Dos yihadistas detenidos en Altea y en Málaga en octubre de 2016 reconocieron ayer en un juicio que acoge la Audiencia Nacional su pertenencia a una célula de captación para el envío de combatientes al Estado Islámico y aceptaron, de conformidad con el Ministerio Fiscal, la expulsión del territorio español por tiempo de diez años.
Para el acusado Abdelillah Migou se acordó la pena de prisión de cuatro años por el delito de integración terrorista mientras que para Anouar Merabet, detenido en Altea, cinco años de cárcel por el mismo tipo delictivo además de otro contra la salud pública y multa de 2.478 euros con arresto sustitutorio de 20 días en caso de impago.
La fiscal del caso, Teresa Sandoval, modificó así su escrito de conclusiones provisionales, en el que pedía nueve y once años de cárcel respectivamente por los mismos delitos e interesó al tribunal que las penas acordadas sean sustituidas por la expulsión del país.
Al comienzo del juicio, que estaba señalado hasta mañana miércoles, los dos procesados respondieron solo a las preguntas de la Fiscalía reconociendo los hechos expuestos en su escrito de acusación. En éste se les atribuye la integración a una célula con ramificaciones en España, Siria y Marruecos en la que realizaban tareas de propaganda, captación y adoctrinamiento para el envío de combatientes al Estado Islámico.
A Migou se le acusa no solo de haber hecho pública su fidelidad al DAESH sino de la difusión de cantidad de mensajes en diferentes cuentas de redes sociales tales como «Descargad los golpes en el cuello hasta someterlos», y de despedida antes de ir al combate como «Perdóname, madre. Yo amo la Yihad y mi religión me llama para defender a los siervos».
Paraíso «con morteros»
Entre sus publicaciones destacan algunas en las que se justifica explícitamente el uso de la violencia al asegurar que «el paraíso no se consigue gratis sino con morteros, RPG, Dogma, Kalashnikov automático y granadas de TNT», según la fiscal que advierte de que el acusado realiza además amenazas en el nombre del DAESH con el objetivo de crear un estado de terror.
La fiscal apunta en su escrito una vinculación de ambos «notoria y patente» con líderes del Comité Conjunto para la Defensa de los Detenidos Islamistas (CCDDI) al participar en reuniones en Marruecos en las que se hacen llamamientos a la Yihad.
Del detenido en Altea destaca su rol como aparente «líder carismático virtual» y le imputa además un delito contra la salud pública ya que, fruto del registro efectuado en su domicilio en Altea, los investigadores intervinieron una cantidad total de 400 gramos de droga con un valor aproximado de 2.477 euros.
Al respecto, los agentes de la Policía Nacional al frente de la investigación ratificaron en calidad de testigos el contenido de las actas elaboradas sobre la intensa actividad de ambos en distintos perfiles de redes sociales. Lo mismo hicieron los peritos citados para esta primera sesión de vista oral.
Según la fiscal, ambos utilizaban principalmente la red social de Facebook para estar en contacto continuo con otros miembros en Siria o Irak de esta célula que cuenta con amplia capacidad operativa y con numerosos mártires en combate.
Dinero a Marruecos
El Ministerio Público ha renunciado igualmente a la escucha de grabaciones telefónicas previstas para hoy en el juicio que quedó ayer visto para sentencia y que recogen conversaciones del acusado Merabet que corroborarían el «continuo envío de dinero» procedente del tráfico de droga a Marruecos para destinarlo a la actividad terrorista.
