El 23 de septiembre por la mañana Rajoy anunció la retirada del anteproyecto de ley que pretendía acabar con el pequeño margen de libertad de las mujeres para decidir sobre la continuación o no de su embarazo. Por la tarde Gallardón anunció su dimisión. Imposible contener el júbilo. En mi muro de Facebook publiqué este escueto mensaje: «Siiiiii, ha dimitidoooooooo». A cerca de 400 personas les gustó. Recibí 49 comentarios y todos expresaban el mismo entusiasmo por la noticia, elogiaban y se enorgullecían del logro de la movilización feminista. Todos menos uno. Treinta horas después de haber publicado mi mensaje, una mujer escribió el último comentario: «Demasiado bueno para ser verdad?, veremos a ver qué nos tienen preparado». En mi cabeza, sonó como un trueno, pues apenas unos días antes auguré en esta misma columna que iba a ser el Tribunal Constitucional (TC) el que le hiciera al PP el trabajo que por vía parlamentaria le hubiera pasado muy alta factura en las urnas.
A los pocos días, en plena vorágine por el proceso catalán pasó desapercibida una noticia: El TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad, promovido en febrero de 2011 por el grupo parlamentario popular, contra la Ley Foral de Navarra por la que se crea el Registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. La finalidad de esa ley es asegurar la prestación efectiva del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo respetando la objeción de conciencia. Sólo un magistrado discrepó del resto: el mismo al que le corresponde ser ponente de la futura sentencia que puede acabar con la libertad de las mujeres. Otro trueno sonó en mi cabeza.
Apenas quince días después de su toma de posesión, el nuevo ministro de Justicia anunciaba en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso la intención del Gobierno de abordar «con carácter inmediato» la reforma de la ley vigente para impedir a las menores de 16 y 17 años que puedan decidir sobre la interrupción de su embarazo a menos que cuenten con autorización de sus progenitores (para continuarlo no sólo no la necesitan, sino que, si le obligasen a abortar, los progenitores serían acusados de un delito). El instrumento elegido para ello es su inclusión en una batería de medidas y reformas legales bajo el paraguas del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 que, bajo la batuta de la ministra Mato (sí, han leído bien), se aprobó en Consejo de Ministros el 5 de abril del año pasado. Este jueves pasado lo ha vuelto a anunciar y sus declaraciones no dejan de sonar como truenos en mi cabeza de nuevo.
Los truenos anuncian tormenta ¿No vamos a hacer nada?
