Sexto intento en ocho años para juzgar el mayor fraude fiscal en la compra de coches de lujo

Desde el año 2016, la Audiencia de Alicante ha hecho hasta cinco intentos de enjuiciar a los seis acusados por el mayor fraude fiscal en la importación de coches de lujo, un macroproceso bautizado como Auto Salón. A partir del lunes, se producirá el sexto intento en ocho años en un juicio que tiene una duración prevista de un mes. La sala quiere que esta vez no haya ninguna incidencia y quiere dejar visto para sentencia el proceso el próximo 30 de mayo en un macroproceso repartido en dieciséis sesiones en las que han sido citados un total de 52 testigos.  

El principal acusado es el empresario Juan Andrés C. P., que dirigía el Grupo Auto Salón y dedicado a la venta de vehículos de lujo de importación. Ferrari, Porsche, Audi, Jaguar o Mercedes eran algunas de las marcas comercializadas. La Agencia Tributaria cifra en ocho millones el IVA defraudado por la venta de estos vehículos y que se habría cometido entre los años 2004 y 2007. A los acusados se les imputa el haber creado un entramado societario para lograr la devolución indebida del impuesto, que jamás ingresó en las arcas públicas. 

Al presunto cabecilla de la trama se le reclaman penas que suman 44 años de prisión y una multa de 33 millones por fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsificación de documento público. Junto a él se sientan en el banquillo su esposa y otros colaboradores del entramado. El conjunto de las penas reclamadas suma cerca de 169 años de cárcel y multas de 132 millones de euros. 

La incorporación de un nuevo perito pospone por quinta vez el juicio por el mayor fraude fiscal con coches de lujo

En 2019, Juan Andrés C. P. fue uno de los arrestados en la llamada Operación Beautiful, el mayor golpe a las redes de blanqueo del narcotráfico en la zona levantina y con cerca de 80 encausados. Esa última causa se enjuiciará en la Audiencia Nacional. El arresto de Juan Andrés C. P. en el marco de la operación Beautiful frustró la posibilidad de cualquier tipo de acuerdo en el juicio por Auto Salón. Durante los registros, se intervino más de un millón y medio de euros en efectivo y relojes de lujo por valor de otro millón en el domicilio del empresario. Todo oculto en una habitación perfectamente preparada al efecto de las conocidas como habitaciones del pánico. La negociación se apoyaba en la posibilidad de obtener rebajas de pena si pagaba el dinero reclamado por Hacienda, pero no llegaron a ningún acuerdo al intentar que el Estado rebajara la cantidad. Hoy se da por descartado cerrar un pacto con las defensas. 

La Sección Tercera de la Audiencia va a tener que trasladarse al salón de actos de los juzgados de Pardo Gimeno para garantizar el dar cabida a las numerosas partes que intervendrán en el proceso. Entre abogados defensores de los seis acusados, de los responsables civiles, el fiscal y la Abogacía del Estado hay hasta 21 letrados en el estrado. Como ponente ha sido designada una magistrada con experiencia en macrojuicios, Encarnación Gómez Caselles, que formó parte del tribunal de la Audiencia de Sevilla que dictó la sentencia del caso de los ERE de Andalucía. Las jornadas del lunes y el martes han sido reservadas para que las partes planteen las cuestiones previas. Si hay un momento para que se intente una nueva suspensión del juicio, éste será el momento. Entre el miércoles y el jueves declararían los acusados.

Incidencias

Desde que llegó a la Audiencia, el proceso ha acumulado todo tipo de incidencias que han impedido que se pudiera celebrar la vista oral. Con la dificultad añadida de que, al ser un juicio tan complejo, no era fácil de encajar en la saturada agenda del tribunal. En octubre de 2016, la Audiencia hizo un primer intento de celebrar el macroproceso. La vista se suspendió porque los acusados y la Agencia Tributaria intentaron negociar un acuerdo, en el que Hacienda se comprometió a rebajar las penas de cárcel pedidas, si los acusados pagaban el dinero. Pero las negociaciones no cuajaron.

La sala hizo un nuevo intento en noviembre de 2017, pero la llegada a última hora de nueva documentación que las defensas venían reclamando a Hacienda provocó otra nueva suspensión, a fin de que las partes pudieran estudiar los miles de documentos.

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En mayo de 2019, hubo otro intento, pero la muerte del abogado del Estado que iba a intervenir en el juicio provocó que la vista se suspendiera. El cuarto intento se produjo en enero de 2020, pero el tribunal se encontró con que no tenía salas disponibles para albergar a todas las partes. La llegada de la pandemia motivó que no sirviera cualquier sala.

En el año 2021, falleció el perito de la Agencia Tributaria que hizo el informe en el que se basaban todas las acusaciones, José Ramón Solano, lo que obligó a designar a un nuevo inspector para que revisara la abundante documentación que obra en la causa y exponga las conclusiones de Hacienda durante la vista oral. El juicio había sido suspendido por quinta vez mientras se buscaba sala adecuada, que ha estado pendiente no sólo de que el nuevo funcionario hiciera el nuevo informe y se estudiara la causa, sino también que ellos mismos tuvieran tiempo para volcarse durante un mes en la vista oral. Un proceso para el que luego habrá que dictar sentencia. ¿Será este sexto intento el definitivo?