El sumario por el asesinato del alcalde de Polop ya está en la Audiencia a la espera de que se señale el juicio con jurado popular. Las doce cajas que contienen todos los documentos de once años de investigación fueron trasladadas ayer desde el juzgado de La Vila Joiosa a la Audiencia Provincial custodiadas con un dispositivo de seguridad formado por agentes de la Guardia Civil, donde iban a ser depositados en una sala para albergar las piezas de convicción. Ahora resta asignar un magistrado y establecer cuál va a ser el calendario de un juicio que será maratoniano por la cantidad de acusados y de testigos a los que habrá que interrogar, aunque todo apunta que no se celebrará hasta después del verano.

En el banquillo se sientan siete acusados a los que el fiscal reclama penas que suman 181 años de cárcel. El escrito del ministerio público recoge conclusiones muy similares al presentado por la acusación particular, que ejerce el abogado Vicente Guerri, y pide 25 años de cárcel por asesinato para cada uno de los cuatro acusados de encargar el crimen (el exalcalde de Polop Juan Cano, el empresario Salvador Ros y los responsables del club alterne Mesalina de Finestrat, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto). Para los tres presuntos autores materiales (los checos Robert Franek y Radim Rakowski, así como el español Raúl Montero Trevejo), se reclaman 25 años por el asesinato, y dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas.

La acusación relata los enfrentamientos entre Alejandro Ponsoda y Juan Cano, a raíz de que este último quedara relegado en las listas municipales de 2003 al Ayuntamiento de Polop debido a la aparición de unas cintas en las que Cano reclamaba dinero a un empresario. Cano acusaba a Ponsoda de no defenderle ante la dirección del partido y por tanto de no haber salido concejal. La Fiscalía señala que con la vuelta de Cano al Ayuntamiento en 2007 los enfrentamientos con Ponsoda se recrudecieron «al tratar de imponer sus decisiones». Siempre según la Fiscalía, Cano se puso de acuerdo con el empresario Salvador Ros «que había tenido conflictos con el alcalde asesinado», por la animadversión que sentían hacia Ponsoda. Para ello contactaron con los responsables del club de alterne Messalina de Finestrat y en una de las salas VIP del local propusieron al testigo protegido cometer el crimen por 35.000 euros. Al negarse éste, propusieron el crimen a los otros tres procesados.