El Ministerio de Justicia ha denegado la petición de indulto para el exedil de Alicante José Ramón García Santos que se encuentra en prisión desde hace dos años cumpliendo condena por delitos de estafa. La Audiencia de Alicante notificó el martes que incorpora esta negativa a la ejecutoria de la sentencia por la que le mantiene encarcelado y por la que tendrá que seguir hasta febrero de 2020, según indicaron fuentes judiciales. El exedil ha desplegado varias iniciativas para tratar su excarcelación, entre las que está pendiente que se pronuncien la junta de tratamiento penitenciario sobre la concesación del tercer grado, aunque recientemente ha empezado a disfrutar de permisos de fines de semana que le permiten salir de prisión, el primero de ellos a finales del pasado enero.
El pasado mes de febrero se cumplieron dos años desde que ingresó en prisión por una estafa inmobiliaria el que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de Luis Díaz Alperi como alcalde de Alicante, José Ramón García Santos. Durante este tiempo, la Audiencia le imponía una segunda condena, con lo que las penas de prisión que debe cumplir suman cuatro años. La primera de ellas la terminó el pasado domingo 28 de enero.
Durante estos meses, la sala de la Audiencia que le impuso la segunda condena ha denegado hasta en tres ocasiones las peticiones del exedil para quedar en libertad y a las que se han opuesto los perjudicados, representados por el despacho Pérez Prados Abogados, porque no se ha intentado pagar a los perjudicados.
A lo largo de estos meses, la defensa ha reclamado la suspensión de la condena, la sustitución de la pena de cárcel por trabajos en beneficios de la comunidad y, por último, la paralización del encarcelamiento mientras se tramitaba el indulto. Todas ellas fueron sido denegadas.
El socio, en libertad
Por su parte, el socio de García Santos, Luis Espino, está ya fuera de prisión en el tercer grado penitenciario, aunque entró a la vez en la cárcel que su compañero de banquillo. Según fuentes de los perjudicados, ha sido el único de los dos que ha tratado de indemnizarles.
En la primera condena, el encarcelamiento de García Santos se produjo porque ni él ni su socio habían pagado los 288.000 euros que le impuso un juzgado de lo Penal para resarcir a las víctimas. En la segunda condena, no hay fijadas indemnizaciones aún, ya que la responsabilidad se tiene que decidir por la vía civil.
Cuando el Tribunal Supremo confirmó la segunda condena al
ex edil, la defensa de García Santos planteó al tribunal la suspensión de la pena. La sala lo denegó al considerar los antecedentes del acusado y que el delito se cometió en el ejercicio de su actividad profesional. «Esta utilización de la actividad empresarial , reiterada (...) permite estimar que no es razonable esperar que el penado no vuelva a intentar obtener otro beneficio poniendo en riesgo el patrimonio ajeno», argumentaban los magistrados para denegar la suspensión de la condena.
Seis meses más tarde, los condenados reclamaron la sustitución de la condena por trabajos en benificio de la comunidad. La sala aseguró que en el caso del acusado «la oportunidad y el riesgo de delinquir no se encuentran en el ambiente carcelario, sino en el ambiente de los negocios». Los jueces recordaban en la resolución que este delito se comete «en el curso de una actividad profesional ordinaria, a veces con la interesada esperanza de que la norma penal no se aplicará realmente en esta clase de sujetos responsables».
La tercera denegación vino a raíz de que García Santos pidiera el indulto al Ministerio de Justicia y planteara que la condena de prisión quedara suspendida mientras se tramitaba la medida de gracia. La Sección Décima de la Audiencia lo rechazaba recordando que ya se han pronunciado hasta en dos ocasiones sobre la suspensión de la condena, pero apuntaban a que en este caso «no se aprecian especiales razones de equidad o de utilidad pública» que justificaran el indulto. Con la medida de gracia denegada, el acusado está a la espera del tercer grado.
El abogado José Manuel Yepes, que asumió la defensa del exedil tras su condena, consideró «injusta» la prisión para su patrocinado, habida cuenta que los hechos ocurrieron hace una década y García Santos era una persona totalmente integrada en la sociedad. En su opinión, parece que la severidad de la sentencia se debe más a su pasado político.
