La Audiencia de Alicante sentó ayer en el banquillo a ocho acusados de pertenecer a una red que se habría dedicado al tráfico de cocaína entre los reclusos de Fontcalent. Por esta causa, se llegó a procesar por el juzgado a once personas, pero tres de ellas (dos serían los presuntos cabecillas de la trama) están en paradero desconocido. La mayoría de los acusados se acogieron ayer a su derecho a no declarar y los que sí lo hicieron sólo respondieron a preguntas de sus abogados para negar los hechos. Las defensas pidieron ayer la nulidad de las escuchas telefónicas al inicio de la sesión. Los acusados están defendidos por los abogados José Soler, Aitor Esteban Gallastegui, Jorge Martínez Navas y Miguel Ángel Cánovas.

Los hechos se remontan a finales del año 2010 después de que desde la dirección de Fontcalent se alerta de un aumento inusual de intervenciones de droga entre los presos del penal, principalmente cocaína. A través de intervenciones telefónicas, la Policía identificó a un grupo de personas de nacionalidad colombiana y que estaría dirigida por un recluso para que le hicieran llegar la droga durante las visitas de familiares a la prisión. Este preso se encontraba cumpliendo condena por tráfico de drogas y contaba con más causas pendientes por este mismo delito.

Móviles en prisión

El presunto cabecilla de la red llegó a disponer desde hasta tres teléfonos móviles pese a estar encarcelado. A través de vigilancias al entorno de éste, se logró ir identificando a las personas que colaboraban con él desde el exterior.

Dentro de la red había colaboradores que encargaban de la adulteración y venta de la droga desde el exterior. Durante los registros a miembros de la red en pisos de Alicante, Sant Joan, Mutxamel, Elche y en la localidad valenciana de Gandía, se intervinieron cantidades que suman un kilo y medio de cocaína, así como diversas sustancias empleadas para el corte de la droga y una pistola. Los registros de los domicilios de los implicados se produjeron en el mes de marzo de 2011. La banda contaba con pisos de seguridad para el almacenamiento de la droga.

Las defensas pidieron ayer al inicio de la vista oral que se anularan las escuchas telefónicas en las que se basó toda la investigación. Los letrados plantearon la falta de motivación del primer auto judicial que autorizó los pinchazos y en los que comenzó interviniendo el teléfono de una persona que ni siquiera llegó a estar imputada en la causa, según argumentaron. Los abogados consideran que la nulidad de este primer auto podría suponer la de toda la investigación. El tribunal no se pronunció ayer sobre esta petición de los abogados y con toda probabilidad se resolverá a la hora de dictar sentencia.

La Fiscalía reclama para el presunto cabecilla de la red una pena de seis años de cárcel y el pago de una multa de 99.340 euros. Para el resto de los acusados se pide penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel.

Ninguno de los procesados quiso declarar ayer en el juicio. Sólo algunos respondieron a preguntas de sus abogados, pero siempre negando los hechos. La esposa del presunto cabecilla aseguró que únicamente llevaba a prisión comida de su país para su marido y negó haber traficado con drogas.

Las escuchas telefónicas desvelaron que la red también estaba negociando la adquisición de una partida indeterminada de cocaína para traerla a Alicante y, una vez adulterada, venderla.