metales. Y si las denuncias de Vertivega hilan bien, la documentada actividad irregular del vertedero estaría directamente relacionada con las cientos de miles de toneladas de, como mínimo, residuos urbanos sin tratar que se llevan descubriendo enterrados en el subsuelo desde hace años en fincas agrícolas en las proximidades de Proambiente.
La colisión de las distintas autoridades que se han manifestado sobre la planta y los enterramientos es frontal. Por un lado, dos jueces, de Cieza y Orihuela, investigan a Proambiente, el Ayuntamiento de Orihuela agota sus recursos para cerrar el basurero y la Comisión Europea mantiene firme su orden de clausura, sello y regeneración del macrovertedero. Del otro lado, encontramos sucesivos intentos frustrados de cierre por parte de la administración murciana, la laxitud de la Confederación Hidrográfica del Segura que propone medidas parciales de reforma, la pasividad del Gobierno central en ejecutar el mandato de Bruselas y la práctica indiferencia de la Generalitat Valenciana. Lo que hiede en la sierra de La Murada y Abanilla no son sólo los lixiviados, los gases, la descomposición de la basura y el estiércol de los mandarinos. Tras la mayoría de las catas, tomografías, análisis, comprobaciones administrativas y declaraciones testificales que durante la última década se han realizado sobre Proambiente han aparecido vínculos con el empresario que da origen al mayor caso de corrupción de la historia de Alicante, Ángel Fenoll.
Los ecologistas están convencidos de que el vertedero es el epicentro de una trama basada en una planta legalizada sólo en Murcia y que aceptaba más basura de la que podía asumir, eludía tratamientos que debía aplicar, expandía sin control a lo largo y a lo ancho sus pozos y que habría dado salida a lo que no podía tratar ni enterrar en su recinto en fincas agrícolas y rústicas a través propietarios y mediadores afines al empresario de la pedanía oriolana de La Aparecida. Condenado a 35 años de prisión por delitos fiscales si su recurso no prospera en la Audiencia Provincial, Fenoll, expulsado por sus hermanos de la dirección de Proambiente hace dos años, es un hombre enfermo y apestado entre quienes un día tuvo cerca que espera a la justicia.
Sin embargo, el negocio de vertido de basura que inició a principios de los 90 sin papeles en un hoyo entre Abanilla y Orihuela, sobre el confuso linde entre Murcia y la Comunidad Valenciana, sigue vivo. Proambiente SL sigue en manos de la familia Fenoll -de la que Ángel conserva un 16%-, que lucha por cumplir con una administración regional que le aprieta -un plan de regeneración de la sierra por haber vertido y usurpado más de 40 hectáreas de entorno natural protegido- pero sin llegar a asfixiarla como exige Bruselas; que es capaz de defenderse del asedio vecinal en los tribunales y que lucha por la supervivencia con un ERE extintivo de 21 empleos. En su esfuerzo por enterrar también los años del más conocido de los Fenoll, atienden a la prensa.
«Estamos haciendo las cosas como nos piden. Hemos hipotecado unas propiedades para cumplir el plan de restauración de la sierra, recogemos los lixiviados en una balsa y con pozos, los vasos 1, 2 y 3 están sellados y bien impermeabilizados, nunca hemos dejado de hacer reciclaje y mantenemos un control de las emisiones con laboratorios externos y de la Región de Murcia. Proambiente quiere seguir adelante», cuenta el consejero de la mercantil, Ginés Fenoll. Según el testimonio del directivo, la única ilegalidad cometida por su empresa es «el vaso inicial o vaso cero, que era ilegal hace 30 años». Sobre los enterramientos de basura en los aledaños, dice que «no estaba en ese momento» y añade acerca de los lixiviados de las fincas agrícolas que «hay tipos de compost» que «traen» variantes orgánicas y no contaminantes de este subproducto.
Un extrabajador de Proambiente, muy próximo a Ángel Fenoll y que prefiere no ser identificado, defiende esta versión de la empresa. «Proambiente lo ha hecho bien. Y antes cumplía también escrupulosamente con lo que pedía la administración», en relación a los permisos que sí se tramitaron en Murcia y que permitían a la zona de Abanilla el tratamiento de residuos no peligrosos. Niega enterramientos sistemáticos de basura sin tratar en las fincas colindantes, pero admite que algunos clientes volcaban en sus cultivos el fertilizante agrícola de la planta de compostaje de Proambiente. «Hay un "compost grueso" que podía contener restos de plástico. La holgura de la trituradora era un poco ancha», responde tras ser preguntado si sabe por qué hay fincas de limoneros en las cercanías con restos de juguetes, bolígrafos, cristales, jeringuillas o inhaladores de medicamentos semienterrados entre los tubos de riego por goteo.
La denuncia del Ayuntamiento que investiga el juzgado de primera instancia 3 de Orihuela, una de las piezas del caso Brugal y en la que se investiga a la mercantil, documenta profusamente el hallazgo de cientos de miles de toneladas de basura no biodegradable y contaminante en enterramientos de diferente magnitud en más de once parajes, fincas y suelos rústicos de la contornada. «Hemos encontrado pilas, aparatos eléctricos y hasta bolsas de transfusión de sangre», comenta el principal activista de Vertivega.
Roberto Sebastián, exempleado en la planta del empresario, colaboró con la justicia para señalar algunas de las ilegalidades que se están investigando. Su relato acerca de cómo se trabajaba dentro de la planta en los vasos de supuestos «residuos sólidos urbanos» entre 2001 y 2010 deja en evidencia a los testimonios más amables. En otros medios ha hablado de que el tránsito era de hasta 80 camiones diarios durante los siete días de la semana. «A veces los camiones ni se pesaban en la báscula y volcaban directamente en los vasos. Se han tirado los animales muertos del zoo, desechos de los hospitales, neumáticos y productos galvanizados. Cuando yo estaba, sólo había un vaso impermeable. El ácido -en referencia a los galvanizados- se come hasta el hierro. Cómo no se va a comer el plástico del impermeable...». En una colaboración con la policía reveló que la capacidad de los diques de contención de lixiviados de la planta hacía necesario extraer el líquido con una cuba y rociarlos de nuevo sobre el vaso varias veces al día.
Cuando Ángel Fenoll empezó a verter basura en un vaso excavado en esta zona, ubicada a 2,8 kilómetros de Abanilla y a cinco de La Murada sobre el linde entre la Comunidad Valenciana y Murcia en el año 1992, no tenía ningún tipo de licencia por parte del Ayuntamiento ni de la administración autonómica, competente en materia de residuos y suelos contaminados. Nunca le fue necesaria. La connivencia con los sucesivos gobiernos del PP que gobernaron Orihuela entre 1991 y 2011 fue cobertura suficiente para que residuos de los 27 municipios del Plan Zonal, «de Valencia, de Murcia y puede que hasta de Cataluña», según el presidente de Vertivega, llegaran hasta este paraje oriolano donde ningún papel autorizaba actividades ni de vertido ni empresariales de tipo alguno.
El nuevo gobierno de Orihuela trata desde el cambio electoral de 2011 de deshacerse sin éxito del vertedero del caso Brugal. «No podemos entrar a clausurar una instalación privada sin una orden judicial. Se la solicitamos hace siete meses a un juzgado de lo contencioso de Elche y todavía la estamos esperando. Lo más que podemos hacer es cerrar nuestro acceso a la planta», cuenta Antonio Zapata, alcalde accidental de Orihuela por el bipartito Verdes-PSOE. El vertedero cuenta una entrada alternativa por el término de Abanilla. Es el que se usa en la actualidad.
La estrategia de Fenoll de complicar las gestiones gracias a la indefinición fronteriza se mostró tan eficaz que obligó a que el Centro Nacional de Información Geográfica se posicionara al detalle sobre el límite entre ambas autonomías en el año 2006, un año después de que falleciera un trabajador por el desplome de un talud de residuos en uno de los vasos. El informe determinó que la mayor parte de las zonas de vertedero están en Murcia, pero que hay una parte que concentra las instalaciones -una báscula de pesaje de camiones, el taller, depósitos, oficinas, restaurante y el famoso zoológico con que Proambiente quería mostrar su cara amable- y la mitad de algunos vasos en territorio alicantino. El deslinde confirmó que Proambiente invade al menos 40 hectáreas del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Abanilla, una gran parte de su zona protegida bajo la europea Red Natura 2000 y que su actividad afecta a un área catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tanto en Alicante como en la provincia y región vecina.
Las autoridades locales denuncian que la Generalitat Valenciana aplica el negacionismo en el problema de Proambiente. «No hay ningún vertedero en La Murada, sólo enterramientos de basura», llegó a decir el director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, en una visita a la zona. Según Pérez, preguntado por qué eran aquellas instalaciones cercanas a una de las fincas de lixiviados, «contestó que eso era Murcia». «Hemos enviado planos detallados a Calidad Ambiental y a la conselleria de Infraestructuras. Dicen que ahí no hay nada. Desde 2012 no nos contestan sobre este asunto», asegura el alcalde oriolano. «Los propios técnicos de Medio Ambiente de Murcia alertaron a la Generalitat de que hay vasos clausurados en su territorio. No tiene sentido que la Generalitat mire a otro lado ante la mayor ilegalidad ambiental que se está cometiendo en la Comunidad. No sé qué oscuros intereses existirán, pero es seguro que algo está pasando», apunta Zapata.
El departamento legal de Vertivega está dispuesto incluso a jugarse fondos de la plataforma en una querella criminal contra los responsables políticos de este departamento y algunos técnicos por omisión e inacción respecto al vertedero y los lixiviados de las proximidades.
En la guerra de informes que se intercambia en el complejo caso de las basuras ilegales de La Murada hay desde técnicos que alertan de que puede haber un «grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales», como transmite un ecotoxicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia al juzgado de Cieza, hasta informes que califican sustancias encontradas en el territorio alicantino de «aguas negras» y restos «no peligrosos», según otro documento aportado por la Generalitat al procedimiento judicial de Orihuela. Todo depende de quién, cómo y dónde haga el informe.
En 2014, el comisario europeo de Medio Ambiente Janick Potocnik trasladaba al gobierno español la orden tajante de clausurar el vertedero de La Murada-Abanilla tras incluir la denuncia del entonces eurodiputado socialista Andrés Perelló en un expediente de clausura que afectaba a otros vertederos incontrolados de España. A día de hoy la respuesta del Gobierno es que no es competente en esa materia y que ha dado traslado a la Región de Murcia de la orden. En su respuesta parlamentaria, del mes de octubre, no menciona a la Comunidad Valenciana.
«El Gobierno no quiere entrar en estos temas regionales. Lo dejará en manos de las autonomías y si no se cumple el plazo de cierre pagará la multa subsidiaria que ponga la Comisión y luego se la descontará a Murcia y a la Comunidad Valenciana de sus presupuestos autonómicos. Por la parte del Estado, el vertedero sigue abierto por desidia. Por parte de las administraciones regionales, parece que el señor Fenoll sigue teniendo algo que decir», cuenta el diputado socialista Herick Campos, quien realizó la pregunta al Gobierno.
