Juicio por estafar 37.900 euros a la mujer para la que trabajaba en Alicante fingiendo que estaba enferma

Problemas renales, de endometriosis, de rotura de prótesis mamarias, negligencias médicas para las que precisaba contratar un abogado, enfermedades que la tenían al borde la muerte cuya curación tenía que costearse ... todo servía para pedirle dinero a la que entonces era su empleadora. Una austriaca que lleva desde 1990 residiendo en la Playa de San Juan, de cuyo marido mayor y enfermo se ocupaba la acusada, a la que quería como a una hija y a quien llegó a transferir 37.900 euros para que pudiera resolver sus supuestos problemas de salud.

 Los hechos, que se que remontan a 2013, han sido juzgados este martes en la Audiencia de Alicante. Además de esa mujer, en el banquillo la acompañaban otras cuatro personas más (faltaba su expareja, declarado en rebeldía) a las que tanto la Fiscalía como la acusación particular, representada por el letrado Miguel Ángel Garijo, imputan haberse puesto de acuerdo para estafar a la denunciante.

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Imprescindible para conseguirlo fue la relación de confianza de la que la supuesta enferma se aprovechó, según coincidieron tanto las acusaciones como los testigos que han declarado ante un tribunal de la sección Primera.

Durante la vista oral se ha relatado cómo la principal acusada le fue pidiendo cantidades de dinero para fines médicos llegando incluso a firmar un reconocimiento de deuda de 22.000 euros que le iba a abonar gracias a una elevada indemnización por una supuesta negligencia médica que tenía que percibir.

Pero no solo no le devolvió esa cantidad sino que le siguió pidiendo hasta que entraron en juego el resto de los acusados, todos ellos amigos o familiares de la denunciada y a los que la ciudadana austriaca hizo transferencias creyendo que en realidad se las estaba haciendo a médicos que estaban tratando a la cuidadora de su marido para que pudiera sanarse de las dolencias que padecía. 

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Y así hasta que se le ocurrió llamar al hospital de Barcelona en el que supuestamente estaba ingresada y le comunicaron que ni de ella ni de los supuestos médicos a los que estaba transfiriendo dinero tenían idea de quienes eran. El «descubrimiento» a través de Facebook de los presuntos facultativos eran en realidad amigos de la principal acusada dio pie a este procedimiento penal.

El fiscal acusa de un delito continuado de estafa y pide penas de hasta tres años de prisión y la devolución del dinero más los intereses. La defensa de la principal acusada ha llegado a responsabilizar a la víctima de no haberse percatado de lo burdo del engaño planteando que en vez de por la vía penal reclame por la civil.