La Guardia Civil ha detenido e investigado a 29 personas en Castellón, Madrid, Sevilla y Barcelona, de las que 20 son administradores de empresas, que supuestamente pertenecían a una organización acusada de estafar más de 20 millones de euros a alrededor de 226 particulares, cinco entidades bancarias y siete empresas financieras y rentings, según informó ayer el delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues.
La organización contaba con un entramado de más de 30 sociedades, de las que 10 eran «offshore», radicadas en las islas Seychelles, Estados Unidos y Chipre. La investigación, según explicó Moragues, ha sido «muy compleja» por la gran cantidad de empresas y cuentas bancarias que habían creado los detenidos.
Las detenciones e investigaciones llevadas a cabo, por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, se han producido 25 en Castellón, dos en Madrid, una en Sevilla y una en Barcelona. Cinco de los detenidos han ingresado en prisión.
La actuación de la Guardia Civil se inició en noviembre de 2016 cuando los agentes observaron a personas muy jóvenes con un nivel muy alto de vida, viviendas de lujo y vehículos de alta gama.
Durante la operación se han intervenido 15 vehículos de alta gama y una embarcación valorados en 362.000 euros; maquinaria industrial valorada en más de 670.000 euros; y joyas y material electrónico por valor de 80.000 euros. Además se han investigado 270 cuentas bancarias en España -de las que se han bloqueado judicialmente 111- y 21 cuentas localizadas en paraísos fiscales -Islas Granadinas, Venezuela, Alemania, Malta, Panamá, Chipre, Islas Mauricio, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos-.
La organización empleaba varias formas de estafa. En la primera convencían a la persona perjudicada para pedir un préstamo de unos 5.000 euros, de los cuales realmente solo recibía 3.000, aunque, sumando intereses y comisiones, se comprometía al pago de unos 8.000 euros. En la segunda forma de fraude, estafaban a financieras y rentings mediante la compra ficticia de material industrial y software.
En la tercera, la organización creó sociedades en paraísos fiscales, empresas financieras con apariencia de bancos internacionales y portales web para captar liquidez, de tal forma que sorteaban cualquier tipo de control al movimiento de capitales. Además, emitían avales y captaban pasivo en depósitos bancarios, engañando a los clientes de los supuestos bancos, que creían que se trataban de entidades reales. Estos bancos ficticios ofrecían intereses muy por encima del mercado bancario.
Los autores empleaban un banco internacional ficticio denominado IRB Private Bank con sede en Seychelles, el cual emitió avales por valor de 509 millones de euros y se identificó un capital social de 10 millones de dólares en las islas Seychelles y 53 millones de euros en Delaware (Estados Unidos).
