La juez de La Vila Joiosa que investiga el asesinato del que fuera alcalde popular de Polop de la Marina Alejandro Ponsoda (PP), cometido hace más de una década, ha abierto juicio oral por delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas a los siete acusados.
El auto, notificado ayer a las partes y al que ha tenido acceso Efe, impone una fianza conjunta a los sospechosos de 334.933 euros a fin de garantizar el posible pago de indemnizaciones a la familia del fallecido.
La juez descarta el sobreseimiento de la causa solicitado por las defensas y ordena, por consiguiente, la remisión de la causa a la Audiencia Provincial de Alicante para la celebración del correspondiente juicio por el procedimiento de jurado popular.
La Fiscalía solicita provisionalmente 25 años de cárcel para los cuatro presuntos inductores del crimen: el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano, que pertenecía igual que él al PP, y tres empresarios (Salvador Ros, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto).
La acusación pública eleva esa petición hasta los 27 años de cárcel respecto a los tres supuestos sicarios que ejecutaron el crimen: Radim Rakowski, Robert Franek y Raúl Montero Trevejo.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vilajoyosa, María Arántzazu Llorente, ha citado el próximo 4 de mayo, a partir de las 9.30 horas, a los siete procesados para notificarles este auto, contra el que no cabe recurso salvo ciertas excepciones.
El pasado 23 de marzo, todos ellos comparecieron ante la juez en una audiencia preliminar donde las acusaciones y los letrados defensores expusieron sus respectivas conclusiones y solicitaron la práctica de diligencias complementarias.
La magistrada considera que existen indicios de criminalidad contra los reos que no permiten calificar «de irrazonables ni carentes de fundamento» las conclusiones provisionales de la Fiscalía y la acusación particular, que ejercen dos hijas y la exmujer de Ponsoda.
«En este momento procesal no cabe plantearse si existen o no pruebas de cargo que puedan ser idóneas para una condena, sino simplemente comprobar si existen o no datos indiciarios para mantener una acusación fundada», recuerda.
Juan Cano había sido concejal de Urbanismo de Polop hasta 2003 y guardaba «rencor» a Alejandro Ponsoda porque creía que no le había apoyado cuando el PP le relegó al décimo puesto de sus listas en las elecciones municipales de ese año y no pudo ser reelegido, según sostiene la Fiscalía.
La dirección del partido adoptó esa decisión tras conocer la existencia de unas supuestas grabaciones donde el acusado pedía dinero a un empresario. Ya en 2007, Cano regresó a la política activa y al ayuntamiento como teniente de alcalde y edil de Urbanismo.
En verano de ese mismo año, según la Fiscalía, el edil y un empresario local del sector del calzado, Salvador Ros, «se concertaron» con el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente, para acabar con la vida de Ponsoda. Según la Fiscalía, «movidos por la animadversión que sentían hacia él por razón de su cargo de alcalde», ofrecieron 35.000 euros por cometer el crimen a un individuo, pero éste, que tiene ahora la condición de testigo protegido en la causa, lo rechazó.
El encargo sí fue aceptado, presuntamente, por Raúl Montero Trevejo y los ciudadanos checos Radim Rakowski y Robert Franek, quienes se desplazaron hasta Polop sobre las 21.20 horas del 19 de octubre de 2007, aguardaron a que Ponsoda llegase a su domicilio y, supuestamente, le descerrajaron tres tiros. Una de las balas alcanzó al alcalde, de 54 años, en la cabeza y le causó la muerte en la madrugada del 27 de octubre.
