La Audiencia juzga al noveno intento a 17 acusados de enviar droga desde Alicante a Francia en la pandemia

Seis de los encausados pactan un acuerdo con la fiscal por el que admiten parte de los hechos a cambio de reducir la pena 

Algunos de ellos achacan al confinamiento el acopio de hachís en casa 

Los acusados sentados de espaldas en el banquillo al inicio de la vista oral en la Audiencia de Alicante.

Los acusados sentados de espaldas en el banquillo al inicio de la vista oral en la Audiencia de Alicante. / Alex Domínguez

J. A. Martínez

J. A. Martínez

 A la novena fue la vencida. En la Audiencia de Alicante arrancó este jueves un macroproceso a 17 acusados de formar parte de una organización de tráfico de drogas que operaba entre Málaga y la zona de la Marina Alta en la provincia durante el año 2020, en plena pandemia. Un juicio que ha tenido que ser suspendido hasta en ocho ocasiones por incidencias varias y ha podido arrancar con seis de los acusados cerrando un pacto con la Fiscalía. Unos acuerdos que van a acelerar la vista, hasta el punto de que a lo largo de la mañana del jueves se pudieron solventar las cuestiones previas y los interrogatorios de todos los acusados.

La gran mayoría solo quiso responder a las preguntas de sus defensas, incluso aquellos que habían llegado a un pacto con el fiscal. Esos procesados que habían cerrado conformidades únicamente admitían haber traficado con drogas, pero negaban su pertenencia a una organización criminal especializada en estos delitos. La operación se llevó a cabo en el año 2020, durante el confinamiento, y estos procesados aseguraban que era precisamente a causa de las restricciones por las que se habían visto obligados a hacer acopio de droga por las dificultades para salir a la calle. Para ello, han justificado que tenían problemas de adicciones y que estaban sometidos a tratamientos de rehabilitación.

Los acusados se enfrentan a penas que suman 162 años de prisión y para quienes el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los siete y los doce años de prisión. Las penas máximas se reclaman para los presuntos cabecillas del grupo. Tras los acuerdos alcanzados, la Fiscalía podría bajar las penas solicitadas para los procesados que han admitido los hechos, aunque esas penas se concretarán durante la fase final de informes. La vista oral se reanudará el próximo 14 de junio con la declaración de los testigos.

La investigación de la Guardia Civil apuntaba a la existencia en el año 2020 de un grupo especializado en introducir grandes cantidades de droga, en especial hachís, que llegaban a España desde Marruecos a través de Málaga, de donde se trasladaba a la comarca de la Marina Alta en Alicante. El hallazgo de una furgoneta con más de 350 kilos de hachís aparcada en un polígono de Benissa en abril de 2020, fue uno de los hechos que desencadenó la operación. 

La Fiscalía sostiene que los cabecillas de la banda culparon a un miembro de la organización de haber robado la droga, motivo por el que lo tuvieron secuestrado, hasta que averiguaron que el cargamento lo tenía la Guardia Civil. La víctima de este secuestro llegó a ser uno de los detenidos en su día en la operación, pero en la actualidad permanece en paradero desconocido.

Accidente en un control

Otro coche fue interceptado durante un viaje entre la provincia y Málaga. Entre los acusados están los dueños de ambos vehículos, que negaron cualquier responsabilidad en el envío de droga. El dueño de la furgoneta aseguró que se la había dejado a su hermano después de que éste se la pidiera, mientras que éste aseguró que se la habían pedido unas personas que estaban interesadas en alquilar una furgoneta. Según explicó, accedió porque quiso sacarse un dinero al estar sin trabajo a causa de la pandemia, pero desconocía que se fuera a usar para trasladar droga. 

En la misma, el propietario de otro de los turismos interceptados señaló que en el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba en su domicilio en Estepona y que le había dejado el coche a un amigo porque lo necesitaba «para hacer unas compras». Dicho vehículo sufrió un accidente cuando intentó burlar un control. Uno de los ocupantes del coche aseguró que ignoraba que había droga en el coche y que solo iba acompañando a un amigo y que quedó inconsciente tras la colisión. El conductor del vehículo es uno de los acusados que cerró una conformidad con la Fiscalía y además hermano de la víctima del secuestro.

Salvo las seis conformidades, el resto de los acusados negaron los hechos. Alguno de los que se les intervino droga en la vivienda aseguraron que se trataba para su autoconsumo y que si había cantidades elevadas era porque las compartían entre varios porque estaban en pleno confinamiento por la pandemia del covid y no se podía salir a la calle para adquirir droga. 

Hasta ahora todos los intentos para poder celebrar la vista oral habían sido en vano. Cuando no comparecía alguno de los acusados, era otro de los letrados el que faltaba por sufrir alguna indisposición o bien porque les coincidía con otro señalamiento. Ayer había dudas sobre si se podría celebrar el juicio. Para evitar incidencias la sala ha dispensado a una buena parte de los acusados para no tener que acudir a todas las sesiones, sobre todo porque algunos deben desplazarse desde Málaga.

Petición de nulidades de registros y escuchas

A pesar de los acuerdos negociados, algunas defensas plantearon la nulidad de los registros y de las escuchas telefónicas. Uno de los letrados alertó se practicó el registro de una vivienda en un punto donde había hasta tres moradas diferentes, lo que para éste constituyó una irregularidad que invalidaba toda la investigación. Otras defensas pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas, argumentando que se trataba de resoluciones estereotipadas, prospectivas y sin ninguna motivación judicial para vulnerar el derecho a las comunicaciones. 

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