El asesinato del alcalde de Polop quedó ayer listo para ser enviado a juicio en un juzgado de La Vila Joiosa tras una dilatada instrucción que va camino de los once años. Procesados, defensas y acusaciones fueron citados ayer a una vista final en el juzgado de La Vila Joiosa para una última comparecencia antes de decidir enviar los cuarenta tomos de la causa a la Audiencia para que sea enjuiciada por un jurado popular. Una vista que es preceptiva en las causas de jurado y en la que las partes exponen sus argumentos para mandar o no la causa a juicio. Las acusaciones, que ejercen la Fiscalía y las hijas del munícipe asesinado, solicitaron la apertura de juicio oral, otras defensas pidieron el sobreseimiento y algunas plantearon que se practicaran nuevas pruebas, una posibilidad sobre la que el juzgado se ha cerrado en banda. En cuestión de días, la juez dictará un auto para enviar la causa a la Audiencia.
Alejandro Ponsoda murió asesinado a tiros en octubre de 2007 cuando entraba con su coche en el garaje de su casa en la pedanía polopina de Xirles. Tras dos años de investigaciones, en noviembre de 2009, fue detenido como presunto inductor del crimen la persona que sustituyó a Ponsoda en la Alcaldía tras su muerte, Juan Cano. Otros acusados de ser autores intelectuales del asesinato son los responsables del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, así como el empresario polopino Salvador Ros. Un testigo protegido dice que éstos encargaron el crimen a los checos Robert Franek y Radim Rakowski y al español Raúl Montero Trevejo. Todos han asegurado que son inocentes y han asegurado que el testigo protegido miente. Todos salieron en libertad provisional de prisión a los pocos meses.
Las defensas reclamaron ayer a la juez que evite un escarnio público a los acusados y les evite la pena de banquillo de un juicio en el que quedarán absueltos e insistieron en la falta de pruebas contra los acusados. Cano está defendido por los letrados Carlos Ruiz Manero y Javier Boix que ayer pidieron el sobreseimiento; mientras que el empresario Salvador Ros está representado por Jorge Martínez Navas.
La abogada Mariana Ivanova, que defiende a los dos ciudadanos checos, recordó que el juzgado archivó en 2011 la causa para los tres acusados de ser los autores materiales del crimen por falta de pruebas con el visto de la Fiscalía hasta que la Audiencia obligó a volver a imputarles y continuar las pesquisas para ellos. «A lo largo de este tiempo no ha aparecido nada nuevo y hay contraindicios que les exculpan», explicó, por lo que consideró un contrasentido que el Ministerio Público quiera ahora llevarles al banquillo. Por su parte, el letrado Francisco González, que lleva la defensa de Pedro Hermosilla, consideró que «a lo largo de estos años hemos demostrado que el testigo protegido está mintiendo, pero parece que la voluntad de la Audiencia es que esto tiene que ir a juicio. Parece que lo mejor es que se juzgue cuanto antes para que puedan ser exculpados».
La Fiscalía pide penas que suman 181 años de prisión para los siete acusados, mientras que el abogado de la acusación particular, Vicente Gueri, reclama 179 años. En total son 25 años para cada acusado por el asesinato y otros dos más para cada uno de los considerados autores materiales del crimen por tenencia ilícita de armas.
Las acusaciones consideran como móvil del crimen los enfrentamientos entre Ponsoda y Cano, a raíz de que este último quedara relegado en las listas municipales de 2003 al Ayuntamiento de Polop por la aparición de unas cintas en las que Cano exigía dinero a un empresario. Éste acusaba a Ponsoda de no defenderle ante el partido. Durante esos años trató de controlar el Urbanismo en la sombra a través de la creación de una gerencia que sería llevada por él mismo, manteniendo enfrentamientos con el edil delegado entonces de esa cartera, Juan Andrés Llorens. En 2007, Cano consiguió volver al Ayuntamiento polopino al como número dos de las listas por el PP y ocupó el cargo de teniente de alcalde, sucediendo a Ponsoda tras su muerte.
