Quienes esperábamos que tras las elecciones municipales se produjera un cambio que renovara la cultura local, nos sentimos decepcionados. Habíamos creído de buena fe que estos hombres venían dispuestos a cambiar las formas de hacer política, y por eso les apoyamos. Pero han bastado cien días para comprobar que las formas de hacer política siguen siendo las mismas. La manera de designar a quienes dirigirán las instituciones culturales de la ciudad y la provincia, muestran que no hemos avanzado nada. Seguimos en el mismo lugar donde nos encontrábamos meses atrás.
No discuto la idoneidad de las personas nombradas para dirigir el Gil-Albert, el Principal o el MARQ, sino el sistema empleado para ello. Es probable que estas personas tengan la preparación adecuada para desempeñar con solvencia los puestos a los que acaban de acceder. No es esa, sin embargo, la cuestión. Lo que rechazamos es el sistema empleado por los partidos políticos para efectuar los nombramientos. Nadie pone en duda que el proceso haya sido absolutamente legal; en ese aspecto, no cabe discusión. Pero no era esa la legalidad que necesitábamos en este momento. Lo que esperábamos de los nuevos partidos era que se apartasen de la vieja política y tuvieran la valentía de abrir nuevos caminos, acordes con lo que ellos mismos proponían. No les exigíamos mucho: hubiera bastado con imitar a quienes, desde hace tiempo, lo han hecho mejor que nosotros. Por desgracia, nada de esto se ha producido.
Es bastante más fácil, y también -¿por qué no decirlo?- más efectista, prohibir una exposición en solidaridad con los trabajadores de Coca-Cola que acometer una reforma que transforme la política cultural de la ciudad. No critico la medida de suspender la exposición, pero lo verdaderamente progresista hubiera sido realizar los nombramientos a través de un concurso público. Los gestos son importantes, pero lo que de verdad transforma una ciudad son las normas, los procedimientos que se siguen para su gobierno.
En el fondo de estas decisiones se esconde el miedo de los políticos a perder el poder sobre unos organismos públicos. Al nombrar directamente a los responsables, sin un concurso que garantice la independencia del nuevo cargo, el político se asegura el control de la institución. El director del ADDA, el del Gil-Albert, el del MARQ, el del Principal, el del Mubag o el del MACA, deberán su puesto a la persona que les nombró que, en cualquier momento, puede retirarles su confianza. Esta dependencia se presta a toda clase de manipulaciones, como ha ocurrido en el pasado. Tal vez ya no vuelvan a producirse estas manipulaciones, pero el problema es que no hemos hecho nada para evitarlo. La democracia nos exige valentía para renunciar a los viejos privilegios, y era esa valentía lo que esperábamos de los nuevos partidos.
