La Audiencia Provincial sienta en el banquillo desde ayer nueve presuntos miembros de una red dedicada a traficar con anfetaminas, marihuana y anabolizantes en gimnasios de Alicante. El fiscal reclama siete años de cárcel para el presunto cabecilla, mientras que para el resto penas que oscilan entre los cuatro y los dos años de cárcel. Tras varios registros, la Policía les intervino un kilo y medio de anfetaminas, numerosas cajas de anabolizantes una plantación de marihuana en una casa de Busot.
Nada más empezar el juicio, el presunto cabecilla de la red renunció expresamente a su abogado al decir que había perdido la confianza en él por diferencias tanto en las negociaciones de un posible acuerdo con la Fiscalía, como con el modo en que había planteado la defensa. Su abogado, el letrado granadino Pablo Porcel, planteó el estado de indefensión que se le generaba a su patrocinado. Sin embargo, el. tribunal no aceptó esta renuncia al considerar que se trataba de una «maniobra dilatoria» que buscaba la suspensión del juicio. Pese a las protestas del letrado, que pidió abandonar la sala para pedir amparo al colegio de abogados, el tribunal le dijo que debía permanecer y le advirtió de las responsabilidades en las que podía incurrir si se marchaba. Ni su defendido quiso declarar ni responder a nada, ni su letrado quiso ni plantear cuestiones previas, ni practicar interrogatorio alguno.
Petición de nulidades
El resto de las defensas sí que plantearon la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se basó la investigación y por tanto de las órdenes judiciales de registro por la que se intervino la droga. Una petición a la que se sumaron todas las defensas, entre los que se encontraban los letrados María Paz Alarcón y Roberto Sánchez. Entre las cuestiones alegadas para la nulidad estaban, según sus argumentos, la ausencia de indicios para acordar los pinchazos telefónicos.
La investigación policial se inició a raíz de un correo electrónico anónimo en la Sección de Dopaje de la Comisaría General de la Policía alertando del elevado nivel de vida del que resultó ser el presunto cabecilla de la red, que se dedicaba a traficar con drogas y medicamentos en gimnasios y que estaba a punto de recibir un paquete con droga. La investigación giró en torno a la recogida del paquete en una empresa de mensajería de la Playa de San Juan y que fue trasladado a un trastero en Alicante, donde quedó guardada.
Los otros acusados negaron ayer su relación con el tráfico de drogas y formar parte de red organizada alguna. Al ser interrogados sobre el contenido de las escuchas telefónicas, en las que según la Policía hablaban en clave ante la posibilidad de que tuvieran los teléfonos intervenidos. Los procesados rechazaron hablar en clave y sostuvieron que cuando hablaban de «coches», «bañeras» y «fotos» se estaban refiriendo realmente a esas cosas.
El dueño del trastero aseguró que era una plaza de garaje y que iba a alquilar al considerado presunto cerebro y que desconocía el uso que éste iba a hacer de la misma, aunque un año atrás se la había alquilado para que guardara su coche.
Otros dos acusados eran porteros de seguridad en locales de ocio y también negaron su pertenencia a la red. Uno de ellos sostuvo que los anabolizantes que la Policía intervino en su casa eran medicamentos normales para su autoconsumo. Otro procesado se resposabilizó de la plantación de marihuana intervenida en Busot, en la que se requisaron más de 500 plantas, y aseguró que era para su autoconsumo, aunque admitió que el presunto cabecilla le ayudó a pagar el alquiler.
