Un total de 331 magistrados de la Comunidad Valenciana de los 568 que ejercen en esta autonomía -el 58,27 por ciento- secundaron ayer la huelga de jueces y fiscales convocada a nivel nacional para decir «basta ya a una Justicia abandonada y anticuada», reclamar que se convierta en «moderna, ágil y eficiente» y denunciar los «avances prácticamente nulos» emprendidos por el Ministerio de Justicia.
Según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), un total de 303 magistrados se sumaron a los paros en la provincia de Valencia, 196 en la de Alicante y 69 en Castellón.
La huelga también fue secundada por buena parte de la plantilla de la Fiscalía. En Elche la secundaron 7 de los 16 fiscales y en Orihuela dos de 10.
En los juzgados de Elche, el 90% de los jueces ha secundado el paro nacional, según la juez decana, quien informó que únicamente se abrieron dos salas para celebrarse juicios y el resto de señalamientos se pospusieron para otras fechas.
El juez decano de València, Pedro Viguer, valoró la convocatoria en una rueda de prensa convocada junto a representantes de las asociaciones de jueces convocantes de esta huelga para informar sobre las reclamaciones de la carrera judicial.
Según Viguer, se convocó a este «día histórico» de huelga a 568 jueces y 264 fiscales de la Comunidad Valenciana, de los que 166 magistrados y 115 representantes del Ministerio Público trabajan en la Ciudad de la Justicia de València.
Todo ello, para «decir basta ya a una Justicia abandonada y anticuada» y pedir «el paso a una Justicia moderna, ágil y eficiente».
El magistrado Joaquim Bosch, exportavoz de Jueces para la democracia, pidió la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque «no ha hecho absolutamente nada» ante las reivindicaciones que motivan esta huelga y criticó que no ha tenido «ninguna capacidad de buscar soluciones». «El ministro ha sido incapaz de estimar lo que supone esta huelga», agregó Bosch, mientras que Viguer lamentó los «avances prácticamente nulos» por parte del Ministerio.
En el comunicado que el juez decano de València leyó ante los medios, los magistrados y fiscales denuncian que «no existe voluntad política para mejorar el funcionamiento de la Justicia» que, añaden, «sigue siendo la hermana pobre de las Administraciones Públicas».
«Todos queremos que nuestra Justicia funcione con agilidad y eficacia, pero para ello hace falta una inversión suficiente que nos saque de esta situación de Justicia decimonónica y artesanal en la que nos encontramos», reza el escrito.
Entre las medidas que las asociaciones de jueces y fiscales proponen y reivindican con esta movilización figura la «despolitización» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -«conforme a las recomendaciones del Consejo de Europa, a las que curiosamente nadie en España hace caso»-, o un plan de inversión prolongado con incremento de la planta judicial y fiscal y creación de 300 plazas anuales durante cuatro años.
